16 de septiembre 2021

2 de julio 2021

Seguridad

Sedena paga a familias de inocentes asesinados. ¿Y los culpables?

A casi un año del asesinato de 12 civiles a manos del Ejército en Nuevo Laredo, la Sedena llegó a un acuerdo económico con familiares de tres de los fallecidos. Sin embargo, ningún elemento militar involucrado en el caso ha sido responsabilizado por la presunta negligencia.

Por Bernhard Buntru

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¿Qué pasó?
A casi un año del asesinato de 12 civiles a manos del Ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) llegó a un acuerdo económico con familiares de tres de los fallecidos. Sin embargo, ningún elemento militar involucrado en el caso ha sido responsabilizado por la presunta negligencia.

¿Por qué importa?
El acuerdo entre la Sedena y los familiares de los civiles asesinados sucede en un contexto de opacidad por parte de las autoridades militares, quienes en 2012 dejaron de dar a conocer la cifra de víctimas ajenas a grupos del narco abatidas en enfrentamientos.

Los detalles:

La madrugada del 3 de julio del 2020  se suscitó un enfrentamiento entre militares y civiles en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Los soldados declararon ante el Ministerio Público que tras la agresión repelieron el ataque disparando a civiles armados a bordo de una camioneta pick up, y que el enfrentamiento terminó con un saldo de 12 civiles armados muertos: tres de ellos vestidos de civil y nueve con equipo táctico. 

Días después, El Universal reveló que tres de los 12 fallecidos eran jóvenes secuestrados que murieron a manos del ejército. Simultáneamente publicó un video del operativo donde no se aprecia reacción alguna de los civiles armados. A pesar de órdenes de cesar el fuego -se puede ver- los soldados continúan disparando. 

Al final del video se aprecia cómo una persona se mueve dentro de la caja de la camioenta, lo cual provoca una reacción de los soldados, quienes apuntan con su armas y lámparas. Poco antes de terminar la grabación se escucha gritar a un soldado: “mátalo a la verga”. 

El caso llegó hasta la conferencia matutina del presidente López Obrador, quien, al ser cuestionado sobre lo sucedido, instruyó al secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, a realizar una investigación.

En marzo de 2021, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió el miércoles al gobierno mexicano agilizar una investigación que vincula a militares en una supuesta ejecución extrajudicial cometida en 2020.

Posteriormente, al ser cuestionado nuevamente sobre el caso, el presidente López Obrador aseguró que a diferencia de las pasadas administraciones en su gobierno ya no hay masacres. “La actitud del Ejército y la Marina es respetar los derechos humanos, ya no es el ojo por ojo y el diente por diente, ya no son las masacres que había anteriormente”, dijo el 14 de mayo.

El mandatario federal dijo que pedirá a la Fiscalía General de la República un informe de cómo va la investigación de ese caso y aseguró se castigará a los responsables si existieron abusos.

El 1 de julio, El Universal publicó que, de acuerdo con el abogado de los familiares, tres habían llegado a un acuerdo económico, mientras que los otros familiares de los otros nueve fallecidos en el enfrentamiento habían interpuesto una queja ante la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo.

El contexto:

El asesinato de civiles ajenos a grupos criminales que han sido abatidos por miembros de la Sedena ha provocado fuertes críticas por parte de la sociedad y grupos de derechos humanos desde que estalló la llamada “Guerra contra el narco” durante el sexenio de Felipe Calderón. 

En 2016, el portal Animal Político realizó una serie de solicitudes de información a las autoridades castrenses, para conocer el número de civiles ajenos a grupos del crimen organizado muertos en enfrentamientos entre presuntos criminales y elementos de las Fuerzas Armadas; sin embargo, la Sedena no entregó datos precisos. 

El argumento del Ejército para no informar de los decesos es que, a partir de 2012, con motivo de los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la reforma al Código de Justicia Militar de fecha 13 de junio de 2014, “el fuero militar no es competente para conocer de casos en los que existan víctimas civiles por violaciones a sus derechos humanos”, motivo por el cual no cuentan con información estadística, indicó Animal Político. 

Es práctica común que, en los reportes militares producidos tras enfrentamientos con civiles armados, los elementos castrenses indiquen haber recibido disparos, por lo que repelieron la agresión. Por lo general, el número de civiles abatidos supera por creces las bajas militares.

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