16 de septiembre 2021

8 de julio 2021

Seguridad

Fuerzas Armadas, opacas y letales

Un estudio realizado por investigadores nacionales e internacionales descubrió que, cada año, los militares mexicanos matan más presuntos agresores que los que detienen, lo cual apunta a un posible abuso de la fuerza letal. El gran problema -señalan- es que las Fuerzas Armadas han ocultado la información sobre civiles muertos a manos de los militares, por lo que es imposible hacer que la institución rinda cuentas sobre su rol en la llamada “guerra contra el narco”.

Por Bernhard Buntru

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¿Qué pasó?
Un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Northumbria (Reino Unido), de la Universidad Estatal de San Diego y del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE) reveló que información esencial sobre el desempeño de las Fuerzas Armadas en México ha sido sistemáticamente ocultada, no existe o maneja terminología poco clara, por lo que es prácticamente imposible hacer que la institución rinda cuentas sobre su rol en la llamada “guerra contra las drogas”.

La investigación también descubrió que, cada año, los militares mexicanos matan más presuntos agresores que los que detienen, lo cual apunta a un posible abuso de la fuerza letal.

¿Por qué importa?
Las Fuerzas Armadas de México han sido pieza integral en las labores policiales de la llamada “guerra contra las drogas” que inició en 2006 y la cual continúa hasta el día de hoy, pese a haber cambiado de nombre. Ahora, contrario a lo que había prometido en campaña y a lo largo de sus años como opositor político, el presidente Andrés Manuel López Obrador emitió un decreto que expande y formaliza el papel de las Fuerzas Armadas de México en labores de seguridad pública.

Detalles:

  • El estudio -titulado “Fuerza letal y negación: el legado del Ejército en la ‘guerra contra las drogas’ en México” y publicado en el volumen de julio de la prestigiosa Revista Internacional de Derechos Humanos- analizó tres bases de datos oficiales las cuales contienen información sobre ciudadanos que han sido muertos, heridos o detenidos por las fuerzas de seguridad en el contexto de la “Guerra contra las drogas”, así como del personal militar muerto en combate. Las bases de datos consultadas fueron: Base de datos de Políticas de Drogas del CIDE, Base de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), publicada en octubre de 2019 a través de una presentación de Power Point y la Base de datos formada a partir de solicitudes de transparencia.
  • Los investigadores detectaron términos problemáticos como “agresores” y “enfrentamientos” utilizados en los reportes oficiales. Y es que, “en un país donde el 90 por ciento de las investigaciones criminales no se resuelven, resulta difícil determinar si las personas muertas en combate eran realmente criminales o ‘agresores’”, señalan. De igual manera -mencionan- existen incidentes reportados como “enfrentamientos” en donde no hubo cruce de fuego, solo disparos de las Fuerzas Armadas.
  • En este contexto, los autores determinaron que “los eufemismos juegan un rol integral, ya que sirven como términos paliativos que minimizan o tergiversan los daños”.
  • En cuanto al uso de la fuerza letal por parte de las Fuerzas Armadas en labores policiales de 2006 a la fecha, los académicos se basaron en cuatro indicadores utilizados por especialistas en seguridad y derechos humanos, y descubrieron que, en la “guerra contra las drogas”, los militares “siempre matan más ciudadanos que los que hieren”. Los indicadores utilizados fueron: índice de letalidad, índice de proporcionalidad, índice de detenidos e índice criminal.
  • A partir de este descubrimiento, los investigadores concluyeron que la información disponible muestra que las Fuerzas Armadas hacen uso de la fuerza letal “de manera excesiva” y sugieren que los militares no disparan para subyugar a supuestos miembros del crimen organizado, sino para matarlos. Esto contravendría el estándar internacional y nacional de uso de la fuerza letal.
  • “No podemos saber si son o no criminales porque no pasaron por los procesos de justicia en los que se debería definir, en una democracia, si alguien es o no un criminal”, declaró Sara Vázquez-Moreno, del CIDE, en entrevista con Código Magenta.
  • Finalmente, los autores señalan que la falta de acceso a la información sobre civiles muertos, heridos o detenidos, ha hecho que sea difícil o imposible hacer que las Fuerzas Armadas rindan cuentas.
  • “Tal parece ser que el gobierno mexicano está optando por ocultar prácticas ilegítimas en lugar de eliminarlas o de transformarlas”, dijo en entrevista Raúl Bejarano, quien agregó que “parece ser que los militares desprecian las normas nacionales e internacionales que estipulan que la fuerza letal solo puede utilizarse en circunstancias excepcionales”.

“Quisiera hacer una invitación a que lean el artículo. Y particularmente a todos aquellos que parecen sentirse ofendidos con la evidencia. La ciencia no es un monólogo, sino que es una conversación y por eso invito a que lean con cuidado y analicen nuestro estudio para empezar a generar ese diálogo”

RAÚL BEJARANO – INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE SAN DIEGO Y UNO DE LOS AUTORES DEL ESTUDIO

Contexto:

  • A mediados de junio de este año, el presidente Andrés Manuel López Obrador adelantó que buscaría presentar una reforma constitucional para que la Guardia Nacional pase de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
  • Aunque la Guardia Nacional fue concebida como un cuerpo de seguridad civil, en la práctica, la gran mayoría de sus elementos -así como de sus liderazgos- provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional, por lo que, de aprobarse, la reforma contemplada por el mandatario federal solo consolidaría legalmente lo que hoy ya sucede en la práctica.
  • De acuerdo con Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró de mayo de 2019 a noviembre de 2020 más de 200 quejas en contra de la Guardia Nacional por presuntos casos de detención arbitraria, trato cruel, inhumano o degradante, tortura, ejecución extrajudicial y desaparición forzada.
  • Según refiere el portal Animal Político, que cita fuentes oficiales, nueve de cada 10 elementos de la Guardia Nacional que actualmente están desplegados en el país haciendo labores de policía, no han presentado y aprobado las evaluaciones que acrediten que tienen el perfil, conocimientos, aptitudes y habilidades para poder hacer ese trabajo. El plazo máximo para cumplir con este requisito es el 17 de julio de 2021.
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