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03 de Diciembre del 2019

¿De dónde vienen las armas de los cárteles "terroristas"?

El 70 por ciento de los homicidios cometidos en México utilizan armas importadas ilegalmente desde Estados Unidos. El CJNG gasta 120 millones de dólares al año en seguridad y poder de fuego. De este tamaño es el problema.

Marcelo Ebrard fue tajante en su comparecencia frente al Senado de la República: “Si Estados Unidos quiere respaldar a México para la batalla que están dando las autoridades correspondientes, que reduzca el tráfico ilícito de armas a México”. El mensaje del secretario de Relaciones Exteriores se contrapone a la amenaza abierta de la administración de Donald Trump de etiquetar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas.

De acuerdo a Joel Rubin, subsecretario de Estado en el gobierno de Barack Obama y asesor de seguridad nacional del Partido Demócrata, el 70 por ciento de los homicidios en México se realizan con armas importadas ilegalmente desde Estados Unidos.

La violencia en el país se explica en gran medida por el creciente poder de fuego de las organizaciones criminales mexicanas. De acuerdo a una estimación de un reporte del CISEN de 2017 que fue referido por el diario Reporte Índigo, el Cártel Jalisco Nueva Generación gasta 120 millones de dólares al año en armamento y seguridad.

Esto implica que hay una red clandestina de vendedores de armas en Estados Unidos que está activamente asociada a una organización criminal que es catalogada por el Departamento de Justicia como una de las mayores amenazas a la seguridad nacional.

Paradójicamente, durante décadas, los fiscales estadounidenses han tolerado la red de negocios que, directamente o indirectamente, está armando a los cárteles mexicanos.

Las condiciones legales que permiten esta política pública de facto son el resultado de la presión y el cabildeo constante de una las organizaciones con mayor influencia en Washington D.C., la Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés).

Registros federales publicados por la organización Open Secrets muestran que la NRA gastó 55.6 millones de dólares en la elección de 2016 para ayudar a ganar a Donald Trump y a otros miembros del Partido Republicano que hoy figuran en el Senado y en la Cámara de Representantes.

Este poder le ha permitido a la NRA bloquear leyes que podrían facilitar la intervención del Departamento de Justicia para perseguir casos de ventas indirectas de armas que terminan al sur de la frontera.

Sin embargo, eso podría cambiar si el presidente Trump emite una orden ejecutiva que etiquete a los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas. La decisión conlleva muchos riesgos para México: podría abrir la puerta a ataques de drones no tripulados en territorio mexicano y le daría mayores facultades al Departamento del Tesoro para intervenir en el sistema financiero de México mediante el bloque discrecional de cuentas bancarias e instituciones financieras completas sin una orden judicial.

No obstante, esta política implicaría un cambio radical en el modo en que se combate a los cárteles de la droga.

La estructura criminal de la industria del narcotráfico no se reduce exclusivamente a la red de producción y exportación de drogas, ubicada primordialmente en México. También incluye una red de financiamiento; extendida a lo largo de todo el sistema financiero global; una red de distribución en los mercados finales, preponderantemente en Estados Unidos; y una red paralela de tráfico de ilegal de armas, con raíces en suelo americano.

Históricamente, la política antidrogas de Washington se ha enfocado casi exclusivamente en la red de producción y exportación de drogas, lo cual ha generado externalidades negativas de violencia en México.

El resto de las redes ha sido tolerada en mayor medida por las agencias de seguridad estadounidenses.

Eso sería diferente si los cárteles mexicanos fueran designados como organizaciones terroristas. Se convertiría en delito para cualquier persona otorgar ayuda financiera o material a estos grupos, incluyendo aquella con esté vinculada directamente con un “acto terrorista”.

Es decir, se abriría una puerta que la NRA ha intentado mantener cerrada durante décadas de financiamiento  a campañas políticas abocadas a defender la interpretación más amplia posible de la segunda enmienda de la constitución.

En ese sentido, adquiere relevancia el argumento de James Bosworth, especialista en América Latina y fundador de la firma de consultoría en riesgo político, Hxagon: “la segunda enmienda no permite armar grupos terroristas”.

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador está frente a un dilema. Tiene dos opciones:

La primera reside en aceptar la nueva realidad de que los cárteles de la droga serán considerados organizaciones terroristas, con los riesgos y oportunidades que ello implica.

La segunda, en alinear los intereses de su administración a los de la NRA en el mantenimiento del status quo. La Asociación Nacional del Rifle registra ingresos anuales superiores a los 300 millones de dólares. El consenso de analistas espera que, ante una amenaza de esta magnitud, utilizará todos los recursos a su disposición para evitar que la administración de Donald Trump designe a los cárteles de la droga como terroristas.