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24 de Enero del 2020

El cártel policial de García Luna

La acusación que hizo hace doce años el Comisario General en retiro de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, se ha convertido en la tesis central de los fiscales del Distrito Este de Nueva York que están procesando a García Luna: que el círculo cercano del secretario de Seguridad operaba una estructura criminal desde la Policía Federal.

Genaro García Luna tenía su propio cártel, una estructura criminal operada por su círculo cercano desde los altos mandos de la Policía Federal. Ésta fue la denuncia que hizo Javier Herrera Valles, Comisario General en retiro de esta organización policial, en dos cartas enviadas al presidente Felipe Calderón en 2008. En ellas, acusó directamente a su superior jerárquico, el entonces secretario de Seguridad Pública, de recibir sobornos del Cártel de Sinaloa.

Durante once años, la comunidad de inteligencia y la justicia mexicana ignoraron los señalamientos de Herrera Valles, quién fue arraigado y acusado por la Procuraduría General de la República de lo que él mismo acusaba, ser cómplice del Cártel de Sinaloa. En el 2011, en la recta final del sexenio de Calderón, fue sentenciado a diez años de prisión.

Sin embargo, a partir de la detención de Genaro García Luna en Dallas, Texas en diciembre de 2019 se volvió evidente que la denuncia de Herrera Valles se ha tomado como base para elaborar la tesis central de los fiscales que están procesando al ex secretario de Seguridad Pública en la Corte del Distrito Este de Nueva York.

El argumento de que los altos mandos de la Policía Federal se coludieron con el Cártel de Sinaloa se manifiesta en los cargos que el fiscal Michael Robotti presentó contra Iván Reyes Arzate, jefe de la Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal entre 2008 y 2016.  Se le acusa de distribuir cocaína en Estados Unidos y de recibir sobornos de la organización que dirigía Joaquín “el Chapo” Guzmán.

Robotti, uno de los fiscales que lidera la investigación contra García Luna, identifica a Reyes Arzate como el principal contracto de la Policía Federal con las autoridades de seguridad americanas, particularmente con la DEA. La fiscalía lo vincula directamente con las acciones de colusión con el crimen organizado presuntamente coordinadas por el ex secretario de Seguridad Pública.

Reyes Arzate, alias “la Reina”, fue detenido el viernes y será trasladado a Nueva York para ser juzgado en la corte de Brooklyn. Será la segunda ocasión en que este ex policía federal va a ser procesado en un juzgado americano: en el 2017, Reyes Arzate se entregó a las autoridades estadounidenses y fue sentenciado por una corte de Chicago en noviembre de 2018 por filtrar información al Cártel de los Beltrán Leyva.

El juicio de Genaro García Luna tiene el potencial de alcanzar a otros colaboradores del ex secretario de Seguridad Pública. A finales de 2019, poco después de que “el Chapo” Guzmán recibió sentencia, la Corte del Distrito Este de Nueva York desclasificó el testimonio de Sergio Villarreal, alias “el Grande”, un operador del Cártel de los Beltrán Leyva que fue liberado en diciembre y que estaba listo para declarar en contra del otrora líder del Cártel de Sinaloa. En su declaración judicial, Villarreal aseguró que un grupo de la Policía Federal filtró la identidad de una fuente de las agencias de seguridad estadounidenses que fue asesinada en Colombia. Señala expresamente como responsables a Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino y Francisco Javier Garza Palacios. Los nombres coinciden con los personajes que fueron denunciados por el Comisario General en retiro, Javier Herrera Valles, en sus cartas al presidente Calderón.

El testimonio de Villarreal y la judicialización del caso de Reyes Arzate se suman como una estrategia paralela a lo que los fiscales de Nueva York describen como “evidencia voluminosa” contra García Luna, que incluye el escrutinio de su evolución patrimonial, de sus operaciones inmobiliarias, así como la revisión de aparatos electrónicos confiscados y de testimonios de testigos protegidos.

El caso del ex secretario de Seguridad Pública en la Corte del Distrito Este está íntimamente ligado al de Joaquín “el Chapo” Guzmán. Ambos procesos fueron presididos por el mismo juez, Brian Cogan.

En última instancia, la pregunta que rodea a este proceso es si revelará uno de los enigmas más relevantes para la escena política mexicana: ¿cuánto sabía el presidente Felipe Calderón de su secretario de Seguridad Pública?