17 de agosto 2022

18 de marzo 2022

¡Que alguien me explique!

Samuel-Bronco: ¿Un boomerang?

El caso del ex gobernador Jaime Rodríguez podría dar un vuelco inesperado al conocerse los pormenores de los motivos de su detención y encarcelamiento en el Penal Dos de Apodaca, en Nuevo León

Por Ramón Alberto Garza

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El caso del ex gobernador Jaime Rodríguez “El Bronco” podría dar un vuelco inesperado al conocerse los pormenores de los motivos de su detención y encarcelamiento en el Penal Dos de Apodaca, en Nuevo León.

Y es que, de acuerdo a la carpeta de investigación, la detención obedeció a violaciones al artículo 15 de la Ley General de Delitos Electorales, que como ya lo estimó el juez que conoció en primera instancia del caso, es de carácter federal y no local.

Ese artículo 15 dice a la letra: “Se impondrá de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión al que por sí o por interpósita persona realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política, cuando exista una prohibición legal para ello o cuando los fondos de bienes tengan un origen lícito en montos que rebasen los permitidos por la Ley. La pena prevista en el párrafo anterior se aumentará en una mitad más cuando la conducta se realice en apoyo de una precampaña o campaña electoral”.

En el caso de las Broncofirmas, el ilícito es claro. Se destinaron 17 millones de pesos de origen desconocido, presumiblemente ilícito, para apoyar la precampaña de Jaime Rodríguez Calderón para lograr su candidatura independiente a la presidencia de México en 2018.

Esos dineros fueron procesados a través de una firma facturera de Puebla -ATTAR 2715- para ser dispersados a través de tarjetas que se les entregaron a aquellos que recolectaron las firmas que le abrieron el paso al entonces gobernador a aspirar a la candidatura presidencial 2018.

Y si no hay otras acusaciones que fundamenten otros delitos, el caso electoral que motivó la detención de El Bronco entraría en la misma ruta que la resolución pendiente que tiene el Instituto Nacional Electoral sobre fondos destinados a la campaña de Samuel García para la gubernatura de Nuevo León en 2021.

De acuerdo a esa carpeta, que todavía no está cerrada por el INE, la familia del entonces candidato naranja habría aportado unos 12.5 millones de pesos de sus empresas -en las que Samuel García es también socio- para triangular apoyos electorales a su favor, utilizando triangulaciones financieras a cuentas de Movimiento Ciudadano.

En esa investigación, pendiente de cerrarse, se detalla cómo la madre del ahora gobernador, Bertha Alicia Sepúlveda Andrade y dos de sus hermanos, aportaron 12 millones 495 mil pesos de manera indebida, puesto que la ley no autoriza a que ninguna empresa pueda hacer donativos a campañas electorales.

El caso fue turnado al INE, después al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que tras estudiarlo devolvió el expediente al INE por fallas en la fiscalización y exhortando a emitir una nueva resolución que todavía hoy no se cierra, seis meses después de que tomó posesión Samuel García.

Si el caso de El Bronco culmina con la sentencia que se defina, se estará en la posibilidad de que el antecedente se aplique al caso pendiente del entonces candidato Samuel García. Porque sin importar si el dinero vino de una Tesorería, es decir de fondos públicos, o de una empresa, es decir fondos privados, el ilícito es el mismo, de acuerdo al artículo 15.

Y por si esto fuera poco, existe otra agravante. Uno de los personajes citados en la denuncia, que en su tiempo firmó Samuel García sobre el caso de las Broncofirmas, fue el de Carlos de la Garza Ibarra, entonces Tesorero del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón.

Su nombre aparece en el listado de presuntos funcionarios del gobierno de El Bronco que habrían utilizado su tiempo como servidores públicos para recolectar firmas.

Fuese cierto o no, el hombre de los dineros de Samuel García tendría que comparecer, incluso para deslindarse y explicar si los dineros para pagar el levantamiento de las firmas salieron o no de la Tesorería estatal.

Por eso decimos que, si quienes dentro del aparato legal del actual gobernador de Nuevo León no evalúan todas las posibles consecuencias de la denuncia contra Jaime Rodríguez Calderón, el caso podría acabar como un boomerang que golpearía al mismísimo gobernador Fosfo-Fosfo. ¿Lo tendrá claro Samuel?

¿A quién le interesa mantener vivo en el INE el expediente de campaña del actual gobernador de Nuevo León? ¿Serán a los mismos que pusieron en pausa las acusaciones contra El Bronco en 2018 y que hoy son utilizadas para ponerlo tras las rejas?

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