FACEBOOK

VISTAS
24 de Julio del 2019

Peralta y la ley Bonilla

¿Quien está detrás de la Ley Bonilla en Baja California? Todo apunta al subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, quien defiende la ampliación de mandato a pesar de que su jefa, la titular de Bucareli, Olga a Sánchez Cordero, califica esta acción como inconstitucional.
Pocos analistas entienden la peculiar relación de la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y su subalterno, el Subsecretario Ricardo Peralta. Y la llamada Ley Bonilla, aquella que con una modificación del Congreso Local de Baja California intenta regalarle al morenista Jaime Bonilla tres años mas como gobernador, sin pasar por el voto del pueblo, está exhibiendo en Bucareli un espectáculo político absurdo, grotesco y sin sentido. Por un lado, como reconocida y prestigiada jurista que es, la secretaria Sánchez Cordero salió al paso de la controversia para advertir que -respetando la autonomía del Congreso Local que aprobó el regalo- ella como ministra en retiro califica como inconstitucional la reforma bajacaliforniana. Punto a su favor. Lo curioso es que su subalterno y brazo derecho, el subsecretario Peralta, no opina lo mismo. Y no tiene empacho en salir a darle “respetuosamente” la contra a su jefa. Y lo hace no solo en un artículo editorial en el diario Excélsior, sino en un pronunciamiento público en el que deja en claro que no está de acuerdo con lo expresado por su jefa, la secretaria Sánchez Cordero. El caso es aberrante, porque además de exhibir un descontrol político, el subsecretario Peralta se atreve a brincarse públicamente y sin pudor a quien lo rescató de su naufragio como un muy cuestionado director de Aduanas. Peor aún, el subsecretario Peralta se lava las manos diciendo que su opinión es “personal”, no como subsecretario ni como vocero de Gobernación.  ¿Puede despojarse un funcionario, así tan fácil, de su delicada encomienda, para volar a contracorriente de su jefa? ¿Consensó con ella que la iba a desconocer? ¿Recibió alguna instrucción de “mas arriba”?, ¿O se siente tan poderoso como para tener alas propias para volar? Lo que se asoma aquí es un conflicto que viene de los días en que el ahora hombre de las confianzas de la secretaria Sánchez Cordero despachaba como director de Aduanas, un cargo del que no salió muy bien librado apenas en los primeros meses del gobierno de la Cuarta Transformación. Seis meses le duró el gusto. Y lo que se insiste es que fue precisamente el subsecretario Peralta quien diseñó y operó la aprobación de la Ley Bonilla, con la bendición de la presidenta de Morena, Yeickol Polevnsky. Ambos creyeron que con esos tres años de regalo al gobierno morenista de Baja California quedarían bien con el  presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero les salió el tiro por la culata.  Hoy el gobierno de la Cuarta Transformación está bajo el fuego, cuestionado por hacer de Baja California un laboratorio experimental para medir la tolerancia al abuso que significa ampliar un período de gobierno, sin pasar por las urnas. Pero quizás la mejor explicación venga de Jaime Martínez Veloz, quien denunció ya en Aristegui Noticias los motivos de ese regalo legislativo. El que fuera candidato del PRD al gobierno de Baja California dijo que la minoría legislativa de Morena consiguió los votos de la mayoría del PRI y del PAN, gracias a presuntos presuntos favores económicos que se habrían operado desde la aduana de Mexicali con quien funge como presidente del Congreso local. Martínez Veloz apunta un nombre en concreto, el de Alejandro Viramontes y una cantidad específica, un millón de dólares que desembolsó quien fue instalado en esa aduana cuando Peralta fungía como director de Aduanas. Sea como fuere, el hecho es que el subsecretario colocó a la Secretaría de Gobernación en un serio conflicto político. De tal magnitud es la afrenta, que otra mujer igualmente admirada y reconocida como lo es la priista Beatriz Paredes ya conminó a la secretaria Sánchez Cordero para que salga cuanto antes a dar una definición clara y formal sobre la Ley Bonilla. Y si eso no se hace, quienes terminarán pagando el elevado costo del desaseo político serán la prestigiada Secretaria de Gobernación y su jefe, el presidente Andrés Manuel López Obrador.