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14 de Agosto del 2018

Huachi-políticos

Los presuntos vínculos entre Rafael Moreno Valle, Martha Érika Alonso y Antonio Gala Fayad con el llamado cártel del huachicoleo revelan que la extracción clandestina de combustible no sería posible sin protección política
Cuando se analiza el desorbitado robo de combustibles en México, a nadie escapa que es una operación criminal con infinitas complicidades políticas. El popularmente conocido “huachicoleo” es un negocio multimillonario que creció sin freno en el actual sexenio, sin que se vea en el horizonte quien lo pueda parar. Por eso se le tiene que analizar como un nuevo “cártel”. Igual de poderoso e influyente que un cártel de las drogas. Porque en torno a ese tráfico ilegal de gasolinas y diesel se mueven intereses de políticos que desde los gobiernos municipales, estatales y federal, solapan, facilitan y se benefician de su ilegal extracción. Y no se diga lo que sucede con los “huachicoleros” en el poder judicial. Pemex presentó en el último año mas de dos mil denuncias con nombre de apellido, de presuntos huachicoleros que incluso fueron capturados y entregados para ser procesados. Lo lamentable es que de esos dos mil casos, solo dos están purgando sentencia. Los demás regresaron a ordeñar ductos a sus anchas, gracias a que los protegió “el debido proceso”. ¿Qué dice de esto la PGR? ¿Qué le faltan evidencias? Por eso hay que ponerle lupa a Puebla como el estado insignia del huachicoleo en México. Porque los hechos, las estadísticas y las imágenes dan cuenta de lazos muy estrechos entre políticos y presuntos criminales. Y en el epicentro, el nombre del ex exgobernador Rafael Moreno Valle, el de su sucesor y todavía gobernador, José Antonio Gali Fayad, así como el de la esposa de Moreno Valle y ahora goberndora electa, Martha Erika Alonso. Los tres políticos son exhibidos e investigados una y otra vez por sus relaciones con los hermanos Valencia Ávila, a quienes se les señala como presuntos líderes de uno de los más poderosos cárteles del huachicoleo. De entre ellos destacan los nombres de Vicente y Patricia Valencia. El primero alcalde electo del municipio Venustiano Carranza y la segunda quien fuera candidata a diputadafederal. Hay quienes aseguran que de los dividendos del huachicoleo salieron patrocinios para el súper publicitado libro que lanzó a Rafael Moreno Valle, con el que apuntaló su fallida campaña en pos de la candidatura presidencial. Que se investigue. Y hay quienes presumen que ahí podrían haber salido también los recursos que le permitieron a la esposa de Moreno Valle cumplir su sueño de ser la heredera de la silla de su marido. También que se investigue. No son simples especulaciones. Las denuncias están apoyadas con estadísticas que confirman que entre huachicoleros y gobierno existió una descomunal incompetencia o una criminal complicidad. Apunten este dato. En el 2011, cuando asumió la gubernatura Rafael Moreno Valle, se detectaron apenas 73 tomas de robo de combustible en Puebla. Para cuando el controvertido político panista dejó la gubernatura, a finales de enero de 2017, alcanzaban ya las mil 443 tomas. ¡Veinte veces más! Y el máximo histórico se dio un año antes de que acabara su mandato, en 2016, con mil 533 tomas de robo de combustible detectadas. El caso con su sucesor Gali Fayad fue de mal en peor. Tan solo en el primer semestre del 2018 van detectadas mil 175 ordeñas clandestinas. Y faltan seis meses por contabilizar. Por eso las instancias de investigación y de la procuración de la justicia tienen que actuar con la emergencia que el descarado y cómplice huachicoleo demanda. Mas de 30 mil millones de pesos en combustibles robados al año dan fe de que el huachicoleo fue para algunos el gran negocio del sexenio.