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29 de Abril del 2019

Fiscalías en debate

Nuevo León fue el primer estado en implementar un modelo de fiscalías independientes del Poder Ejecutivo. Sin embargo, ahora el Congreso local está frente a un dilema
En marzo del 2018, Nuevo León se convirtió en el primer estado en elegir a través del poder legislativo a tres fiscales independientes. Gustavo Adolfo Guerrero fue designado Fiscal General, Javier Garza y Garza asumió la Fiscalía Anticorrupción y Gilberto de Hoyos la Fiscalía Electoral. Su periodo será por seis años y su autonomía estaría garantizada por una absoluta independencia presupuestal que les permitiría ejercer sin cortapisas sus funciones. Pero como al gobernador Jaime “El Bronco” Rodríguez no le gustó la negociación que hizo su secretario de Gobierno, Manuel González, y no le aprobaron a sus candidatos, la emprendió contra los fiscales electos. Acostumbrado a mangonear a quien solía ser el procurador,  el gobernador comenzó a ejercer presión por la única vía que todavía tiene a su alcance: el presupuesto. Y pasado el año de operación, las fiscalías independientes tienen que entrar en abierto forcejeo para conseguir los recursos que les permitan hacer su tarea. Desde que arrancó la Fiscalía General, por ejemplo, su titular Gustavo Adolfo Guerrero viene lamentando el escaso apoyo presupuestal y en cuanto foro puede exhibe -con toda razón- su falta de recursos para hacerle frente a lo que se espera de su renovada dependencia. Pero ahora se viene encima un nuevo debate sobre esas  fiscalías independientes, como consecuencia de un apartado no previsto por quienes diseñaron y aprobaron sus funciones. El tema se ubicará en que ningún legislador de los que integraron la pasada legislatura nuevoleonesa definió las causas graves que pueden obligar a suspender la inamovilidad de los fiscales. Para entenderlo mejor, aunque existe de facto completa independencia y se garantiza que ningún otro poder meta mano en la impartición de justicia, esa conducta está sujeta a los devaneos humanos. Y puede darse el caso de que abusando de su inamovilidad, algún fiscal actual o futuro cometa actos a todas luces arbitrarios, que obliguen a tocar la campana de alerta. ¿Quién o quiénes, y bajo que circunstancias, puede intervenir para frenar cualquier desplante de los fiscales independientes, que no intocables? ¿O es acaso que la inmovilidad por seis años les da una patente para que, bajo ninguna circunstancia, aun la de cometer un delito grave en el ejercicio de su función, no puedan ser removidos? Aunque tarde, la actual legislatura se dio cuenta del conflicto  y está a punto de someter a debate el tema, lo que sin duda provocará una sacudida política, porque los diputados se dividirán. Por un lado estarán los que dicen que se vulnerará la autonomía del ejercicio judicial si existe la posibilidad de que por motivos de causa grave puedan ser removidos. Y por el otro estarán quienes advierten, y con razón, que no existe cargo público en el mundo que esté blindado para que el que lo ejerce pueda hacer y deshacer sin que exista una consecuencia que actúe como válvula de seguridad cuando  se extralimita. Si hasta para un presidente existen condiciones para desaforarlo, o como se dice en la jerga norteamericana inducirlo al impeachment, ¿por qué los fiscales nuevoleoneses van a tener toda la manga ancha sin la exigencia de someter sus actos controversiales al escrutinio público? Y así como se reconoce que se tiene que buscar una salida a la justa demanda de lograr una auténtica independencia presupuestal, también en el otro lado de la cuerda hay que aceptar que la anterior legislatura dejó una laguna legal que tiene que resolverse. Lo que no puede suceder es que por jaloneos políticos de un lado o por incompetencia o complicidades judiciales por el otro, la necesaria existencia de un sistema judicial autónomo se ponga en entredicho y fracase. Sería un pésimo precedente.