1 de diciembre 2021

7 de octubre 2021

¡Que alguien me explique!

De Julio Scherer al Rey Juan Carlos

En la excelente investigación de los Pandora Papers hay que tener cuidado para que la información procesada sea ubicada en su justa dimensión y no se lesione indebidamente a quienes, como dice la jerga, ni la deben ni la temen

Por Ramón Alberto Garza

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Siempre será un lujo para el periodismo el abrir cualquier Caja de Pandora para descubrir información encubierta, escondida al alcance del ciudadano común.

Como periodistas de investigación, celebraremos siempre los descubrimientos informativos como el que acaba de revelar el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.

Pero elogiado el hallazgo y advertido lo anterior, hay que tener cuidado para que la información procesada sea ubicada en su justa dimensión y no se lesione indebidamente a quienes, como dice la jerga, ni la deben ni la temen.

El lector común de una investigación tan compleja como la de los Pandora Papers suele simplificar ese universo tan vasto de información bajo un supuesto que no es sostenible: todos aquellos que tienen dinero en países que califican como paraísos fiscales son delincuentes.

Sin duda que en las listas distribuidas existirán cientos de políticos, empresarios, artistas y líderes sociales que efectivamente, emplean esos paraísos fiscales para esconder dineros mal habidos o simplemente para defraudar al Fisco de su país.

Abundan los políticos que, saqueando las arcas nacionales, no encuentran otro lugar para depositar sus decenas, cientos y hasta miles de millones de dólares producto de la corrupción, que en esos escondites que todo lo ocultan, bajo el presunto sigilo. Mejor dicho, lo ocultaban.

También están aquellos que venden sus empresas a corporaciones fachada que ellos mismos crean en esos paraísos fiscales.

Buscan no reportarle ni a sus socios ni a sus empleados las ganancias reales de su operación. Y más tarde revenden esas empresas fachada a terceros en 20, 30 o 50 veces lo que originalmente le reportaron al Fisco de su país. Eso sí es descarada evasión.

Pero existe un tercer cajón (en esa Caja de Pandora), el de aquellos inversionistas que compraron una casa, un terreno, un avión o un yate, y por las reglas fiscales y de herencias, se ven obligados a colocar esos muebles e inmuebles en empresas creadas para administrarlas. Y eso no es ningún delito, mientras los declaren fiscalmente y paguen sus impuestos.

Cualquiera que compre una propiedad en Estados Unidos, por ejemplo, es advertido de que bajo las leyes vigentes cuando la herede, su esposa o sus hijos tendrán que pagar el 50 por ciento de impuestos. Es decir, lejos de crear júbilo, la herencia generará una pesadilla financiera.

Para eso se crean las corporaciones off-shore. Para que lo que se herede sea una empresa, acciones, y no una propiedad mueble o inmueble. Y eso si se declara fiscalmente no es ningún delito. Es una práctica más o menos generalizada.

De los Pandora Papers tomemos, por ejemplo, el caso de Julio Scherer, el ex Consejero Jurídico de la Presidencia, cuyo nombre aparece con una inversión inmobiliaria off-shore por un millón y medio de dólares.

Para abrir boca, esa propiedad fue adquirida por Scherer muchos años antes de 2018, cuando era socio de un exitoso despacho de abogados y ni pensado tenía el ser algún día funcionario público.

La inversión de un millón y medio de dólares corresponde a un departamento en Miami, que se lo compró a uno de sus clientes del despacho.

El departamento era propiedad legal de una Compañía de Responsabilidad Limitada -que por sus siglas en inglés se conocen como LLC- por lo que Scherer -quien no era funcionario- recibió las acciones de la corporación como el equivalente al pago de sus servicios.

El título de ese departamento fue, hace años, depositado en un fideicomiso que el mismo Scherer cedió a sus hijos, junto con otras propiedades. Ya no le pertenece.

Un caso similar al del secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis Díaz, quien en 1998 -al dejar su trabajo en la constructora ICA- vendió sus acciones y el producto de esa venta fue depositado en la cuenta hoy investigada.

Pero el simplismo en la difusión de esa información, al igual que muchos otros de los tres mil nombres expuestos, coloca en automático a los personajes mencionados con un sello de presuntos delincuentes, cuando no lo son y en este caso nunca lo fueron.

Caso distinto, por ejemplo, el del Rey Juan Carlos de España y de su ejecutiva, Corinna Larsen, a quienes se les acusa de crear un paraíso fiscal para ocultar las ganancias de sus actividades de coyotaje para vender infraestructura española en el Medio Oriente.

Se trata del llamado fondo de Infraestructura Hispano Saudí que se creó para la construcción de un tren rápido en Saudi Arabia, que fue cabildeado por el monarca español. Cualquier parecido con la Línea 12 y la española CAF es mera coincidencia.

Ahí si existe el ilícito de que el dinero fue producto de una intermediación ilegal de quien era el Rey de España, quien utilizó su posición y usó a una mujer con la que sostenía relaciones sentimentales, para traficar influencias en Medio Oriente con un beneficio personal y el de su pareja.

Nunca declararon esas ganancias ilícitas, siempre lo ocultaron, no les quedaba más que esconderlas.

Por eso decimos que hay que discernir en la excelente investigación de los Pandora Papers cuáles son los nombres inocuos, los que justifican montos y operaciones legales, para separarlos de los auténticos delincuentes y evasores, que buscaban esconder sus multimillonarios y oscuros dineros en un intento por dejarlos fuera del alcance de la Ley.

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