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24 de Mayo del 2019

De Código Magenta a Presidencia

Ramón Alberto Garza y Código Magenta fuimos incluidos en una lista muy parcial de presuntos beneficiarios de favores económicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Eso es falso. A lo largo de los 46 años de Ramón Alberto como periodista, creador y director de medios de comunicación, jamás ha sido beneficiario de dinero alguno desde el poder, sea político o económico. Su trayectoria está a la vista y lo publicado lo avala
En Código Magenta nos parece lamentable que desde oficinas de la Presidencia de la República se orqueste una denuncia contra periodistas y medios de comunicación, que asoma una intención de calumniar y despojarnos -a algunos- de nuestro único activo real: la credibilidad. Ramón Alberto Garza y Código Magenta fuimos incluidos en una lista parcial como presuntos beneficiarios de favores económicos en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Falso. Hablamos de parcial y distorsionada, porque lo que se pretende hacer creer a los mexicanos es que, los supuestos recursos públicos, se dieron al margen de la ley, de manera directa y en lo oscurito. Es decir, sobornos. Porque si fuera por legítimos gastos publicitarios, tendrían entonces que mostrar montos y asignaciones de todos los medios -televisión, periódicos, radio, revistas y sitios digitales- que facturaron miles de millones de pesos cada año por publicidad y otros servicios. No lo hacen. En el número 36 de la lista, aparece el nombre de Código Magenta y el de su presidente y director, con la aseveración de que recibimos 4.9 millones de pesos del sexenio anterior. A lo largo de los 46 años de Ramón Alberto Garza como periodista, creador y director de medios de comunicación, jamás ha sido beneficiario de dinero alguno desde el poder, sea político o económico. Su trayectoria está a la vista y lo publicado lo avala. Sería bueno que con la ligereza que se nos incluye en esa lista, se aportaran las pruebas de los cheques que acrediten que, ese monto, se entregó en lo personal o en lo oscurito a Ramón Alberto Garza, utilizando a Código Magenta como vehículo. Si algo distinguió al sexenio pasado en su relación con nuestro medio fue el veto publicitario que se nos impuso desde que Código Magenta nació, en 2015. Las únicas pautas contratadas fueron limitados y esporádicos anuncios de Lotería Nacional, CFE, Función Pública y PEMEX. Todas acreditables con facturas publicitarias asentadas en nuestros registros fiscales. Y además, los montos apenas impactaron marginalmente el balance de los ingresos totales de la empresa. Si se referían a publicidad, que de ser cierto no sería ninguna falta puesto que los medios vivimos legítimamente de ella, tendría que haberse exhibido –como ya lo dijimos- los montos de todos los medios para entender lo que sucedió. La forma selectiva de publicar esa lista supone que se busca que nuestros lectores piensen que los medios y los periodistas de lista revelada somos recipientes de prebendas económicas en lo personal, directas a nuestro bolsillo, a escondidas. Es decir, sobornos. Código Magenta no es una persona. Es un medio operado por decenas de comunicadores, diseñadores, productores y administradores que recopilamos y difundimos información independiente y de interés público. Justo sería que si la Presidencia sospechara del medio o de su director, quienes elaboraron la lista nos hubieran llamado para preguntar sobre la validez de esa información. En un acto de transparencia, aquí incluimos las copias de las facturas publicitarias, que imaginamos son a las que se refiere la lista y que jamás han estado ocultas. Exigimos al gobierno que, en un acto de equidad, se den a conocer -como hoy lo hacemos en Código Magenta- todas las facturas pagadas en el sexenio anterior de todos los medios, para ver qué es pago de publicidad y qué fue “gratificación por servicios”. Siempre hemos sido partidarios de la transparencia en la asignación de las partidas presupuestales de publicidad a medios de comunicación. Que el gobierno de la Cuarta Transformación sea congruente fijando reglas claras, equitativas, en lugar de satanizar injustamente -con parcialidad y desde la infamia- a quienes somos depositarios de salvaguardar la libertad de expresión.