FACEBOOK

VISTAS
07 de Mayo del 2019

Austeridad y Pemex

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador va en serio con la austeridad. El Presidente ha firmado un memorándum que profundiza el recorte del gasto público. La pregunta es: ¿para qué, para intentar capitalizar a un Pemex que enfrenta interminables problemas de liquidez y solvencia?
El gobierno de la Cuarta Transformación lanzó una nueva alerta roja sobre el presupuesto federal aprobado por el Congreso para el 2019. Y en un memorándum que sacudió a todas las dependencias federales, se ordenó un nuevo y más severo recorte sobre el Plan de Austeridad decretado al arranque del sexenio. Se ordena -para antes del 31 de mayo- el despido de todo el personal que ingresó a partir del primero de diciembre y cuyas plazas no están todavía autorizadas, despareciendo además todas las direcciones generales adjuntas creadas en el gobierno de Felipe Calderón. Se les retiran a los delegados federales en los estados a todo su personal de confianza y sus altos mandos. Se cancelan todos los asesores, salvo cinco que operan en la Presidencia, y se recortan los choferes de subsecretarios para abajo. Se dan reducciones del 30 por ciento adicional a lo ya aprobado con ajustes en la publicidad oficial, en materiales de oficina, combustibles, pasajes de avión y estudios de investigación. Además de un recorte del 50 por ciento adicional en viáticos al extranjero, exposiciones, congresos, convenciones, asesorías y renta de cualquier vehículo terrestre, aéreo o marino. La tesis es que mientras el nuevo gobierno alza el vuelo, los recursos están escasos y existen otras prioridades en el Gobierno Federal, como impedir que Pemex entre en una quiebra técnica al no poder cumplir con sus compromisos financieros. Y que lo que se ahorre con los recortes sobre los recortes se le aplicará a la debilitada y corrupta paraestatal de los energéticos que en el sexenio anterior duplicó su deuda a 100 mil millones de dólares, con un desplome en la extracción de crudo y un incremento inusual en la importación de gasolinas. Criminal. El debate dentro y fuera del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es cuestionar si todos estos sacrificios, más los que se acumulen en el rubro de inversión en infraestructura, valen la pena para rescatar a Pemex. El secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, ya deslizó frente a José Angel Gurría, el director de la OCDE, que el gobierno evalúa emplear recursos del llamado fondo de contingencia para hacerle frente a los compromisos de Pemex. Sacar del cochinito para pagar los intereses de algo improductivo, así, a primeras luces, luce suicida. La pregunta de los expertos y analistas financieros es si será una sana decisión sacrificar la velocidad de la rueda que mueve el carro, intentando reparar un motor que se ve casi imposible de recarburar porque está en la frontera de declararse desbielado. En pocas palabras, cuestionan si la decisión del jefe de familia es correcta, la de quitarle el pan de la boca a los hijos que producen, para alimentar al que está deshauciado. Lo lamentable es que sea por la muy justa cruzada contra la corrupción o por una necesaria austeridad impuesta, el que se esté sacrificando lo productivo, a costa de salvar al insaciable Pemex. Muestra de ello son las experiencias de las guarderías, de los centro de atención a mujeres golpeadas o el debate sobre el tráfico de medicamentos que acabó por dejar sin dosis para curar a los enfermos del HIV y otros medicamentos del sistema nacional de salud. Si a todo ello se le suma que hasta ahora ningún rostro puede mostrarse tras las rejas en el llamado combate a la corrupción, el desencanto crece dentro y fuera del gobierno lopezobradorista. Como que no parece justo que a los que hoy tienen que sacar al buey de la barranca se les exijan sacrificios sobre sacrificios, mientras que aquellos que metieron a ese buey en la barranca gocen impunemente de sus ilícitas y nada austeras riquezas.