7 de agosto 2022

8 de febrero 2021

¡Que alguien me explique!

Ancira, Lozoya, Andorra y Marín

La judicialización de los casos Ancira, Lozoya, Odebrecht, Andorra más la Estafa Maestra y otros en proceso de investigación, elevarán la temperatura política en la antesala de las elecciones de junio 6

Por Ramón Alberto Garza

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Una vez más, el escondrijo está en España. Una vez más, la extradición viene de la Madre Patria. Una vez más, se traslucen los arreglos entre autoridades y presuntos delincuentes de cuello blanco y bolsillos anchos.

El arribo del miércoles por la tarde de Alonso Ancira, en un jet de matrícula privada y su traslado inmediato a un penal para que ante un juez rindiera su declaración, evocó la misma dinámica en la extradición de Emilio Lozoya.

Sorprendió que se le mantuviera en prisión, considerando que pactada con las autoridades judiciales la devolución de los 200 millones de dólares que Pemex pagó en exceso con la compra de Agronitrogenados, se le prometió un proceso en libertad.

Pero más allá de cuándo se cumpla este compromiso, lo sorprendente es de qué manera se entrelazarán los destinos de Emilio Lozoya y de Alonso Ancira.

Porque es más que evidente que ambos compartieron jugosos negocios. Uno le depositó al otro millonarios sobornos, y su relación era más cercana a la de dos socios, que a la de un proveedor con un comprador.

El triángulo de Lozoya y Ancira se cierra por la relación que ambos sostuvieron con Odebrecht, cuando el dueño de AHMSA se prestó para triangular los sobornos que la constructora brasileña pactó con el entonces director de Pemex.

Y por si lo anterior fuera poco, la revelación desde España, a través del diario El País, sobre las cuentas que el abogado Juan Collado tenía en la Banca Privada de Andorra.

Es una danza de cientos de millones de dólares en la que figuran 23 mexicanos cuentahabientes, entre los que se incluirían a Enrique Peña Nieto, Carlos y Raúl Salinas de Gortari, Carlos Romero Deschamps, Alfredo del Mazo Maza y Mario Ruiz Massieu.

La judicialización de los casos Ancira, Lozoya, Odebrecht, Andorra más la Estafa Maestra y otros en proceso de investigación, elevarán la temperatura política en la antesala de las elecciones de junio 6.

Por eso hay que estar atentos que, a partir de este momento, se despacharán los citatorios a declarar, entre otros, sobre los personajes que en su momento integraban el Consejo de Administración de Pemex.

Altos funcionarios, prominentes empresarios y algunos académicos tendrán que pasar a detallar cómo se tomó la decisión de adquirir lo que se consideraba una planta chatarra como Agronitrogenados.

Será una pasarela para la fotografía, porque el acuerdo de reparación del daño ya corre en cuatro pagos de 50 millones de dólares cada uno, a partir de que la nueva administración asuma el control de AHMSA.

Como postre a esta larga lista de presuntas corruptelas, estarán también sobre la mesa los efectos políticos de la detención del ex gobernador priista Mario Marín.

Las declaraciones del Gober Precioso sobre su presunta participación en la ilegal detención, traslado y tortura de la periodista Lydia Cacho, prometen abrir nuevos expedientes que podrían involucrar también a otros destacados políticos y a algunos empresarios. Más leña para la hoguera de las vanidades políticas.

Lo que significamos con los sacudimientos de esta semana en los casos Lozoya, Ancira, Collado y Marín es que -como ya lo veníamos advirtiendo- comenzó la temporada de caza y el trofeo grande es quién se queda con el control del Congreso, hoy dominado por Morena.

Entre febrero y mayo veremos el desfile de expedientes, rostros, presuntos involucrados, inculpados e incluso uno que otro prominente sentenciado, para confirmar que la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, prometida por el Presidente Andrés Manuel López, va viento en popa.

En medio de la muy cuestionada estrategia para combatir la pandemia, de la hasta ahora fallida campaña de vacunación sin vacunas y el drama de la economía paralizada, la única apuesta que puede tener éxito en las urnas es la de exhibir, con rostros tras las rejas, el combate a la impunidad.

Y la pregunta de fondo es si la Fiscalía General de la República podrá -respetando el debido proceso- darle tramite expedito a tantos casos tan grandes y complejos, que acabarán por convertirse la carpeta electoral 2021.

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