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26 de Junio del 2019

Anarquía legalizada

Frente a la pasividad del gobierno, la toma de casetas de peaje se convierte en una plaga de la que comienza a sospecharse es el negocio redondo de unos cuantos que, o ya le tomaron la medida al miedo oficial o de plano están coludidos funcionarios y anarquistas para saquear impunemente las cuotas al amparo de falsas protestas
Las absurdas escenas están convertidas ya en el pan nuestro de cada día. Grupos de anarquistas toman por asalto las casetas de peaje carretero, desplazan a los cobradores oficiales y ellos recolectan en directo la cuota. Y nadie hace nada. O pagas o no pasas. O les entregas la cuota y algo más o amenazan con dañar tu auto o transporte. Aquello ocurre frente a policías federales e incluso frente a soldados del Ejército. Pero la consigna oficial es dejarlos hacer de las suyas para no despertar la violencia. Y los anarquistas ya saben que a la autoridad le tiembla la mano para someterlos. Sucede en todo el país, pero sobre todo en las carreteras más transitadas como la México-Cuernavaca-Acapulco, o las de Oaxaca a la Ciudad de México. Ni qué decir de la México- Puebla e incluso en la Carretera Nacional entre México y Nuevo Laredo. La autoridad reconoce el drama, pero lo tolera. Genaro Enrique Utrilla Gutiérrez, director de Caminos y Puentes Federales, admite que el costo diario de ese delito le cuesta diariamente a Capufe unos cuatro y medio millones de pesos. En algunos casos, como el de las casetas de peaje de San Pablo Huitzo y Suchixlahuaca, en Oaxaca, el daño patrimonial va acumulando más de 110 millones de pesos. Esas dos casetas registran 649 bloqueos, ante la complacencia de las autoridades federales que se cruzan de brazos y renuncia a imponer la ley. Y el número de denuncias acumuladas antes con la PGR y hoy con Fiscalía General –solo por esas dos casetas- ya rebasan las 600. Pero ahí duermen demostrando que en México el crimen no tiene castigo. Por supuesto que el tema no es nuevo, es heredado. Pero en el actual gobierno el drama crece dramáticamente, sin que exista autoridad federal que le ponga el cascabel al gato. Los automovilistas que pasan por las casetas tomadas y se ven obligados a entregar el peaje a los vándalos y anarquistas, ven con asombro como todo aquello ocurre frente a la autoridad sin que se invoque el Estado de Derecho. Hace unos días en la Carretera Nacional, a la altura de San Luis Potosí, un indignado automovilista que pagó su cuota a los anarquistas –porque si no, no pasaba- se paró para reclamarle a un comandante de la Policía Federal su falta de intervención. “Si los molesto, me corren”, dijo el uniformado, explicando que los tienen con las manos atadas y que no tienen el apoyo del gobierno. El problema es todavía más grave para el transporte público federal, porque sin el recibo que ampare el cobro en la caseta de peaje no existe la posibilidad de que se reclame el seguro carretero en caso de algún accidente. Y frente a la pasividad del gobierno, la toma de casetas de peaje se convierte en una plaga de la que comienza a sospecharse es el negocio redondo de unos cuantos que, o ya le tomaron la medida al miedo oficial o de plano están coludidos funcionarios y anarquistas para saquear impunemente las cuotas al amparo de falsas protestas. Sea como fuere, en los momentos en que el gobierno de la Cuarta Transformación promete la recuperación del Estado de Derecho, va siendo hora de que los anarquistas paguen su cuota de castigo frente a la ilegalidad. Ser testigos todos los días, frente a las cámaras de televisión que los reportan, del productivo saqueo a los bienes nacionales solo invita a imitar el delito impune. De poco servirá crear toda una moderna Guardia Civil si en los hechos los delincuentes saben que la ley es letra muerta y que nacieron intocables.