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18 de Septiembre del 2019

El round de los técnicos

Rocío Nahle luce aislada. Octavio Romero, desaparecido. Manuel Bartlett, a la defensiva. Los nacionalistas del gabinete están en retirada. Después de un año de la 4T, parece ser la hora de los tecnócratas de la Secretaría de Hacienda y la Oficina de la Presidencia.

En octubre, la producción de petróleo shale en Estados Unidos alcanzará un nivel récord de 8.8 millones de barriles diarios, de acuerdo a la Administración de Información de Energía (EIA, por sus siglas en inglés). Esto representa casi cinco veces la plataforma petrolera diaria total de México.

La cifra denota la magnitud del éxito de una política energética que, desde la década de los setentas, ha estado abocada a construir una suerte de independencia petrolera respecto a la importación de hidrocarburos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), el cártel de precios más grande del mundo.

La evolución de la industria shale, que surgió a partir de la combinación de estímulos institucionales del Estado y la inversión y toma de riesgo de la iniciativa privada, contrasta con las contradicciones de la política energética mexicana. La diferencia se ha vuelto más evidente en la administración de Andrés Manuel López Obrador, en donde dos funcionarios de primer nivel del gabinete económico han enviado señales divergentes sobre las reglas que definirán la explotación petrolera en aguas profundas.

Uno de ellos es Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quién ha expresado la posibilidad de que se reanuden las licitaciones de campos petroleros marítimos, la alianzas estratégicas de Pemex con firmas privadas y la explotación de gas y petróleo shale.

Su antagonista es Rocío Nahle, cuya identidad política siempre ha estado ligada a la crítica de la reforma energética del sexenio de Enrique Peña Nieto. La secretaria de Energía dijo esta semana en el Foro Energy Meet Point que Pemex no cederá sus negocios en aguas profundas. Además, dejó entrever que no se realizarán nuevas licitaciones de campos marítimos hasta que los 107 contratos activos con empresas privados muestren resultados. El mensaje es completamente opuesto al de Romo y su equipo.

La contradicción es de tal grado que Nahle decidió expresar este punto de vista a sabiendas de que su participación en el evento sería sucedida por una conferencia de Abel Hibert, un asesor de la Oficina de la Presidencia muy cercano a Alfonso Romo. De hecho, esta semana, Hibert amplió la declaración de su jefe y le dijo al diario Reforma que la reactivación de los farmouts es inminente.

El conflicto de Romo y Nahle tiene su origen desde el periodo de transición, cuando el equipo de la ahora secretaria de Energía filtró a la agencia Reuters un documento con los lineamientos de la política energética de la 4T. Ahí se estipulaba la “suspensión indefinida de las licitaciones de exploración y producción”, así como la recomendación de un acercamiento de México a la OPEP.

El documento sentó las bases de la opción de política pública de al menos tres miembros del gabinete ampliado que son identificados como parte del ala nacionalista de la administración de López Obrador: la propia Nahle; el director de Pemex, Octavio Romero y el director de CFE, Manuel Bartlett.

Los diferendos públicos de este grupo con la Oficina de la Presidencia de la República o con la Secretaría de Hacienda de Arturo Herrera, dominada por economistas del Colegio de México, han sido constantes.

El ejemplo más notable es la amenaza de la CFE de iniciar un juicio de arbitraje para obtener ventajas en la renegociación de los contratos de la red nacional de gasoductos, que fue recibida como un shock en los mercados. La decisión tuvo que ser revertida por la intervención directa del presidente, así como por el cabildeo del Consejo Coordinador Empresarial y del Consejo Mexicano de Negocios.

Al final, se impuso la visión de Romo. La construcción de la red nacional de gasoductos es parte de un esfuerzo bilateral que es reconocido por el gobierno americano como un vehículo para asegurar la seguridad energética de América de Norte. Amy M, Jaffe, directora del programa de Seguridad Energética y Cambio Climático del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR, por sus siglas en inglés), explicó en un texto para el blog de este think tank que este proyecto es vital para contener el poder de mercado que ejercen la OPEP, Rusia y otros actores con intereses que rivalizan con Estados Unidos.

El manejo de Pemex es otro punto de tensión al interior del gabinete económico. La Secretaría de Hacienda entiende que la deuda de más de 106 mil millones de dólares de la petrolera es el punto neurálgico de riesgo financiero para los bonos soberanos mexicanos.

Arturo Herrera y su equipo han tomado el control de la narrativa de Pemex, luego de que su director, Octavio Romero, tuvo presentaciones decepcionantes en roadshows con inversionistas internacionales. Esto ha quedado patente en la insatisfacción permanente de las agencias calificadoras en relación al plan de negocios de la compañía. La coyuntura forzó la mano de Herrera, que anunció un paquete de medidas para apuntalar a Pemex: estímulos fiscales por 9.5 mil millones de dólares, la renegociación de deuda por 5 mil millones de dólares a través de un préstamo sindicado y la emisión de notas a siete, diez y treinta años. Durante todo este proceso, Romero estuvo ausente, al menos en términos mediáticos.

Después de un año de la 4T, el presidente López Obrador ha dado señales de que prefiere el pragmatismo de los técnicos a la ideología de los rudos. Está en el mejor interés de su proyecto: el presupuesto 2020 estipula que la plataforma petrolera crecerá 15 por ciento este año, a 1.95 millones de barriles diarios. Sería el mayor aumento de producción de hidrocarburos desde 1982.

A Estados Unidos le tomó cuatro décadas consolidar la revolución energética que significa la industria shale. López Obrador pretende cimentar las bases de su propia revolución petrolera en sólo cinco años. Esto es imposible si no hay consistencia en la política energética de la 4T.

Rocío Nahle luce aislada. Octavio Romero, desaparecido. Manuel Bartlett, a la defensiva, enfrentando un escándalo por la no declaración de alrededor de 800 millones de pesos en propiedades inmobiliarias.

Parecer ser la hora de los técnicos.