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29 de Abril del 2019

El reporte secreto: Pemex-Los Ramones

Código Magenta revela un documento de KPMG que debía permanecer en secreto: exhibe una trama de corrupción, fraude y conflictos de interés que podrían poner a Pemex en riesgo de una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Así empezó el caso Odebrecht

Pemex está en riesgo de enfrentar una demanda del Departamento de Justicia de Estados Unidos por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero.

Ésta es la conclusión de un reporte que preparó la firma de auditoría KPMG en un documento que debía permanecer en secreto, pero que ahora es revelado por Código Magenta.

Una cuenta de 78,087 pesos en el restaurante Torre de Castilla en Polanco, otra de 45,589 en el STK Midtown de Manhattan y una más de 25,567 pesos por un servicio de limusina en Nueva York.

¿Qué tienen en común? Que todas fueron pagadas con dinero público de una filial de Pemex.

Los pagos, los hizo Jaime Calpe Galván, el director general de TAG Pipelines, la empresa privada que utilizó Pemex Transformación Industrial para administrar la construcción de la segunda fase del gasoducto Los Ramones, una obra de 935 millones de dólares que le fue adjudicada al consorcio Odebrecht-Techint-Arendal.

Calpe Galván se puede dar esos lujos porque no tiene que responder al escrutinio del Consejo de Administración de Petróleo Mexicanos ni de la Auditoría Superior de la Federación.

Siendo director general de TAG Pipelines, Calpe Galván contrató a una consultoría para administrar la empresa.

El problema es él era accionista de esa consultoría, y el director director de finanzas era Juan Carlos Tapia Hernández, un hombre que cargaba con su propio escándalo personal: fue secretario técnico de Oceanografía y el dictamen de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores lo encontró responsable del quebranto de 400 millones de dólares a Banamex.

Para KPMG, ésta es apenas la punta del iceberg de una trama de complicidades, corrupción, fraude y conflicto de interés al interior de la empresa que administró el proyecto de infraestructura energética más importante del sexenio de Enrique Peña Nieto.

TAG Pipelines le concedió a la consultoría J&E Energía el control total de la compañía. Esto incluyó el poder para autorizar sus propios pagos.

Jaime Calpe Galván y Juan Carlos Tapia Hernández aprobaron viáticos por 8.6 millones de pesos para un solo evento, renta de inmuebles sin justificación en la Ciudad de México y transferencias por servicios que jamás fueron prestados.

Por si fuera poco, J&E Energía fue constituida apenas seis días antes de que se firmara el contrato con TAG Pipelines, mismo que incluyó una cláusula de rescisión de más de un millón de dólares.

Es decir, J&E se creó para que los administradores de TAG Pipelines defraudaran a sus dueños, la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos.

En total, KPMG calcula que se cometieron irregularidades por 1,100 millones de pesos. La firma de auditoría documenta peso por peso y punto por punto conflictos de interés en la asignación de contratos, falta de evidencia de servicios prestados, empleados fantasma, servicios contratados a precios más altos de los del mercado, cláusulas desventajosas, pagos sin factura, aumentos excesivos de sueldo, gastos no relacionados con el negocio y asignaciones de contratos sin concurso.

El 66 por ciento de los ingresos de TAG Pipelines se gastaron en pagos a proveedores de seis compañías, tres de las cuáles estaban interrelacionadas. Es decir, tenían accionistas cruzados, incluidos los funcionarios que, se supone, estaban representando los intereses de Pemex.

Una de las empresas interrelacionadas con J&E Energía es la consultoría Romero Ortiz de la Peña y Asociados. Las dos firmas tienen el mismo domicilio en el Estado de México. Y un detalle: uno de los socios de esta compañía es Sergio Ortiz de la Peña Salazar Illarregui, quien aparece en la lista de los Panama Papers como dueño de Integral Professional Services S.A., una empresa fantasma que utiliza de intermediario en un paraíso fiscal a Equity Trust Bahamas Limited.

De acuerdo a KPMG, los directores de TAG Pipelines utilizaron su posición para beneficiar a sus propias empresas y a sus socios. ¿Por qué? Porque la estructura de empresas fachada con la que opera Pemex se los permitió.

Petróleos Mexicanos nunca ejerció control accionario directo sobre la empresa que en última instancia se encargó del proyecto de Los Ramones: Pemex TAG Pipelines Norte.

Ésta era una compañía propiedad de TAG Norte Holdings, que a su vez dependía de tres filiales privadas de Pemex: PMI, que tenía una participación de 45 por ciento; Gasoductos de Chihuahua que tenía  un 50 por ciento y TAG Pipelines que cuenta con un 5 por ciento.

Esta estructura de empresas fachada le permitió a Pemex privatizar la mayor parte de Los Ramones, vendiendo la participación de PMI a Blackrock y la de Gasoductos de Chihuahua a IENOVA. Pero sobre todo, permitió mantener ocultas las irregularidades por 1,100 millones de pesos que KPMG encontró en TAG Pipelines, una empresa propiedad de Mex Gas Enterprises y Mex Gas Supply, dos filiales de Mex Gas Internacional, a su vez filial de Pemex Transformación Industrial.

Y es ahí donde el círculo de complicidad se cierra. La hija de Alejandro Martínez Sibaja, el director de Pemex Transformación Industrial, es empleada de J&E Energía.

Sin embargo, el verdadero conflicto de interés está en la relación de Jaime Calpe con Rodríguez Dávalos y Asociados, una empresa que es referida por una investigación del portal Eje Central como el cártel del gas.

J&E Energía y Rodríguez Dávalos y Asociados cuentan con el mismo representante legal, Enrique Cassereau Murga.

También tienen empleados cruzados, incluido Jaime Calpe, quien es referido como consultor en energía del despacho.

Rodríguez Dávalos y Asociados fue el proveedor más beneficiado por TAG Pipelines. Obtuvo contratos por 371 millones de pesos entre el 2012 y el 2016.

La investigación de Eje Central retrata a Jesús Rodríguez Dávalos, el socio director de esta firma, como el mayor intermediario en la construcción de gasoductos en México. De acuerdo a personas familiares al asunto, su despacho cobra una comisión del 30 por ciento para cabildear permisos y derechos de vía ante la Comisión Reguladora de Energía.

Jesús Rodríguez Dávalos es un ex empleado de Pemex con fuertes conexiones en la empresa productiva del Estado. Es primo político del ex secretario de Energía calderonista, Jordy Herrera, quien  precedió a Alejandro Martínes Sibaja como director de Pemex Transformación Industrial. Ésta es la subsidiaria de Petróleos Mexicanos que tiene control sobre TAG Pipelines.

Además, Rodríguez Dávalos está casado con María Teresa Borja, la sobrina de Jorge Borja Navarrete, el entonces  consejero independiente de Pemex.

Con todo esto, KPMG concluyó que TAG Pipelines no era viable como negocio y recomendó demandar penalmente a la administración por abuso de confianza y administración fraudulenta.

Este reporte se comisionó meses después de que Emilio Lozoya dejó la dirección general de Pemex. El nuevo CEO, José Antonio González Anaya, despidió al director de Pemex Transformación, Alejandro Martínez Sibaja y aprobó promociones, jubilaciones y liquidaciones especiales para los consejeros de TAG Pipelines.  Jamás se interpuso alguna denuncia ni se hizo público el contenido del documento de KPMG. El escándalo quedó en secreto.

TAG Pipelines fue la caja chica de un grupo que exhibe uno de los conflictos de interés más evidentes en los negocios de Pemex que surgieron a partir de la autonomía que obtuvo la compañía a partir de la reforma energética.

Y esto es apenas un microcosmos de una historia que se repite con los nombres de Odebrecht, OHL, Altos Hornos de México y Fertinal.

La demanda del Departamento de Justicia en contra de Odebrecht fue la pieza de dominó que desencadenó el mayor escándalo de corrupción en la historia. La historia con Pemex podría no ser muy diferente.