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07 de Julio del 2020

¿Quién pactó por Lozoya?

Esa es la gran pregunta que surge luego de que, hoy, la Audiencia Nacional de España autorizó la extradición de un ex director de Pemex cuya defensa ha insistido en cuestionar a Enrique Peña Nieto y a Luis Videgaray.
Para entender el acuerdo de cooperación de Emilio Lozoya con la Fiscalía General de la República, es necesario explicar dos cosas: la salida de Javier Coello Trejo y el perfil del abogado español Baltasar Garzón. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, admitió en conferencia de prensa que la extradición de Emilio Lozoya fue pactada. Ese mismo día, Javier Coello Trejo emitió un comunicado en el que anunció que, desde hace un mes, había dejado la defensa del ex director de Pemex por diferencias en la estrategia jurídica. Con ello, el caso Lozoya se desprendió del conflicto de interés de que Coello Trejo llevara un litigio privado del fiscal Gertz Manero. También puso fin a la presión que ejerció la Fiscalía General de la República al hijo del “fiscal de hierro”, Javier Coello Zuarth, por una acusación de presunto tráfico de influencias. La salida de Coello Trejo obliga a una pregunta: ¿Si alguien que tenía cercanía con el fiscal general y era susceptible a ser influenciado por él no fue quién negoció la extradición de Emilio Lozoya, entonces quién lo hizo? Los medios mexicanos apuntaron de inmediato a Baltasar Garzón, el afamado juez español cuyas relaciones políticas en México son ampliamente conocidas. Su injerencia habría motivado a Coello Trejo a dejar la defensa de Lozoya. Versiones periodísticas en México y España sugieren que Garzón asesoró tanto a Lozoya como al presidente de AHMSA, Alonso Ancira, quien fue detenido en Palma de Mallorca este año y enfrenta un juicio de extradición, también, por una acusación de lavado de dinero vinculada al caso Agro Nitrogenados. La fiscalía española documentó que Ancira transfirió 3.4 millones de dólares a Tochos Holding Ltd., una sociedad fantasma en las Islas Vírgenes Británicas que fue constituida por Odebrecht y que estaba operada por TMF Management, una firma suiza cuyo beneficiario era Emilio Lozoya. La conexión Lozoya-Ancira representó una oportunidad perfecta para la intervención de Baltasar Garzón, quien no sólo es un abogado con acceso a la élite política mexicana (en el último año sostuvo reuniones informales con Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, un eslabón clave para la acusación de la FGR en contra de Emilio Lozoya). También es un experto del caso Odebrecht: de acuerdo al diario español ABC, la firma de Baltasar Garzón recibió 1.85 millones de euros por asesorar a Hugo Carvajal, ex jefe de inteligencia del régimen de Hugo Chávez en Venezuela, quién enfrenta una acusación de lavado de dinero y que es referido por el Departamento de Justicia de Estados Unidos como un vínculo del magnate venezolano Wilmer Ruperti, que recibió 123 millones de euros de PDVSA y que en su mayoría fueron depositados en la Banca Privada de Andorra. BPA, que fue intervenido por las autoridades de ese país a petición del Departamento del Tesoro de Estados Unidos por ser considerada una maquinaria de lavado de dinero, fue la institución que usó Odebrecht para blanquear gran parte de sus ganancias. También es el banco al que Juan Collado, el ex abogado personal del ex presidente Enrique Peña Nieto (que hoy está en prisión), transfirió 120 millones de dólares. Cuando las autoridades reestructuraron BPA, establecieron que el dinero de Collado era parte de una minoría de cuentas altamente sospechosa porque no se validó el origen de los recursos. El común denominador del proceso Odebrecht, del lavado de de dinero de PDVSA y de los juicios de extradición de Alonso Ancira y Emilio Lozoya es que todos los casos son presididos por el juez Santiago Pedraz, quien  fue compañero de Garzón en la Audiencia Nacional y es alguien al que se considera cercano al afamado abogado. En el 2011, Pedraz fue invitado por Garzón para participar en un ciclo de conferencias de seguridad y derechos humanos que tuvo lugar en México. Los términos de la extradición de Lozoya necesitan de la anuencia de Santiago Pedraz. Este contexto hace posible la versión de que Baltasar Garzón fue quien, en última instancia, podría haber negociado la extradición del ex director de Pemex con el fiscal Gertz Manero. Aunado a eso, Emilio Lozoya Thalmann, padre del ex director de Pemex y secretario de Industria, Minas y Comercio en la administración de Carlos Salinas de Gortari, hizo sentir su presencia en los medios en la última semana. Contactó a varios columnistas, quienes aseguran que Lozoya padre fue parte fundamental el acuerdo de extradición de su hijo y de su presunto traslado de Rusia a la Costa del Sol en España, donde fue detenido después de pasar una temporada hospedado en el exclusivo barrio de La Zagaleta por un magnate ruso que, de acuerdo al diario El País, no se conoce su identidad. Las implicaciones del caso Lozoya están por verse. Lo cierto es que el modus operandi de su proceso de extradición exhibe de cuerpo entero el funcionamiento del sistema político mexicano.