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29 de Abril del 2019

A la 4T no le gusta licitar

El proyecto de la refinería de Dos Bocas y del aeropuerto de Santa Lucía tienen un común denominador: ninguno de los dos contratos será asignado por licitación abierta. En términos de transparencia, la 4T queda a deber
La refinería de Dos Bocas tiene muchos problemas. Uno de ellos es la transparencia: Pemex Transformación Industrial ordenó reservar la información de este proyecto por cinco años. De acuerdo a la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el contrato se adjudicará mediante una licitación restringida. Es decir, Pemex va a escoger, de manera discrecional, qué empresas pueden concursar por uno de los proyectos de infraestructura más importantes del sexenio. Hasta el momento, la administración de Andrés Manuel López Obrador ha considerado a dos empresas extranjeras con antecedentes de corrupción: la argentina Techint, que está al centro de un escándalo de sobornos conocido como la trama de los cuadernos, y la estadounidense Bechtel, nombrada en una corte de Reino Unido como el hilo conductor de un caso de sobornos vinculado a la familia real saudí. No es algo menor. Dos Bocas es una obra que, según la propia Rocío Nahle, va a costar entre 6 mil millones de dólares y 8 mil millones de dólares. Sin embargo, expertos del sector, como Gonzalo Monroy, director de GMEC, estiman que la refinería podría terminar costando hasta 13 mil millones de dólares, el valor original proyectado para el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. El proyecto ha generado tensiones al interior del gabinete. El mes pasado, Arturo Herrera, subsecretario de Hacienda, le dijo al diario Financial Times que el gobierno mexicano no tenía contemplado asignar recursos a la refinería de Dos Bocas. Su declaración, emitida en el marco de una gira con inversionistas en Reino Unido, fue rápidamente desmentida por la secretaria Nahle y por el Presidente López Obrador. Públicamente, quedó claro que éste sería un proyecto prioritario e inamovible. Semanas después, el periodista Mario Maldonado publicó una columna en la que relató que el Presidente rechazó una propuesta de un grupo privado para desarrollar una alternativa más barata y eficiente a la construcción de la refinería de Dos Bocas. Los empresarios pretendían arrendar refinerías modulares con capacidad para procesar crudo pesado y ceder la infraestructura a Pemex después de diez años de uso. Recibieron un “no” tajante como respuesta. La inevitabilidad de la refinería impulsada por Rocío Nahle fue confirmada. Éste no es un caso aislado; es un parte de un problema más amplio en la administración de Andrés Manuel López Obrador: la licitación no es una práctica común en este gobierno. La ley de contrataciones públicas exige que las adjudicaciones directas y las licitaciones por invitación sean casos excepcionales. No obstante, en la práctica, el gobierno de la Cuarta Transformación ha desairado el principio de libre competencia que establece la Constitución. Un análisis que hizo Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad respecto a la contratación pública durante los primeros cien días de la administración encontró que el 74.3 por ciento de las compras realizadas se asignaron mediante adjudicación directa. Este patrón de contratación del Estado mexicano alcanza a prácticamente todos los proyectos estratégicos del sexenio. Uno de los casos más emblemáticos es el del aeropuerto de Santa Lucía, cuya primera piedra fue colocada el lunes por el Presidente López Obrador. Sin licitación de por medio, esta administración comisionó el proyecto a la Secretaría de Defensa Nacional. En términos de transparencia, el sello de opacidad que otorgan los asuntos de seguridad nacional permiten equiparar este proyecto al de la refinería de Dos Bocas. A través de una nota publicada en Notimex, Indra, una polémica empresa española, hizo público su interés en convertirse en el contratista principal del aeropuerto de Santa Lucía. Ésta es una compañía vinculada a la Operación Lezo, la trama de sobornos que involucra a miembros del Partido Popular por la construcción de un tren urbano en la Comunidad de Madrid. La firma también es señalada de haber recibido un contrato irregular en Argentina, en donde la prensa señala un vínculo personal entre el Presidente Mauricio Macri y el director de la compañía, Ricardo Viaggio. Otro caso emblemático es el de la adjudicación del contrato de las tarjetas de Bienestar, asignadas en su mayoría a Banco Azteca, empresa de Ricardo Salinas Pliego. También destaca la compra de pipas de gasolina que Pemex ordenó en Estados Unidos sin licitar. En un hecho sin precedentes, esta semana, el INAI ordenó publicar el contenido de esos contratos. Sin embargo, hay un caso que, por su magnitud, es particularmente relevante a la constante de esta administración de asignar contratos directamente y de reservar la información correspondiente.

El mega contrato de Pemex

El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha centrado gran parte de su discurso anti corrupción en la rehabilitación de las empresas productivas del Estado, Pemex y CFE. A pesar de ello, la transparencia sigue siendo un tema pendiente. Esto quedó de manifiesto en un mega contrato de perforación de Pemex que merece un comentario aparte porque se trató de la primera gran licitación de la compañía en la era de la Cuarta Transformación. La administración de Octavio Romero asignó contratos por 1,600 millones de dólares a distintas empresas, entre ellas una filial de Protexa, del empresario regiomontano Humberto Lobo. Pero quién se llevó el contrato es lo de menos porque se trató de una licitación restringida a la que solo estuvieron invitados los eternos miembros de la élite empresarial de este país. ¿Quiénes fueron? Perforadora Central, de Patricio Álvarez Murphy, quién es, junto con la esposa del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, uno de los miembros del Consejo de Administración de Grupo IDESA; la empresa que se asoció con una filial de Odebrecht para construir el complejo petroquímico Etileno XXI, un proyecto que le costó a Pemex 2 mil millones de pesos en pérdidas en su primer año de operación. Grupo R de Ramiro Garza Cantú, el dueño del periódico La Razón. Éste es uno de los mexicanos que aparece en los Panama Papers. Una investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación reveló que Grupo R contrató a Mossack Fonseca para construir una red de empresas fantasma en cuatro continentes a través de las cuales pidió préstamos por 1,400 millones de dólares para comprar equipo de perforación que después le rentó a Pemex. Perforadora México, de Germán Larrea, el dueño de la empresa minera Grupo México y eterno miembro de la lista de multimillonarios de Forbes. Grupo Carso, de Carlos Slim, el hombre más rico de México. Borr Drilling, una empresa extranjera asociada a David Martínez, el financiero mexicano que se especializa en reestructuraciones de deuda. Como socio mayoritario de ICA, fue otro de los empresarios más afectados por la decisión de cancelar el NAIM. Martínez también es uno de los protagonistas en el conflicto de Pemex con Oro Negro, la empresa de servicios petroleros de Luis Ramírez Corso y Gonzalo Gil White que se declaró en quiebra el año pasado Latina de Adolfo del Valle Ruiz, miembro del grupo económico Kaluz, los dueños de Mexichem. En el 2013, esta empresa se asoció con Pemex para formar una joint venture y operar el complejo petroquímica de Pajaritos en Veracruz. La Auditoría Superior de la Federación cuestionó la operación por evasión de impuestos y porque Mexichem se habría beneficiado de un contrato en el que una filial de Pemex se comprometió a venderle etano a precios preferenciales. Un modelo fraudulento muy similar al de Grupo IDESA y Etileno XXI. Marinsa de José Luis Zavala, una empresa con antecedentes de incumplimiento de contrato y poca experiencia en servicios de perforación. Y finalmente, Perforaciones Marítimas Mexicanas, de Humberto Lobo, uno de los empresarios del Grupo Monterrey. En pocas palabras, estamos ante un nuevo Pemex, pero con los mismos contratistas. ¿Más de lo mismo? Entonces, en términos de contrataciones públicas, ¿la Cuarta Transformación es más de lo mismo? Pongámoslo en perspectiva. La administración de Enrique Peña Nieto se caracterizó por abusar de la figura de las adjudicaciones. Según un estudio del IMCO, en el sexenio pasado el 71 por ciento de las contrataciones públicas se realizaron a través de esa modalidad. ¿Quiénes fueron parte del Top 5 de los mayores beneficiados de estas adjudicaciones? Grupo Televisa, que ahora llevan Alfonso de Angoitia y Bernardo Gómez. Éste último es parte del Consejo Asesor Empresarial del Presidente Andrés Manuel López Obrador. Estudios Azteca, de Ricardo Salinas Pliego Actidea, una empresa de organización de eventos de Eduardo Gama Pizarro Y Grupo Nacional Provincial, de Alberto Bailléres. En tiempos de la 4T, la tolerancia a la falta de competencia en las contrataciones públicas se percibe similar a la del sexenio pasado. En un artículo de opinión publicado en Reforma, Alejandro Faya, Comisionado de la Cofece, criticó la llamada Ley Compadre que aprobó el Congreso de Tabasco para avalar adjudicaciones directas en proyectos de desarrollo como la refinería Dos Bocas. Alejandra Palacios, la Comisionada Presidente, hizo lo propio al poner en tela de juicio la adjudicación del contrato de las tarjetas de bienestar a Banco Azteca. El asunto provocó la reacción de un Senador que propuso llamarla a comparecer, así como la crítica de tres comunicadores que colaboran con empresas de Grupo Salinas. Ésta no es la primera vez que algunos aliados del gobierno de López Obrador se enfrentan públicamente a la COFECE. Ni será la última. Sin embargo, cuando hablamos de contrataciones públicas, aquí el tema de fondo es: ¿La Cuarta Transformación quiere más competencia o menos competencia?