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26 de Noviembre del 2019

Pemex, en la mira de Donald Trump

Donald Trump tiene el arma cargada y el dedo en el gatillo listo para disparar contra Pemex y contra la 4T. El hackeo, el caso Fertinal y los audios de ex directivos pidiendo sobornos pueden ser explotados por Jay Clayton, el presidente de la SEC que fue socio de Sullivan & Cromwell, un despacho que representaba a la petrolera mexicana. Podríamos estar frente al nuevo Odebrecht.
Pemex es el hilo más delgado del proyecto de gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo saben en Palacio Nacional y en la Casa Blanca, desde donde se han utilizado herramientas de presión financiera de manera sistemática para avanzar los intereses de la oficina del presidente Donald Trump. El escrutinio del Departamento de Justicia y, en particular, de la Comisión de Valores (SEC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sobre la empresa más importante de México se ha vuelto un riesgo imposible de ignorar para la 4T: con un pasivo financiero de 106 mil millones de dólares, Pemex es la compañía petrolera más endeudada del mundo y está al borde de ser considerada un bono basura por las tres principales agencias de calificación crediticia. Se trata de la paraestatal que aportó el 33 por ciento de los ingresos del sector público en los primeros nueve meses del 2019 (según cifras de la Secretaría de Hacienda) y que, al menos desde 2016, ha condicionado el grado de inversión de la deuda soberana mexicana. En pocas palabras, desestabilizar a Pemex implica desestabilizar a la 4T. En caso de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos se deteriore, ya sea por las vicisitudes del proceso electoral americano de 2020 o por el reciente activismo de la política exterior lopezobradorista, la administración de Donald Trump tendría a su disposición tres balas para disparar contra Pemex y la 4T. La primera está vinculada al ataque a los sistemas de información de Pemex, una infección de ransomware por la que se ha pedido un rescate en Bitcoin por 5 millones de dólares. Analistas legales coinciden en que si se comprueba que la compañía dejó de pagar el servicio de protección contra ciberataques, Pemex estaría violando la Ley Sarbanes Oxley y sería sujeto a una multa potencial de la SEC. La segunda bala es la del fraude de Fertinal, que le costó a Pemex 625 millones de dólares y que está siendo investigado por el Departamento de Justicia en relación a un presunto soborno a un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. El escándalo también ha llegado al escritorio de la SEC. En octubre de 2016, meses después de que el propio director de Pemex Fertilizantes reconoció en una junta del consejo de administración la situación fraudulenta de Fertinal, Pemex emitió deuda por 5,500 millones de dólares sin informar a la SEC al respecto. Es decir, hubo un encubrimiento de fraude ante el público inversionista de Estados Unidos, una conducta penada explícitamente por la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Pemex podría ser el nuevo Odebrecht. La tercer bala se esconde en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que tiene bajo su poder grabaciones comprometedoras de funcionarios de Pemex que podrían implicar actos de corrupción al más alto nivel. Algunas son públicas y otras privadas. Las primeras, dadas a conocer por W Radio y Univisión, revelan una conversación del ex coordinador ejecutivo de Pemex Perforación y Servicios, José Carlos Pacheco, en la que habla sobre financiamiento ilegal a campañas políticas y sobornos para conseguir acceso al entonces director de la empresa productiva del Estado, Emilio Lozoya. Los audios fueron obtenidos por la firma de espionaje israelí, Black Cube, conocida como el Mossad privado; esto en el contexto del conflicto de Pemex con la compañía Oro Negro, de la familia Gil White. Este caso pone de relieve que, además de la administración de Donald Trump, existe un amplio abanico de actores no estatales y poderes fácticos que podrían presionar a Pemex. Los Gil White, por ejemplo, han utilizado los servicios de prominentes despachos legales estadounidenses vinculados a funcionarios y ex funcionarios del Departamento de Estado. La firma que contrató a Black Cube a nombre de la familia Gil White fue Quinn Emanuel Urquhart and Sullivan. Hasta hace poco menos de un año, el embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, era uno de los socios más destacados del despacho. Asimismo, Tony Garza, embajador estadounidense en México de 2002 a 2009, ha sido consultor en White & Case, una firma legal con nexos a los Gil White. Sin embargo, hasta ahora, la figura más visible y de mayor relevancia en el escrutinio de Pemex desde Estados Unidos ha sido Jay Clayton, el presidente de la SEC. Podría argumentarse que el hombre encargado de unir los puntos de las tramas de presunta corrupción y negligencia en Pemex es alguien que le debe su carrera política al presidente de Estados Unidos. Pero eso no es todo: antes de ingresar al servicio público, Clayton fue uno de los socios de mayor rango en Sullivan and Cromwell, un despacho que representaba a Pemex. Ello implica que la administración de Donald Trump conoce el terreno y tiene la mesa servida para auditar a Pemex. El desenlace es impredecible. Lo único cierto es que Pemex está en la mira.