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01 de Agosto del 2020

Osorio Chong: en la mira de la 4T

Fuentes de alto nivel del gabinete federal dijeron que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública están revisando las cuentas y contratos de la Partida Especial 33701, controlada por la Secretaría de Gobernación de la administración de Enrique Peña Nieto. Se ejercieron 40 mil millones de pesos.
Miguel Ángel Osorio Chong y el Grupo Hidalgo están en serios problemas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador los ha convertido en un objetivo prioritario de investigación. Fuentes de alto nivel del gabinete federal le dijeron a Milenio que la Unidad de Inteligencia Financiera y la Secretaría de la Función Pública están revisando las cuentas y contratos de la Partida Especial 33701, controlada por la Secretaría de Gobernación para financiar misiones de inteligencia para el combate al tráfico de drogas. Fueron operaciones de Bucareli coordinadas con la Procuraduría General de la República, el CISEN y la UIF. En el sexenio anterior, Miguel Ángel Osorio Chong impulsó un cambio constitucional para fusionar la Secretaría de gobernación con la Secretaría de Seguridad Pública. El ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado era el hombre fuerte de la seguridad nacional en la administración de Enrique Peña Nieto. La PGR estaba cargo de otro miembro de Grupo Hidalgo, Jesús Murillo Karam. Lo mismo el CISEN, cuyo titular era el también hidalguense Eugenio Imaz. Según fuentes del gobierno de López Obrador consultadas por Milenio, se investiga cómo una partida que tenía un presupuesto aprobado de 810 millones de pesos se transformó en una operación de 40 mil millones de pesos. Por presuntas razones de seguridad nacional, el gasto en operativos en territorio, compra de software de inteligencia y el traslado de reos se realizó en total confidencialidad. Por ejemplo, según refiere Milenio, la Policía Federal contrató el Software Rafael con un sobre costo de 2,500 millones de pesos. Las cuentas desclasificadas de la Partida Especial 33701 muestran que tan solo en 2018, se ejercieron recursos por 10,200 millones de pesos; tres veces más de lo estipulado originalmente. La filtración de esta presunta investigación de agencias federales ocurre un día después de que Miguel Ángel Osorio Chong refutó una nota de Milenio que hacía referencia a la promoción de un supuesto amparo del ex secretario de Gobernación contra posibles investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera, la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía General de la República. Éste no es el primer aviso de la 4T en contra del Grupo Hidalgo. El mes pasado, el diario El País publicó que la División de Asuntos Internos de la PGR de Murillo Karam dejó sin justificar 102 millones de pesos de una cuenta utilizada para fines de seguridad nacional: pago de confidentes, operativos y gastos relacionados con casos de alto perfil contra el crimen organizado. El gasto no se pudo comprobar porque esos al menos 98 millones de pesos fueron retirados en efectivo en distintas instancias, de acuerdo al reportaje. Un oficial de la Fiscalía General de la República dijo que estaban a punto de judicializar el caso y que incluía a dos operadores de Murillo Karam que pertenecen al Grupo Hidalgo, Luis Lagarde y Lidia Noguez. Más allá de exhibir el modus operandi del aparato de seguridad nacional del gobierno de Enrique Peña Nieto, que era comandado por el poderoso secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, ha quedado de relieve que la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene en la mira al Grupo Hidalgo.