29 de mayo 2022

30 de septiembre 2021

Política

Michoacán, ¿un narcoestado?

La anulación de cuatro comicios electorales en Michoacán por la intervención probada del crimen organizado es un reflejo más de la ingobernabilidad que se vive en el estado desde hace tiempo

Por Bernhard Buntru

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El auge del crimen organizado en México no se puede entender sin la participación del poder político.

Pero ahora, en algunos lugares de Michoacán, pareciera que la tan arraigada delincuencia local busca convertirse en el poder político.

Pese a haber validado las elecciones a gobernador en Michoacán, en las que resultó ganador el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anuló la votación de cuatro municipios del estado, donde se pudo acreditar la intervención del crimen organizado en el proceso electoral.

Más allá del contexto político en el cual se da el contradictorio fallo del Tribunal Electoral, la decisión de la autoridad llama la atención nuevamente al enorme problema de gobernabilidad que aqueja a Michoacán desde hace tiempo.

Considerada la entidad del país donde en 2006 se declaró la llamada Guerra contra el narco, Michoacán ha atestiguado algunas de las peores escenas de violencia que se han vivido en el país en la última década y media. 

Hoy, la investigación de campo realizada por expertos permite afirmar que el poder de las bandas delictivas en Michoacán permea el tejido político, económico y social en gran parte de su territorio.

Incluso, el propio presidente de la República afirmó en 2019 que el puerto marítimo de Lázaro Cárdenas estaba infiltrado por la delincuencia.

Localidades como Aguililla, Apatzingán y pueblos aledaños, se encuentran -actualmente- bajo un control de facto del crimen organizado.

Por su parte, el gobernador saliente, Silvano Aureoles, ha concentrado sus esfuerzos políticos de los últimos meses en llamar la atención a la grave descomposición que impera en el estado.

Y ante la negativa del gobierno federal de prestar especial atención, el perredista ha hecho que el tema de la crisis de gobernabilidad en Michoacán llegue incluso a la Organización de Estados Americanos y al Comité de Inteligencia del Congreso estadounidense.

Porque ni Tamaulipas, ni Jalisco, ni Sonora, ni Chihuahua, ni Sinaloa, ni Baja California -entidades donde el narco se encuentra más que arraigado- presentan las mismas dimensiones del problema que presenta Michoacán.

Un estado carcomido por el poder criminal – hoy convertido en disputante abierto del poder político. 

Ahora, tras el falló del Tribunal Electoral, la Tierra Caliente que no se ha enfriado en más de una década, será gobernada por el partido oficial. 

¿Y quién realmente controla al partido oficial en Michoacán? Esa es la gran pregunta. 

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