FACEBOOK

VISTAS
15 de Agosto del 2020

Los diputados de Nuevo León están en la antesala de la prisión

Es en serio: en menos de seis meses, los diputados del Congreso de Nuevo León podrían enfrentar cargos penales por desacatar una y otra vez las sentencias de un juez.
No es una exageración: para inicios de 2021, el actual Congreso de Nuevo León podría ser destituido y los diputados locales podrían enfrentar penas de hasta 10 años de cárcel. Y todo porque la mayoría de los legisladores han ignorado la ley una y otra vez. 

 Este jueves, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa declaró fundado un incidente de inejecución de sentencia y propuso por unanimidad a la Corte la destitución del Congreso de Nuevo León. Esto por incumplir hasta en ocho veces la ratificación de Ángel Mario García, magistrado del Tribunal Superior del Justicia. 

 De acuerdo con un fragmento de la sesión, el magistrado ponente Manuel Sánchez advirtió que la autoridad responsable -en este caso el Poder Legislativo- incumplió reiteradamente la sentencia del Juez de Distrito, quien ordenó la ratificación de García. 

"En consecuencia se aprueba: subsiste el incumplimiento de la sentencia de amparo dictada el 6 de febrero del 2018 en el juicio de amparo 1044/2017 del Juzgado Tercero de Distrito", informó.

 La propuesta de separación del cargo de la autoridad responsable fue remitida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que deberá dictar “a la brevedad posible la resolución que corresponda”, según lo estipulado en el artículo 198 de la Ley de Amparo vigente.

 Una fuente cercana al caso, quien pidió no ser identificada, indicó que la propuesta de separación será analizada por la ministra Yasmín Esquivel Bossa, integrante de la Segunda Sala, encargada de sesionar los asuntos en materia administrativa y laboral. De fallar a favor de García, advirtió la fuente, la ministra considerará si los diputados deberán ser separados del cargo, inhabilitados y/o consignados a un juez penal federal.

 Cabe mencionar que el artículo 267 de la Ley de Amparo contempla “de cinco a diez años de prisión, multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente… Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir”.

 Hasta ahora se desconoce si la resolución recaería en contra los 42 diputados o solo contra los que votaron en contra de la ratificación.

 De acuerdo con la fuente, los 26 diputados del PRI, PAN y PT han rechazado repetidamente la ratificación del magistrado, al considerarlo incómodo.

 Según comentó, los legisladores en cuestión se muestran confiados de que el fuero los protegerá contra la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; sin embargo, detalla, ignoran que una vez separados del cargo ya no contarían con dicha protección. De seguir su curso esperado, señaló, el proceso culminará con una sanción sin precedentes en el país en contra de un Poder Legislativo. 'Patean el bote' El 17 de marzo, se dio a conocer que un juez de distrito ordenó al Poder Legislativo -por cuarta ocasión- ratificar al magistrado Ángel Mario García.

 Las bancadas del PRI y PAN en el Congreso local desestimaron la sentencia del juzgador. Mientras que los panistas aseguraron que acatarían la orden, dijeron que el tema no era prioritario. En tanto, el liderazgo de la bancada del PRI consideró que no se les puede obligar a ratificar al magistrado. Por el otro lado, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio, afirmó que la resolución del juez confirma que el Poder Legislativo ha actuando repetidamente con dolo en este caso y pone en evidencia el desacato al amparo. Apenas el 8 de febrero, el Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa multó al Congreso y le abrió un incidente de inejecución de sentencia a los legisladores, por no ratificar a García. El caso data de noviembre de 2017, cuando el Congreso rechazó ratificar por un periodo de 10 años más a Ángel Mario García como Magistrado del Tribunal Superior de Justicia. El protocolo estipula que los magistrados del Tribunal Superior de Justicia tendrán una encomienda de 20 años, con un proceso de ratificación a la mitad del periodo. Los argumentos para rechazar la ratificación iban desde que las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial publicadas en 2016 establecían la reducción de dos magistrados en el tribunal, hasta que García mantenía un trabajo adicional al de magistrado. Para ese momento, el propio presidente del Tribunal y el Consejo de la Judicatura habían recomendado al Congreso la ratificación de García. El de 26 de diciembre de 2017, este promovió un amparo, lo ganó y el Juzgado Tercero de Distrito ordenó que se volviera a analizar el caso y emitir un nuevo decreto.

 Desde entonces, el Congreso de Nuevo León ha utilizado el recurso dilatorio para prolongar la ratificación de García. 

Ahora, el caso llega a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y por primera vez en la historia de México, la Corte Suprema tiene el camino trazado para ordenar la destitución de un Congreso estatal, así como la consignación de los diputados a un juez penal federal.