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12 de Febrero del 2019

“La puerta giratoria” en la 4T

“La puerta giratoria”, donde exfuncionarios saltan a empresas privadas, y viceversa busca ser regulada con una Ley de Austeridad, que fija una veda de 10 años
El presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que no es ilegal pero sí inmoral que funcionarios de gobierno brinquen al sector privado. El gobierno impulsará una veda de 10 años para “hacer categórica”, la diferencia entre el interés público y el privado, a través de la iniciativa de Ley Federal de Austeridad Republicana. En el proyecto de ley que fue enviado al poder legislativo, se busca transparentar el patrimonio de los funcionarios públicos y también se incluirá a quienes terminan su gestión y luego pasan como chapulines “fifí”, conservadores, que brindan a trabajar a las empresas relacionadas con la función que tenían. “Se tiene que prohibir esta práctica; estará en la Ley de Austeridad, ningún funcionario público lo seguirá haciendo, habrá una veda de 10 años”, destacó en la conferencia matutina. Al hacer referencia a la lista de exfuncionarios de energía que se fueron a trabajar a empresas particulares, AMLO refirió que se llegó a la enajenación de decir que si no tienen  los servidores públicos posibilidad de trabajar en el sector privado, ¿de qué van vivir?, a lo que respondió, que hay otras empresas y otras actividades, que pueden tener forma de seguir trabajando. El debate tiene que ver con “La puerta giratoria”, que convierte a exfuncionarios públicos en directivos de compañías privadas, y viceversa, lo cual ha derivado en contratos “leoninos”, conflicto de interés, tráfico de influencias que afectan el desempeño de las empresas productivas del estado como Pemex y la CFE, según el mandatario federal. Al respecto, Fluvio Ruiz Alarcón, exconsejero de Pemex, indicó que es normal, en México y en el mundo, que funcionarios públicos especializados pasan a la iniciativa privada, o que los directivos de compañías formen parte del gobierno, por la especialización. Sin embargo, opinó que la propuesta de AMLO para limitar esa práctica no sólo restringe el derecho de los exfuncionarios a optar por oportunidades de trabajo, sino que convierte un “imperativo ético en una obligación legal” porque hay un derecho constitucional al trabajo, y una normatividad que establece que, al año de haber concluido funciones de servicio público, éstos pueden incorporarse a trabajos en compañías privadas.