19 de abril 2021

12 de diciembre 2020

Política

La ‘Ley García Luna’ de la 4T

El nuevo padrón de telefonía móvil aprobado ayer por los diputados requerirá que los usuarios entreguen sus datos personales más personales. ¿El problema? No existe evidencia de que esto ayude a reducir la extorsión, además de que expone a las personas a ataques informáticos y robo de identidad, aseguran organizaciones de derechos humanos.

Por Bernhard Buntru

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Dicen que a veces, la medicina resulta peor que la enfermedad. 

Y es que, en medio de críticas por poner en riesgo la privacidad de las personas y violentar sus garantías constitucionales, la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, aprobó ayer la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, el cual deberá contener información de cada línea telefónica y lo más peligroso: los datos personales más personales del titular de la línea. 

Porque, según argumentaron los diputados, esto ayudará a disminuir la extorsión.

La reforma establece que el registro de cada línea telefónica móvil deberá contar con el número de la línea, el número de serie o identificador único de la tarjeta SIM, la fecha y hora de la activación, nombre completo o razón social del usuario, número de identificación oficial con fotografía, CURP del titular de la línea, su domicilio y sus datos biométricos. Sí, los datos biométricos, o sea, los mismos datos personales que hoy se necesitan para abrir una cuenta de banco o para sacar un pasaporte.

El Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) será el encargado de regular, operar y resguardar dicha base de datos. 

Al posicionarnos a este dictamen hemos advertido la importancia y la necesidad hemos advertido que este registro se utilize solamente para temas de seguridad.

Sin embargo, organizaciones de derechos humanos advierten que la medida no solo no ayudará a prevenir la extorsión, sino que podría dar raíz a problemas mucho más graves. 

La Red en Defensa de los Derechos Digitales -o R3D- destaca las tres principales preocupaciones en torno al nuevo padrón. 

Primero que nada, señala que en el mundo no existe evidencia de que los registros obligatorios de tarjetas SIM ayuden a reducir delitos como la extorsión.

Segundo, menciona que el Padrón es una medida fácilmente eludible, atenta contra la presunción de inocencia y constituye un gasto irresponsable.

Y tercero, las más importante: sostiene que la inclusión de una base de datos biométricos centralizada puede generar violaciones irreversibles al derecho a la privacidad y crea un punto de falla altamente atractivo para ataques informáticos.

Después de todo, recordemos el RENAUT (Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones) -también conocido como el Proyecto García Luna, un padrón similar creado en 2008, el cual tuvo que ser eliminado dos años después debido a que su base de datos fue vulnerada y puesta a la venta en el mercado negro. Para acabarla, durante su operación lejos de reducirse, el delito de extorsión aumentó 40% y el de secuestro, 8%.

Hoy, la base de datos completa del Renaut puede ser adquirida en internet por unos 500 pesos. 

La información será protegida por lo establecido en la Ley Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

Por eso, resulta sorpresivo que una medida cuyos fines no están respaldados por la evidencia, -y que conlleva grandes riesgos para la población- haya sido aprobada por los diputados en fast-track. 

Y así, rapidito y sin mucha discusión, México se unió a la siguiente lista de países que requieren los datos biométricos de sus usuarios de telefonía. 

Ni hablar. 

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