9 de agosto 2022

10 de mayo 2022

Política

El gobierno no está protegiendo periodistas. Los está matando

La colusión entre el crimen organizado y los gobiernos locales de territorios dominados por los cárteles de la droga representa el principal factor de riesgo para los periodistas mexicanos. De acuerdo a datos oficiales, alrededor del 44 por ciento de los asesinatos de periodistas apuntan al involucramiento directo o indirecto de un funcionario público

Por Redacción Magenta

COMPARTE ESTA HISTORIA

¿Qué pasó?

La colusión entre el crimen organizado y los gobiernos locales de territorios dominados por los cárteles de la droga representa el principal factor de riesgo para los periodistas mexicanos. El 2022 está encaminado a ser el peor año en México en términos de asesinatos a periodistas.

¿Por qué importa?

  • De acuerdo con cifras de la organización Artículo 19 se han registrado mil 945 agresiones contra la prensa en México desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018.
  • El balance incluye 35 asesinatos (11 en lo que va de 2022), y dos desapariciones, que se traduce en un 85% más que en el primer trienio del presidente Enrique Peña Nieto. Human Rights Watch advirtió que México es el segundo país del mundo más violento para la prensa, sólo después de Ucrania.

El contexto:

  • Este lunes, Yessenia Mollinedo Falconi y Sheila Johana García Olivera (directora y reportera del semanario “El Veraz”, respectivamente) fueron asesinadas a tiros, alrededor de las 15:00 horas, en el municipio de Cosoleacaque, Veracruz.
  • Con ellas dos suman 11 periodistas asesinados en México en lo que va del año. Los otros nueve son José Luis Gamboa, Margarito Martínez, Lourdes Maldonado, Roberto Toledo, Heber López, Jorge Luis Camero, Juan Carlos Muñoz, Armando Linares y Luis Enrique Ramírez Ramos.
  • En marzo pasado, el Parlamento Europeo exhortó a la administración de AMLO a poner fin a la “retórica populista para denigrar e intimidar a periodistas independientes, propietarios de medios de comunicación y activistas”. Éste los acusó de ser “borregos” y “reaccionarios” a un asunto de política interna.

Los detalles:

  • De acuerdo a datos oficiales del gobierno federal al mes de abril de 2021, alrededor del 44 por ciento de los asesinatos de periodistas apuntan al involucramiento directo o indirecto de un funcionario público.
  • Asociaciones de periodistas mantienen la hipótesis de que los autores intelectuales de dichos asesinatos son miembros del crimen organizado o funcionarios públicos, o ambos, que operan con recursos y conexiones, refiere Columbia Journalism Review.
  • Joel Vera, periodista de Monitor Michoacán -un sitio dedicado a cubrir la política local y la corrupción en Zitácuaro- afirma que a finales de 2021 todo su equipo había recibido amenazas debido las denuncias que profesaban en contra del gobierno municipal de Antonio Ixtlahuac, la policía y la procuraduría.
  • En enero pasado, Monitor publicó un breve artículo acusando a la policía y funcionarios estatales de falsificar cargos por drogas; antes habían hecho señalamientos en contra de partidarios de Silvano Aureoles, el ex gobernador de Michoacán a quien acusaron de corrupción. Días después fueron asesinados Roberto Toledo y Armando Linares.
  • Al momento de su asesinato, Linares -quien era director de Monitor- estaba en proceso de inscribirse al Mecanismo Federal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, un programa que ha fracasado en sus intentos por brindar verdadera protección a los representantes de la prensa.
  • Según datos oficiales, casi el 90 por ciento de quienes solicitan el mecanismo reciben protección, pero en la práctica no está clara la duración y la calidad de dichas medidas, las cuales mayormente son transferidas a los comités estatales.
  • La prueba está en que al menos 10 periodistas que estaban inscritos o en proceso de inscripción fueron asesinados, incluidos Lourdes Maldonado, Margarito Martínez y Armando Linares, todos ocurridos en lo que va del año.
  • Por otra parte, Artículo 19 ha documentado una táctica de censura indirecta por parte del Estado hacia algunos periodistas que son acosados con denuncias legales: presentar cargos arbitrarios y falsificados contra periodistas para que tengan que pasar por un largo proceso penal y posiblemente prisión preventiva.
  • “Tanto los mecanismos federales como los estatales tienen un enfoque reactivo, no preventivo… No tienen mucha coordinación con nuestras autoridades, por ejemplo, para investigar los casos a fondo. El gobierno no está creando nada para prevenir la violencia o combatir la impunidad”, expresó Paula Saucedo, oficial de protección y defensa de Artículo 19, una organización sin fines de lucro dedicada a la libertad y protección de la prensa.
  • Jan-Albert Hootsen, representante en México del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), afirma que la situación actual es el resultado de años de grave negligencia e indiferencia por parte del Estado mexicano.
  • “Casi parece que, por diseño, el gobierno mexicano no quiere tener éxito en la creación de un estado justo. La corrupción ha estado muy arraigada en el sistema político de México durante siglos. Y el periodismo simplemente no se considera un cuarto poder fundamental de la sociedad que debe protegerse a toda costa.
  • “No existe una cultura de transparencia y libertad de expresión, y no va a cambiar mágicamente de la noche a la mañana”, indicó Hootsen.
  • En su blog ‘Narco Politics’, el periodista especializado Ioan Grillo, argumenta que además de la colusión entre funcionarios e integrantes del crimen organizado, lo que realmente mata a los periodistas es una combinación de ciertos factores:
  • “Un sistema de justicia disfuncional; una guerra fallida contra las drogas; narcopolítica; pobreza y pésimas condiciones de trabajo; y el fracaso de la sociedad en general para abordar estos problemas”, expresó.
  • Y dicha situación parece no tener fin. En las últimas tres décadas, sólo tres asesinatos de periodistas han terminado en condenas, como es el caso de Miroslava Breach, Javier Valdez y Máximo Rodríguez, todos resueltos en 2017.
  • “Es justo decir que la libertad de prensa y la seguridad claramente no son una prioridad para la administración de López Obrador”, refirió Natalie Southwick, coordinadora para América Latina y el Caribe del CPJ.
Publicidad
Publicidad
Publicidad