1 de diciembre 2021

15 de octubre 2021

Política

El doble costo de la reforma eléctrica

Un análisis de Citibanamex estima que el gobierno federal podría pagar 85 mil millones de dólares por indemnizaciones, litigios, arbitrajes y compensaciones vinculados a las inversiones afectadas por la reforma eléctrica. Además, se pondrían en riesgo proyectos financiados con dinero de las pensiones

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

La aprobación de la reforma eléctrica traería consigo un doble costo para el gobierno federal, pues además de pérdidas por 85 mil millones de dólares en el pago de indemnizaciones y compensación a privados, también pondría en riesgo casi 6 mil millones de dólares de las pensiones de los mexicanos.

¿Por qué importa?

Esto se da una semana después de que la calificadora Moody’s proyectara un escenario catastrófico para México, en torno a la aprobación de la iniciativa: la deuda soberana estaría en un mayor riesgo de perder el grado de inversión.

El contexto:

El 30 de septiembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto para modificar los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, mejor conocida como la Ley de la Industria Eléctrica. Esto le daría a la CFE el control del 54% en la generación eléctrica del país.

Los detalles:

  • Un análisis de Citibanamex estima que el gobierno federal podría pagar 85 mil millones de dólares por indemnizaciones, litigios, arbitrajes y compensaciones vinculados a las inversiones afectadas por la reforma eléctrica.
  • De acuerdo con el estudio realizado por la institución financiera, la iniciativa propuesta por AMLO representaría un nuevo golpe a la confianza de las empresas y los inversionistas, afectando la perspectiva macroeconómica de México en la pérdida del grado de inversión.
  • En ese sentido, Citibanamex consideró en su reporte que las consecuencias de la aprobación de la reforma eléctrica serán más profundas que las derivadas de la cancelación del NAIM, al que llamaron ‘el error de octubre’.
  • “Los mayores costos directos provendrían de compensaciones e indemnizaciones que probablemente irían a los inversionistas, así como gastos por litigios asociados con las demandas potenciales, los cuales estimamos en alrededor de 85 mil millones de dólares (el equivalente al 6.6% del PIB).
  • “La mayoría de estas estimaciones se encuentran entre 20 y 120 mil millones de dólares (entre 1.5% y 9.3% del PIB). Para poner estas cifras en contexto, considere que la inversión extranjera en el sector desde 1994 suma alrededor de 40 mil millones de dólares a valor presente, y que resoluciones anteriores para este tipo de disputas han dado como resultado reclamos por daños de alrededor de 1.8 veces los costos o pérdidas estimados”, se lee en el reporte del banco.
  • Por otra parte, un análisis de la firma estadounidense REDD Intelligence reveló que más de 5.8 millones de dólares en activos que pertenecen a a las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afore) se verían afectados si el Congreso aprueba la reforma eléctrica.
  • De acuerdo con REDD, el monto total de la inversión privada en el sector eléctrico asciende a 45 mil millones de dólares, tanto de inversores nacionales como extranjeros, de los cuales, calculan que el 2 por ciento pertenece a las Afores.
  • Aunque según sus previsiones, se trata de una cifra menor, impactará de manera negativa a millones de mexicanos que cuentan con un fondo de pensión, en caso de que se suspendan o cancelen los contratos de los generadores privados.
  • “Fondos de pensiones extranjeros también han invertido en este mercado; por ejemplo, el CDPQ de Canadá y el fondo de pensiones mexicano CKD IM compraron una participación del 80% en ocho parques operados por la empresa italiana Enel en 2018.
  • “El fondo estadounidense BlackRock y el fondo de inversión Actis también poseen grandes porciones de algunos de estos tipos de proyectos, dijeron dos fuentes de la industria”, se lee en el informe, firmado también por el especialista Édgar Sigler, el cual concluye que el impacto podría afectar a las pensiones de ciudadanos de dichos países.
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