29 de mayo 2022

11 de diciembre 2020

Política

Diputados aprueban la Ley García Luna

Por mayoría de votos, el pleno de la Cámara de Diputados avaló la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones para que los usuarios de telefonía móvil se registren en un padrón nacional

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

Con 392 votos a favor, 44 en contra y nueve abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó la reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión para crear el Padrón Nacional de Usuarios Telefonía Móvil.

¿Por qué importa?

Todos los usuarios que cuenten con un dispositivo móvil o celular deberán inscribirse en dicho registro nacional, aportando todos sus datos personales con la finalidad de que la información sea de utilidad para investigar casos de secuestro o extorsión.

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) consideró el dictamen como una violación a los derechos humanos

El contexto:

  • Irene Levy, presidenta del Observatel, se refiere a la iniciativa como la Ley García Luna, por el potencial que tendría esta infraestructura para utilizarse en actividades de espionaje.
  • Especialistas del sector de telecomunicaciones y organizaciones de la sociedad civil advierten que la iniciativa vulnera derechos de privacidad y seguridad digital de los ciudadanos. El argumento central de quienes advierten sobre los riesgos de la Ley García Luna es que “no existe evidencia sobre la efectividad del mecanismo, pero sí de su impacto negativo”.
  • Cabe recordar que en 2009, la administración de Felipe Calderón intentó cambiar la ley para crear un registro similar (el extinto Renaut), pero la iniciativa fue rechazada por la oposición y derogada en 2011.

Los detalles:

  • Durante la discusión de la reforma, que fue turnada al Senado, se estableció que el Instituto Federal de Telecomunicaciones resguardará el registro y los datos de los usuarios asociados a teléfonos móviles, que según reportes, ascienden a 122 millones de un total de 140 millones de líneas telefónicas que hay en el país.
  • La principal razón de la iniciativa se basó en que, al no tener certeza de quién es el propietario o usuario de la línea, además de la facilidad con la que se puede adquirir un chip telefónico (tarjeta SIM), daba pie a que se cometieran extorsiones y secuestros por esta vía, inclusive desde las cárceles.
  • Las empresas operadoras deberán realizar una campaña para que los usuarios registren todos sus datos: número de teléfono celular, el número de serie de la tarjeta SIM, nombre, Clave Única del Registro de Población (CURP), código de identidad del aparato, así como el número de identificación oficial. Tendrán un plazo de seis meses, de lo contrario, su línea será cancelada.
  • Respecto a los casos en que un móvil haya sido reportado como extraviado o perdido, se ordenará la suspensión y bloqueo de la línea, ante el riesgo de que pueda ser utilizado por terceros para cometer delitos, y con ello, relacionar directamente al propietario, registrado en el padrón.
  • La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) aseguró que el dictamen constituye un atentado contra los derechos constitucionales de los ciudadanos de tener acceso a tecnologías de la información, así como a la protección de sus datos personales; en tanto, la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D) lo consideró una violación a los derechos humanos.
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