FACEBOOK

VISTAS
18 de Febrero del 2019

Denuncian a exfuncionarios del SAT por peculado y cohecho

Luis Manuel Pérez de Acha presentó una denuncia penal contra exfuncionarios del SAT, quienes en 2016 dieron a la empresa CEPRA un contrato por más de mil millones de pesos
Luis Manuel Pérez de Acha, ex aspirante a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR), denunció a ex funcionarios del Servicio de Administración Tributaria (SAT) por haber dado un contrato por más de mil millones de pesos a una empresa que estaba inhabilitada. La denuncia penal por los delitos de peculado, cohecho y uso indebido de atribuciones fue presentada ante la FGR. De acuerdo con la acusación, en septiembre de 2016, el SAT adjudicó a Cepra un contrato de mil 176 millones de pesos para proveer los puestos de servicio para contribuyentes del organismo y mantener 40 mil computadoras en sus oficinas. La licitación había sido ganada por Mainbit, que era la proveedora del servicio y ofertó un máximo de 998 millones, pero ante una inconformidad el Órgano Interno de Control del SAT ordenó anular el fallo y volver a evaluar la propuesta de Cepra, con lo que la primera salió derrotada. Con ese contrato, Cepra debía proveer de equipo de cómputo en 49 aduanas, 67 administraciones de impuestos, subsedes, módulos y oficinas centrales. Pérez de Acha señaló que esa empresa, además de estar inhabilitada para tener contratos de la administración pública, presentó información falsa sobre su capacidad y recursos necesarios para cumplir con el contrato. “CEPRA presentó un listado total de 902 Centros de Servicio en todo el país, los cuales, conforme a las verificaciones efectuadas por el SAT y el OIC de la propia dependencia, así como de las investigaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), se comprobó que eran Centros de Servicio Inexistentes o que, en su defecto, no contaban con las capacidades adecuadas para proporcionar el servicio”, se detalla en la denuncia. Reforma publicó en 2018 que Cepra fue inhabilitada en 2016 para participar durante un año en procedimientos de contratación federales por presentar documentos falsos en una licitación de Pemex. La Auditoría Superior de la Federación (ASF) concluyó que la compañía había entregado datos falsos al SAT para obtener una ventaja indebida y ganar el contrato para administrar los puestos de servicio a los contribuyentes. La acusación precisa que el propio SAT, previo a adjudicar el contrato, realizó visitas a 30 centros de servicio, de los cuales sólo tres cumplían con los requisitos establecidos en la licitación; en síntesis, la gran mayoría de los servicios prestados por Cepra eran fantasma. El abogado pidió a la FGR investigar el caso a partir de los "datos objetivos y ciertos" proporcionados por la Auditoría y, en función de ello, determinar la responsabilidad penal de los servidores públicos involucrados. Pérez de Acha fue integrante del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción y uno de los 27 candidatos a fiscal General.