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04 de Julio del 2019

Del Desfalco Profundo a Fertinal

Código Magenta dio a conocer dos investigaciones que hoy son parte de la agenda central de la administración de Andrés Manuel López Obrador: el fraude de Fertinal y el Desfalco Profundo de la CFE.
Si Manuel Bartlett tomó la decisión de llevar a la CFE a un juicio de arbitraje de 3,694 millones de dólares contra empresas multinacionales que construyeron la red de gasoductos más importante del país, obedece en gran medida a que su principal argumento de litigio se hizo público. En asociación con Quinto Poder, Código Magenta publicó la investigación del Desfalco Profundo, en el que se documenta, con base en testimonios y archivos internos de la CFE, que el Estado mexicano deberá pagar 846 mil millones de pesos por una red de infraestructura que, al momento de la publicación, estaba siendo utilizada en un 8.18 por ciento de su capacidad total. El tema incluso fue retomado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador en una de sus conferencias matutinas, quien se refirió a estos contratos de transporte de gas como “leoninos”. Código Magenta fue el primer medio en dar a conocer que la CFE acusó a Ienova, TransCanada, Fermaca y a Grupo Carso de coludirse con la administración anterior para imponer cláusulas a modo de casos de fuerza mayor en los contratos de la red de gasoductos. Ésta es la base del juicio de arbitraje que, según la iniciativa privada, representa la mayor confrontación con el empresariado desde la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. También Fertinal Antes de que la Fiscalía General de la República abriera una causa judicial en contra de Emilio Lozoya, Código Magenta dio a conocer el caso Fertinal. Este medio documentó no sólo el papel del ex director de Pemex en una operación fraudulenta de 635 millones de dólares, sino el historial de Fabio Covarrubias, el empresario beneficiado que, hasta ese momento, había permanecido relativamente anónimo. La investigación del fraude de Fertinal explicó, por primera vez, la importancia que, de acuerdo a personas familiares al asunto, tuvo la emisión de un dividendo que habría fungido como el mecanismo de un presunto soborno a un alto funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto. Hoy, esa denuncia está en manos de los fiscales del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La relevancia del caso reside en que, tal como lo ha dicho el abogado de Emilio Lozoya, tiene el potencial de implicar a la plana mayor del gabinete económico del sexenio anterior.