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22 de Noviembre del 2018

Cárteles y Casinos: radiografía criminal de Tamaulipas

Hace 18 meses, el gobierno de Tamaulipas prohibió la operación de casinos. Ahora, el Congreso local los ha vuelto a reinstalar. ¿Qué podría salir mal? Después de todo, éste es el estado sede del Cártel del Golfo y el Cártel de los Zetas
Tomás Yarrington enfrenta once cargos en la Corte del Distrito Sur de Texas, incluido el de asociación delictuosa para el lavado de dinero de los cárteles de la droga. Eugenio Hernández lo mismo. Está en espera de ser extraditado para ser juzgado en Estados Unidos.  En México, un juez federal ya lo encontró culpable de peculado y operaciones con recursos de procedencia ilítica. ¿Qué otra cosa tienen en común? Que ambos fueron gobernadores de Tamaulipas, el estado sede del cártel del Golfo y el cártel de los Zetas; un estado que apenas ayer volvió a legalizar los casinos. La pregunta es: ¿Qué podría salir mal? 30 votos a favor y sólo 4 en contra. De esa manera, el Congreso del Estado de Tamaulipas aprobó la legalización de casinos, casas de juegos y casas de apuestas en una entidad en la que es cada vez más difícil distinguir entre la economía legal y la economía financiada por el crimen organizado. De acuerdo al Departamento de Justicia de Estados, los cárteles mexicanos y colombianos facturan entre 18 mil millones de dólares y 39 mil millones de dólares al año. ¿Dónde está ese dinero? Francisco Javier García Cabeza de Vaca tiene una hipótesis: los dólares se lavan en los casinos mexicanos. Algo sabe de eso, no sólo es el actual gobernador de Tamaulipas, sino que fue el Presidente de la Comisión de Defensa Nacional del Senado de la República. Hace 18 meses, Tamaulipas prohibió los casinos porque, en palabras del propio gobernador, “facilitaban el financiamiento de estructuras del crimen organizado”. Durante ese periodo, el gobierno de García Cabeza de Vaca cerró más de 29 casinos, algunos de ellos con vínculos evidentes a los cárteles de las drogas. Un año y medio después, los aliados del gobernador en el Congreso han reinstalado esta “fuente de financiamiento del crimen organizado”. ¿Qué cambió? ¿Se limpió la industria? ¿Se procesó a los lavadores? ¿Dejó de fluir dinero de los cárteles de la droga? ¿El gobierno recuperó el control del estado? Nada de eso. La justificación del diputado Glafiro Mendiola se basa en la aseveración de que se podrán recaudar mayores impuestos y de que existen mayores elementos jurídicos para evitar el lavado de dinero. Hay razones de sobra para la sospecha. Tomás Yarrington enfrenta acusaciones de haber recibido sobornos del Cártel del Golfo, del Cártel de los Zetas y del Cártel de los Beltrán Leyva. La infiltración del crimen organizado en las agencias gubernamentales de Tamaulipas sigue siendo un tema sin resolver. Además, se desconoce cuál es la magnitud del negocio que podría ser blanqueado en los casinos de Tamaulipas. Las autoridades estadounidense le han incautado propiedades millonarias a Yarrington, incluido un condominio en South Padre Island, casas en McAllen y Houston, y un avión. Y eso es sólo en Estados Unidos. El caso de Alejandro Peña Arguelles es útil para dimensionar el asunto. En tan sólo una operación, este empresario acusado de ser prestanombres de Yarrington, lavó 5.5 millones de dólares a través bancos estadounidenses. Fue sentenciado a 2 años y medio de prisión en una cárcel de Estados Unidos. Otro caso es el de Manuel Muñoz Luévano, señalado por la Fiscalía Anticorrupción de España como el operador financiero del cártel de los Zetas. Este personaje, conocido como el Ingeniero o el Mono, construyó un imperio de gasolineras y desarrollos inmobiliarios para blanquear el dinero de un cártel con presencia internacional. Hoy está preso en España y espera ser extraditado a Esados Unidos. Estamos hablando de organizaciones criminales multinacionales que tiene su sede en Tamaulipas. Y es justamente aquí donde el gobierno ha vuelto a legalizar los casinos. Por eso preguntamos, ¿qué podría salir mal?