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06 de Mayo del 2020

Consejo Coordinador Empresarial presenta plan contra Covid-19

El sector privado ha sido enfático en que México debería perseguir una respuesta económica más robusta. El gobierno planea expandir el gasto público en apenas 0.6 por ciento del PIB, 20 veces menos que economías emergentes como Perú.
El 53 por ciento de los mexicanos aprueba la gestión del gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el manejo de la crisis del Covid-19, de acuerdo a una encuesta publicada por El Financiero esta semana. Paradójicamente, este ejercicio muestra que el aumento de casi ocho puntos porcentuales en el nivel de aprobación del presidente coincide con un creciente descontento de la política económica de la 4T. El Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el órgano de representación más importante de la iniciativa privada, es parte de la mayoría que considera que las acciones del gobierno federal han sido insuficientes para controlar los daños de lo que denominan como una “crisis sanitaria y económica de proporciones inimaginables en México”. Joel Virgen, economista en jefe para México de BNP Paribas, argumenta que el país ha desplegado una de las respuestas más tímidas de política fiscal entre las economías emergentes. Los programas coyunturales anunciados por el presidente López Obrador representan una expansión del gasto público de apenas 0.6 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB). Esto contrasta con el esfuerzo que ha realizado, por ejemplo, Perú, en donde la reacción de política fiscal contra cíclica del gobierno es de una magnitud de 12 por ciento del PIB. El CCE ha sido enfático en que México debería perseguir una respuesta económica más robusta. El deterioro de las expectativas de crecimiento del PIB no han sido un incentivo suficiente para que la administración de López Obrador salga de la zona de comfort. El pronóstico promedio de los analistas del sector privado consultados en la más reciente encuesta de Banco de México considera una contracción de 7 por ciento del PIB para 2020. De materializarse este escenario, el país estaría enfrentando la recesión más significativa desde el sexenio de Lázaro Cárdenas. En ese sentido, la clase empresarial mexicana ha presentado un plan de políticas públicas y privadas de carácter urgente para enfrentar la pandemia del Covid-19 y sus consecuencias económicas. El CCE publicó un documento con 68 propuestas, un programa que resulta de 24 horas de mesas de trabajo en el que participaron más de 250 líderes de opinión y en el que estuvieron involucradas más de 135 mil personas. El objetivo esencial del plan del empresariado mexicano es contener el contagio y regresar a la normalidad. Se trata de una respuesta tecnócrata basada en la administración de riesgos y la mitigación de costos. El Consejo Coordinador Empresarial, que es presidido por Carlos Salazar Lomelín, el artífice de este esfuerzo, plantea nueve campos que requieren de acción inmediata del sector público y privado: el cuidado a la salud, la protección del empleo, la reactivación de la economía, el control de daños de las medidas temporales de distancia social, el estímulo del crecimiento potencial de la economía, la necesidad de convocar a una cooperación internacional con organismos multilaterales, la diversificación comercial, un manejo sostenible de la deuda pública como instrumento de política social y contracíclica y, finalmente, una visión de largo plazo que conduzca este programa. El eje de la propuesta del sector privado es la instalación de un consejo económico de emergencia que, de manera similar al Consejo General de Salubridad, tome decisiones coyunturales de política pública para proteger el ingreso de los mexicanos y la estabilidad macroeconómica del país. El programa del CCE también plante la urgencia de expandir el gasto del sector salud, aumentar la disponibilidad y aplicación de pruebas de detección del Covid-19, así como la implementación de un sistema de seguimiento a contagios. La política sanitaria sugerida por la iniciativa privada también hace un llamado a agilizar el proceso de autorización de insumos médicos en el INDRE y la Cofepris. En el ámbito económico, el empresariado argumenta que es necesario definir mecanismos y tiempos de reapertura del sector productivo. Esto, además, implicaría homologar tiempos con las cadenas de valor de Estados Unidos y Canadá. El presidente del CCE, Carlos Salazar, ha insistido en la idea de que ningún mexicano debe quedarse atrás en este episodio de shock, subrayando que la política económica del Estado mexicano debe privilegiar la protección del empleo y el ingreso de los mexicanos más vulnerables. El programa propuesto por el sector privado recomienda ampliar los subsidiarios sociales mediante transferencias directas de efectivo y fortalecer las políticas que cubren necesidades básicas de los mexicanos más pobres. De manera paralela, las mesas de trabajo convocadas por el CCE coinciden en la urgencia de financiar un apoyo temporal de liquidez para los sectores más frágiles de la economía, como la industria del turismo. Asimismo, se hace una nueva petición a diferir obligaciones fiscales de corto plazo para mitigar el desempleo y una oleada de bancarrotas. Ello implicaría la suspensión provisional de las cuotas obrero-patronales, del cobro de IVA o ISR y la reactivación de la deducción de prestaciones sociales. El CCE considera que este programa puede financiarse con un incremento de la deuda pública de un rango de 0.5 a 5 puntos porcentuales del PIB para sufragar el gasto en salud y subsidios sociales. El sector privado supone un escenario en el que la implementación de una política fiscal contra cíclica basada en la expansión del gasto público reducirá, en el largo plazo, la proporción de la deuda en relación al PIB. Además, se propone aprovechar las líneas de crédito disponibles de organismos multilaterales y retoma la iniciativa de la oposición política de convocar a una nueva convención nacional hacendaria para revisar el pacto fiscal. La comunidad empresarial se ha mostrado escéptica de la respuesta del gobierno federal a este programa de contingencia económica y sanitaria. La relación entre el sector privado y la administración de López Obrador se ha deteriorado significativamente en los últimos meses. La tensión va más allá de la crisis del Covid-19: el acuerdo del Cenace que bloquea la entrada de nuevos jugadores al sector eléctrico representa el ejemplo más reciente de este conflicto. A pesar de ello, el CCE siente la necesidad de ofrecer un derrotero de políticas públicas y privadas. Sin esta guía, consideran, se agravará la pérdida masiva de empleos, la oleada de bancarrotas, la pérdida de ingresos por divisas y turismo, las salidas de capital y la complicación de la posición fiscal del gobierno. El sentido de urgencia es evidente.