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24 de Agosto del 2020

“Ventana de Sangre”

En el segundo año de gobierno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podríamos estar en la antesala de una nueva “ventana de sangre”.
Arturo “N”, el presunto asesino del notario público Luis Miranda Cardoso, no se suicidó en su celda, como originalmente se dijo. El inculpado de quitarle la vida al padre de quien fuera Secretario de Desarrollo Social y amigo íntimo de Enrique Peña Nieto fue ultimado a golpes. La autopsia reveló que no murió colgado en el Penal de Santiaguito, sino por traumatismos cráneo encefálicos. Lo mataron. Tal como lo pronosticamos aquí dos días antes, el 20 de agosto, en el video “Un Epstein Mexicano”. El acusado sabía demasiado, advertimos. Era más valioso su silencio que su vida. Y bajo la nueva realidad del asesinato, el hecho obliga a una profunda reflexión. Cuando en cualquier sociedad se confrontan los poderosos clanes políticos o financieros, buscando perpetuarse o arrebatar el poder, se abre lo que se conoce como una “ventana de sangre”. En México la última “venta de sangre” la vivimos entre mayo 1993 y septiembre de 1994, al finalizar el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. Esa “ventana de sangre” coincidió con la renuncia de Fernando Gutiérrez Barrios a la Secretaría de Gobernación, el 4 de enero de 1993. Gutiérrez Barrios era el embajador de los intereses de un poderoso grupo político –el de Luis Echeverría- históricamente antagónico a los Salinas. Carlos Salinas lo sentó en Bucareli buscando congraciarse con el clan del poderoso ex presidente. Y el mismo Salinas cesó a Gutiérrez Barrios al arrancar 1993, el año de la sucesión presidencial. La confrontación Salinas-Echeverría abrió la “ventana de sangre” el 24 de mayo de 1993, con el asesinato del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo. Buscaban romper la alianza entre el gobierno de Salinas con el Vaticano apenas reconocido. El destape de Luis Donaldo Colosio el 28 de noviembre de 1993 desencadenó la ira del mismo grupo Echeverría, que estalló la revuelta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la madrugada del Año Nuevo de 1994. El estallido se dio precisamente el día en que se inauguraba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, el acuerdo comercial insignia del neoliberlismo y la globalización del salinismo. La cúspide de esa “ventana de sangre” se dio el 23 de marzo de 1994 en Tijuana, con el asesinato de Luis Donaldo Colosio, el candidato presidencial del PRI apadrinado por Salinas. Lo asesinó la misma Nomenklatura priista –así la definió en su momento Carlos Salinas- que buscaba devolver la presidencia a un político, en un intento por romper la tecnocracia perpetuada en los sexenios de José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas. Y el cierre de aquella “ventana de sangre” se dio cuatro meses después, cuando el 28 de septiembre fue asesinado José Francisco Ruiz Massieu, cuñado de Carlos Salinas, y quien se perfilaba para ser el secretario de Gobernación en el gobierno de Ernesto Zedillo. El poder tras el trono. Otro mensaje a Salinas, exigiéndole renunciar a perpetuarse transexenalmente. Lo demás es Historia. Bajo la bandera de combatir la corrupción, Zedillo se deslindó del clan Salinas y envió a prisión a Raúl Salinas de Gortari, el llamado “hermano incómodo”, y el ex presidente fue obligado al exilio. Viene todo esto a cuento, porque en el segundo año de gobierno del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador podríamos estar en la antesala de una nueva “ventana de sangre”. Las confrontaciones políticas entre el gobierno de la Cuarta Transformación y el llamado PRIAN podrían gestar las condiciones para una colisión de poderes fácticos, del pasado y del presente, que en un duelo de supervivencia acaben por dirimir sus diferencias abriendo una “ventana de sangre”. Los ánimos políticos exacerbados con los casos de Alonso Ancira, Rosario Robles, Juan Collado, Carlos Romero Deschamps, Odebrecht, Emilio Lozoya y Pemex, con todas sus secuelas, sobrecalentaron ya las tensiones del ambiente político. El sistema político está instalado en la ruptura. Un primer sospechoso caso se dio el pasado 22 de mayo con el asesinato de Alfonso Isaac Gamboa Lozano, quien fuera el titular de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Gamboa Lozano fue colaborador del entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y fue involucrado en el 2018 en el desvío de recursos del gobierno de Chihuahua a las campañas del PRI. Sí, el mismo Videgaray que hoy es señalado en el Expediente Lozoya como “Número Dos”. Gamboa Lozano fue el ex funcionario que redactó los convenios para que el entonces gobernador César Duarte, entregara en enero del 2016 unos 250 millones de pesos para apuntalar las campañas del PRI. El segundo asesinato sospechoso es el de Luis Miranda Cardoso, el padre de Luis Miranda Nava, poderoso miembro del grupo que venía acompañado desde el Estado de México a Enrique Peña Nieto. Y dentro de ese mismo asesinato sospechoso, la confirmación de que uno de sus presuntos asesinos, Arturo “N”, fue asesinado a golpes en su celda de penal del Estado de México, un día después de su captura. Un muy oportuno “suicidio”, que ya se confirmó que no lo fue. Lo callaron. Sea como fuere, estos tres asesinatos presentados uno como presunto “crímen pasional” uno, o el otro como “robo de casa habitación” con el asesinato del “ladrón”, silencian a personajes clave. Parafraseando a Mario Ruiz Massieu, el hermano del asesinado José Francisco, “los demonios andan sueltos….” Curiosamente quien acuñó esa icónica frase fue encontrado sin vida, suicidado por una dosis de antidepresivos. ¿Quién impedirá que se abra de nuevo la ventana?