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18 de Agosto del 2020

Los ex presidentes y el primer video

Lo que lo que propone el presidente López Obrador en torno a un posible juicio contra los ex presidentes -así como los videos de Lozoya- es un asunto alejado completamente de la ley.
El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró en su mañanera de ayer lunes que su gobierno solo juzgará a los expresidentes si el pueblo se lo exige previa una Consulta Popular. "Si están involucrados los expresidentes, como lo he venido diciendo, consulta ciudadana, para que el pueblo decida si se les juzga o no, con toda claridad; además de que lo he venido planteando, quiero dejar de manifiesto de que tiene que ser la gente, tiene que ser el pueblo el que decida sobre este asunto". La insistencia del mandatario en este tema llama la atención, porque lo que se propone es un asunto alejado completamente de la Ley, que atenta el Estado de Derecho. Los presuntos procesos de corrupción en los que son involucrados no solo altos funcionarios de los dos gobiernos anteriores, presumen la participación de los ex presidentes Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Al menos en la denuncia presentada por Emilio Lozoya Austin, el incuplado deja en claro la participación de su jefe Peña Nieto en el caso de los sobornos de Odebrecht y el del antecesor, Felipe Calderón, en los cuestionados acuerdos de Odebrecht y Braskem para el proyecto Etileno XXI. El ex director de Pemex es muy claro y hace imputaciones directas que de facto obligan a la Fiscalía General de la República a citar a los ex mandatarios para que aclaren si de lo que se les acusa es cierto o no lo es. Para hacer eso, el Poder Judicial no necesita de hacer Consulta Popular alguna, como la que propone el presidente López Obrador. El presunto delito se investiga de oficio y de confirmarse se sanciona. Punto. Eso no depende de que al inquilino de Palacio Nacional se le ocurra hacer o no una Consulta Popular, de esas tan cuestionadas, como la que acabó por cancelar el proyecto cervecero de Constellation Brands, en Baja California Norte. ¿Y qué tal que los ciudadanos que participen en la Consulta Popular –voluntarios o pagados- dicen que están en contra de que se juzgue a los ex presidentes? ¿Y qué tal que las investigaciones de la Fiscalía General de la República concluyan que cualquiera de los ex presidentes o los dos, son hallados culpables de ordenar presuntos actos delictivos que obliguen a fijarles sentencia? ¿Le harán caso a la Consulta o a la Fiscalía? ¿Y si por el contrario, los ciudadanos votan en la Consulta Popular que sí quieren que se juzgue a los expresidentes, pero la autoridad judicial no encuentra elementos para hacerlo? ¿De cualquier manera serán juzgados? Lo mismo sucede con el muy entendible deseo de buena voluntad del presidente López Obrador de que quiere que lo antes posible que los mexicanos conozcamos los detalles de los videos entregados por Emilio Lozoya Austin a la Fiscalía General de la República. Se entiende que el mandatario desee que todos veamos en vivo el reparto de los cientos de fajos de billetes para comprar contratos o hacerse de voluntades para aprobar las Reformas Estructurales del 2013. Eso es muy loable. Pero dentro del llamado debido proceso, las pruebas que se entreguen a la autoridad deben de ser procesadas y sometidas a su validación para ser aceptadas o descartadas. Incluso frente a semejante y tan contundente evidencia, exhibirla a los presuntos implicados para que acepten o nieguen los cargos. Solo entonces podrían liberarse. Pero en su mañanera de ayer lunes, el presidente López Obrador también soltó otro deseo, muy entendible, pero igualmente cuestionable. Dijo que debería difundirse en redes sociales y en televisión el video que entregó el ex director de Pemex y que exhibe el reparto de sobornos a legisladores que aprobaron las reformas estructurales. "No sé cuál sería el procedimiento a seguir para que la Fiscalía o la instancia correspondiente del Poder Judicial informara sobre esta denuncia, desde luego, con todos los implicados, con todo el manejo del dinero, con la entrega de los sobornos. Que se pueda ver en redes sociales, en la televisión convencional el video que se asegura entregó el señor Lozoya a la Fiscalía”. No acababa de enfriarse la petición presidencial cuando fue subido un video en YouTube que muestra a Rafael Caraveo Opengo, ex secretario Técnico del Senado, recibiendo bolsas de billetes presuntamente para sobornar a legisladores. El video fue difundido el domingo 16 por medio de un perfil de YouTube a nombre de Juan Jesús Lozoya Austin, que coincide con el nombre del hermano del ex director de Pemex. En las imágenes aparece un colaborador directo de Jorge Luis Lavalle Maury, presidente de la Comisión de Administración del Senado y relacionado en la denuncia de Lozoya Austin con la distribución de los sobornos de Odebrecht en México. El otro personaje es Guillermo Gutiérrez Badillo, actual secretario privado del gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez. ¿El video difundido a complacencia presidencial para enterarnos de las entregas de dinero, era una prueba entregada por el ex director de Pemex y era parte de la carpeta de investigación? Si es así, ¿su difusión lo invalida como prueba? ¿O el video es algo que viene desde afuera para aportar nuevas evidencias? Sea como fuere, la agenda está sentada a dos días de que tenga lugar en San Luis Potosí el cónclave del presidente López Obrador con los gobernadores de todo el país. Y sin duda entre ellos aparecerán al menos dos que podrían acabar involucrados en los sobornos de Pemex. El de Querétaro ya fue el primero.