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13 de Julio del 2020

La Corte a prueba

Con la controversia constitucional emanada del caso de las “Broncofirmas”, la Suprema Corte encara mañana una prueba de fuego.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación encara mañana una prueba de fuego. La Primera Sala del máximo órgano judicial tendrá que resolver en definitiva la controversia constitucional interpuesta por Jaime “El Bronco” Rodríguez, que busca evitar ser castigado por el escándalo de las “Broncofirmas”. Y a decir de los analistas, el gobernador de Nuevo León está a solo un voto de que su recurso sea rechazado, con lo que el Congreso de Nuevo León podría votar ya sin reclamo alguno el castigo, tanto a él como a su secretario de Gobierno, Manuel González. Para entender la trama, recordemos que una denuncia de Movimiento Ciudadano, encabezada por el senador Samuel García, exhibió los detalles de la corrupción que imperó en la recolección de firmas para garantizarle a El Bronco su registro como candidato independiente ante el INE. Con documentación sólida se demostró que lograr su registro como candidato presidencial, El Bronco no solo empleó 17 millones de pesos de dudosa procedencia, sino que más de 500 funcionarios y empleados del gobierno de Nuevo León fueron utilizados ilegalmente para recabar las firmas que le garantizaran ese registro. Turnado el caso al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se falló que tanto el gobernador como su secretario de Gobierno incurrieron en delitos que deberían ser sancionados por el Congreso de Nuevo León. Con el apoyo abierto del PAN y de Morena, la votación para el castigo fue aplazándose hasta que el ministro de la Suprema Corte, Eduardo Medina Mora, aceptó la entrada de un alegato de El Bronco que impedía que se votara su sanción. Aceptada unas horas antes de que Medina Mora renunciara a la Corte, en medio de presunciones de enriquecimiento ilícito, el gobernador de Nuevo León alegaba que los diputados de Nuevo León no eran sus superiores jerárquicos y que por lo tanto no tenían facultades para sancionarlo. Y a pesar de que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León, presidida por el legislador Arturo de la Garza, impulsó la sanción sujeta a que la Corte rindiera su último fallo, los legisladores panistas se convirtieron en el escudo protector del corrupto gobernador. Pero como no hay fecha que no se llegue ni plazo que no se cumpla, mañana martes -a las 10 de la mañana- se dará el fallo definitivo de la controversia 310/2019. El debate es muy básico. La Suprema Corte no tiene por que entrar a dirimir asuntos electorales, considerando que desde 1987 se promulgó el Código Federal Electoral y se creó el Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La legislación les otorgó plena competencia y autonomía a esas instancias, por lo que sus resoluciones son definitivas. Eso fue confirmado con una reforma al artículo 105 de la Constitución, que le quitó una enorme carga a la Suprema Corte, al dejarla impedida para conocer de asuntos en materia electoral. ¿Por qué entonces el renunciado ministro Medina Mora aceptó tan absurda controversia? Por lo pronto dos de las ministras –Margarita Ríos Farjat y Norma Lucía Peña Hernández- ya determinaron que era manifiesta e indudable la causal de improcedencia. Es decir, votan en contra de que la Corte conozca del caso. Y considerando que son cinco los votos en juego, solo hace falta que un voto más se les sume para desechar la petición del gobernador de Nuevo León. El que se cumpla la ley está hoy en manos del ministro ponente Jorge Mario Pardo Rebolledo o de cualquiera de sus colegas Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Ortiz Mena. Con uno de ellos que se sume al dictamen de las dos ministras, la Suprema Corte saldrá del litigio y el Congreso de Nuevo León estará abiertamente facultado para imponer la sanción exigida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. La sanción va desde una multa hasta la destitución e inhabilitación del Gobernador y de su secretario de Gobierno. Por supuesto que la decisión está sometida desde hace meses a presiones políticas que desde Morena y con el apoyo de algunos personajes del gobierno de la Cuarta Transformación apuntan a salvarle la vida a Jaime “El Bronco” Rodríguez. La negociación política pasa por el “perdón” a El Bronco, a cambio de que sus presupuestos y su estructura electoral se pongan al servicio del candidato o la candidata de Morena para la elección de gobernador en junio del 2021. Por eso decimos que la Suprema Corte está mañana a prueba. Se impone la legislación que constitucionalmente le impide entrometerse en asuntos electorales o se le abre la puerta para que a partir de ahora sea una nueva instancia –anticonstitucional- para lavarle la cara a los delincuentes electorales.