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02 de Octubre del 2020

Justicia a votación

No es un cargo público o una posición privada de privilegio lo que define si se consulta con la ciudadanía si se debe o no aplicar la ley.
“México, donde la ley se aplica… previa consulta popular” Sin duda esta es la frase que mejor sintentiza lo que sucedió ayer en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La cita es propiedad intelectual de Clemente Castañeda, el presidente del partido Movimiento Ciudadano. Y expresa sin cortapisas la conclusión de lo que ayer se votó. Pero aclaremos paradas para evitar malentendidos. Por supuesto que estamos en la primera fila de los mexicanos que buscamos justicia y acabar con la impunidad que nos asfixia como nación. Pero que esa justicia se aplique no solo con los ex presidentes –los que hayan cometido algún delito- sino con cualquier mexicano que lo haga. En todo el mundo la ley se debe aplicar sin distingos, con el mismo rasero para todos, sean jefes de Estado, políticos de cualquier monta, delincuentes de cuello blanco, factureros, narcotraficantes, asesinos mayores o ladrones menores. No es un cargo público o una posición privada de privilegio lo que define si se consulta con la ciudadanía si se debe o no aplicar la ley. Los delitos se persiguen de oficio. Ese es un mantra intrínseco de la justicia universal. Porque si elegimos el camino votado ayer en la Suprema Corte de la Nación, ¿en manos de quién o de quiénes va a estar el decidir si un presunto delincuente va o no a consulta previa para decidir si se le juzga o no? ¿Crearemos un Sanedrín de la consulta popular? ¿Y los jueces y los juzgados? Si ese es el camino, vamos cuestionando algunas posibilidades que podríamos enfrentar en la vida real. Si buscamos jugar a la “justicia democrática” ¿Por qué no sometimos a consulta popular si se liberaba o no a Ovidio Guzmán cuando se le detuvo en Culiacán? ¿Vamos a someter a consulta ciudadana si como pueblo aceptamos o no la extradición de algún capo del narcotráfico o de un jefe policíaco presuntamente cómplice, para ser juzgado en los Estados Unidos? ¿Se imaginan que en la Unión Americana se convocara a una consulta ciudadana para validar si se juzga o no a Joaquín “El Chapo” Guzmán o a Genaro García Luna por presuntos delitos contra la salud y la seguridad nacional de esa nación? Allá, y no acá, ya están siendo juzgados. ¿Sería sujeto a consulta definir si Manuel Bartlett y familia deben de ser juzgados por enriquecimiento inmobiliario y por hacer negocios con el gobierno, en flagrante conflicto de interés?. Por qué no le preguntamos al pueblo bueno y sabio –ignorando cualquier legislación del Instituto Nacional Electoral- si calificamos o no como delito electoral los dineros en efectivo recibidos por Pío López Obrador. En un descuido se nos contrae el corazón y lo perdonamos. Si hay elementos para acusar a Carlos Salinas de Gortari de presuntamente privatizar solo para sus amigos, de presuntamente desviar la partida secreta o de presunta corrupción en su familia, que se le juzgue. ¿Culpable o inocente? Si hay pruebas para inculpar a Ernesto Zedillo de presuntamente fraguar un saqueo a la Nación con la creación de un Fobaproa que salvó a unos cuantos y nos hipotecó por 70 años a los muchos, que se le juzgue. ¿Culpable o inocente? Si en en su sexenio Vicente Fox fue cómplice por acción o por omisión de los negocios de la Señora Marta o de Manuel Bribiesca Sahagún, desde Pemex hasta Aduanas, pasando por Vamos México, que se le juzgue. ¿Culpable o inocente? Si por omisión o por complicidad Felipe Calderón bañó de sangre a México entregando el país a un solo Cartel, bajo la presunta protección de su secretario de Seguridad, Genaro García Luna, que se le juzgue. ¿Culpable o inocente? Si a Enrique Peña Nieto se le prueban los presuntos financiamientos de Odebrecht a su campaña, la mano oscura en la compra de Agronitrogenados, los denunciados sobornos legislativos para sacar adelante las reformas estructurales o su complicidad con la Estafa Maestra, que se le juzgue. ¿Culpable o inocente? Justo fue que de la pregunta original que fue votada se eliminaron no solo los nombres de los ex mandatarios, sino la palabra “presidente”. En términos beisboleros, como tanto le gustan al presidente López Obrador, era una bola ensalivada. Truqueada. Al final del día los mejores juristas de México coinciden en que la Suprema Corte de Justicia no dio ayer su mejor rostro con el voto de aprobación a la consulta popular. Y al final del día está claro que lo que viviremos en los próximos meses será un show político y mediático que intentará garantizar la dominancia del partido en el poder.