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01 de Septiembre del 2020

Hidalgo, el eje corruptor

Casi todos los caminos de la corrupción conducen al estado de Hidalgo.
Un regalo especial para conmemorar el segundo aniversario de su elección como presidente fue el que le dieron ayer Santiago Nieto y Alejandro Gertz Manero a Andrés Manuel López Obrador. La detención de Gerardo Sosa Castelán, director del Patronato de la Universidad del Estado de Hidalgo, es un duro golpe a un cártel político que durante 36 años hizo de la máxima casa de estudios hidalguense su botín personal. El periodista Miguel Ángel Granados Chapa bautizó a esta mafia como La Sosa Nostra, en franca alusión a La Cosa Nostra siciliana y utilizando el apellido de capo di tuti capi: Sosa Castelán. La detención de uno de los hombres más poderosos de Hidalgo se da en medio de investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera por lavado de dinero y defraudación fiscal. Bajo un esquema criminal, Sosa Castelán y sus cómplices crearon al amparo de la Universidad de Hidalgo una compleja red financiera de 224 cuentas bancarias, a través de las cuales desviaron 151 millones de dólares a paraísos fiscales. Esa investigación es una de las piedras angulares de la llamada Estafa Maestra, el esquema de saqueo de fondos del Erario por el que hoy se tiene detenida a Rosario Robles, la ex secretaria de Desarrollo Social en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Cuando la Unidad de Inteligencia Financiera congeló las 224 cuentas, Sosa Castelán se limitó a decir que esas transferencias se fueron como inversiones a China, Pakistán, Corea del Sur, Israel, Dinamarca, Bélgica, Ecuador y los Estados Unidos, con el pretexto de proteger las jubilaciones de los trabajadores universitarios así como futuras obras de infraestructura. El golpe judicial asestado por la Fiscalía General de la Nación es un duro revés para el clan hidalguense que durante el sexenio pasado hizo de esa entidad su coto de poder y de corrupción. Con apenas el 2 por ciento de la población nacional, el estado de Hidalgo concentra más del 50 por ciento de los grandes casos de corrupción investigados desde que se inició el gobierno de la Cuarta Transformación. El caso más emblemático es el de la Estafa Maestra, de donde salieron cientos de millones de pesos para ser desviados a través de la Radio y Televisión Hidalguense. Una vez en sus chequeras, los fondos eran desviados a distintas cuentas en las que se hacían pagos de contratos simulados de servicios externos para docencia, investigación, compra de tecnología, adquisición de inmuebles e incluso para fondear el programa Combate contra el Hambre promovido por Sedesol. Pero Hidalgo es también uno de los epicentros de los sobornos de Odebrecht, la constructora brasileña que empleó a Citapia Construcciones, con sede en Hidalgo, para transferir millones de dólares a Emilio Lozoya Austin y a la campaña presidencial del PRI en 2012. Citapia es propiedad de Juan Carlos Tapia y fue subcontratada por Odebrecht para ejecutar algunas obras del contrato que por dos mil 315 millones de pesos Pemex les asignó a los brasileños para modernizar la refinería de Tula, Hidalgo. Lozoya Austin denunció que entre el 7 de noviembre del 2012 y el 20 de marzo de 2014, Odebrecht les hizo seis transferencias por 5 millones 951 mil dólares. Ese dinero fue cobrado por Fabiola Tapia Vargas, socia y apoderada de Citapia -fallecida en 2014- y presuntamente entregado en efectivo para apuntalar no solo la campaña presidencial de Peña Nieto, sino para cubrir los sobornos a los legisladores buscando apoyos para la llamada Reforma Energética. Curiosamente en la misma declaración de Lozoya Austin aparece como elemento clave de esos sobornos otro personaje de Hidalgo, el entonces Senador y luego director del Infonavit, David Penchyna Grub. El legislador hidalguense era entonces presidente de la Comisión de Energía del Senado y a él se le habría encargado el reparto de los sobornos a algunos de los integrantes de esa comisión. Otra de las tramas con raíces hidalguenses es la investigación sobre la extinta Comisión Nacional de Seguridad que arrojó denuncias por el presunto desvío de al menos dos mil 500 millones de pesos. En el eje de esa trama está la también hidalguense Frida Martínez Zamora, quien fuera en el CISEN la titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano, adscrita a la Secretaría de Gobernación. Pero ¿qué tienen -además de su origen en el estado de Hidalgo- los nombres de Gerardo Sosa Castelán, Construcciones Citapia/Odebrecht, David Penchyna y Frida Martínez? La respuesta tiene un nombre: Miguel Ángel Osorio Chong, quien fuera gobernador de Hidalgo entre 2005 y 2011, miembro del comité de campaña del PRI en la elección presidencial 2012 y Secretario de Gobernación durante todo el gobierno de Enrique Peña Nieto. Penchyna y Frida fueron funcionarios en Hidalgo durante el gobierno de Osorio Chong. El primero como Secretario de Desarrollo Económico y ella como directora de Recursos Materiales y Adquisiciones de la Oficialía Mayor. Hoy Sosa Catelazo amanece detenido, Frida Martínez está prófuga de la justicia y Penchyna y Citapia bajo denuncia. Sobran los que se preguntan si esta investigación sobre el cártel político de Hidalgo podría alcanzar a su líder, Miguel Ángel Osorio Chong? Sería difícil negarlo. Casi todos los caminos de la corrupción conducen al estado de Hidalgo.