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16 de Octubre del 2020

4T en verde olivo

A pesar de que el candidato López Obrador prometió una y otra vez que devolvería a los militares a sus cuarteles, resultó exactamente lo contrario.
Ojalá que el presidente Andrés Manuel López Obrador no caiga en la tentación de entregarle la Secretaría de Seguridad Pública a un militar. La inminente renuncia de Alfonso Durazo Montaño para irse a buscar por Morena la gubernatura de Sonora obligará al relevo de la dependencia responsable de la seguridad en México. Y quienes están cerca del inquilino de Palacio Nacional advierten que existe la tentación de entregarle esa posición a los mandos castrenses. El designar a un militar en Seguridad Pública sería le cereza sobre un pastel que acabaría de pintar a México de color verde olivo. Porque a pesar de que el candidato López Obrador prometió una y otra vez en su campaña rumbo a la presidencia que devolvería a los militares a sus cuarteles, resultó exactamente lo contrario. Por la gracia presidencial la Secretaría de la Defensa acapara en este sexenio 13 tareas que tradicionalmente eran destinadas a los civiles. Son acciones que deberían ser ejecutadas por la Secretaría de Comunicaciones, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Agricultura, la Secretaría del Medio Ambiente, Pemex, el INSABI y la Guardia Nacional. Eso incluye la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, donde tiene destinados 925 ingenieros militares coordinando a 30 mil trabajadores. También están dispuestos 47 mil 864 militares en atención a la emergencia del COVID, 2 mil 966 en la protección de los ductos de Pemex, 879 militares y marinos para la protección de puertos. Lo mismo están destinados 205 militares para coordinar Sembrando Vida, 69 coordinando la construcción de las sucursales del Banco de Bienestar y 37 en la construcción de las instalaciones de la Guardia Nacional. Todo eso sin contar con los militares designados para el reparto de fertilizantes a nivel nacional y la nueva asignación de las aduanas y los puertos que ya están pasando al control de las secretarías de Defensa y Marina. Para comprobar la militarización de México solo asómense al presupuesto, que en todas las dependencias del gobierno de la Cuarta Transformación sufrió recortes extremos por austeridad en los primeros dos años. A contracorriente, la Secretaría de la Defensa no sólo no registró ajuste alguno a la baja. Por el contrario. El presupuesto asignado en 2020 es de 94 mil millones de pesos, contra los 81 mil millones destinados en el último año del gobierno de Peña Nieto. Esto es un incremento del 16 por ciento. El problema de origen es que el presidente López Obrador hace de las Fuerzas Armadas un sinónimo de honestidad y de transparencia. Para el mandatario casi todo el gobierno civil tiene tufo a corrupción mientras que todo lo militar parece destilar pureza. Ni tanto que queme al Santo, ni tan poco que no lo alumbre. El mandatario tendría que saber que son leyenda en México las historias de personajes de la vida civil que hicieron -y continúan haciendo- grandes fortunas al amparo de los militares, surtiendo al Ejército de armamento, equipos tácticos, vehículos, uniformes y proveeduría de los servicios indispensables para la tropa de cientos de miles de efectivos. Y también en este sexenio -como sucedió en los anteriores- se cuestiona el nivel de opacidad en la adjudicación de obras por asignación directa, sin mediar licitaciones. Todo bajo el pretexto de que por ser militares se trata de asuntos de seguridad nacional que no deben ser revelados al público. Pero sin duda el mayor cuestionamiento a la designación de un militar en Seguridad Pública es el hecho de que se violentaría flagrantemente la condición civil de la Secretaría de Seguridad Pública. Esos mismos cuestionamientos no acaban de tener respuesta con la recién creada Guardia Nacional, que se dijo que legalmente sería de carácter civil, pero en la que se instaló como su comandante en jefe al general Luis Rodríguez Bucio. Al momento de su designación, Rodríguez Bucio –un militar respetado y destacado- era un militar en activo. Se dijo entonces que tenía un trámite de retiro que entró en vigencia el 31 de agosto del 2019. Su designación presidencial como “jefe civil” de la Guardia Nacional se dió el 11 de abril del 2019, cuatro meses y medio antes de que se le confirmara su retiro. Antes que un militar, existen funcionarios civiles como Leonel Cota o como Ricardo Mejía –entre otros- que por su experiencia bien podrían asumir la posición que dejará Durazo en cuestión de días. Lo que si ya no es entendible es que la vida civil de nuestro país continúe militarizándose, cuando los 33 millones de mexicanos que apoyaron en las urnas la llegada de la Cuarta Transformación jamás votaron por un gobierno verde olivo. Y quizás la detención del general Salvador Cienfuegos ayer en Los Ángeles podría ser uno de esos primeros avisos.