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12 de Junio del 2019

La mafia del podersinho

La prensa brasileña publicó los mensajes de Telegram de los fiscales del Lava Jato: muestran que actuaron con base en una agenda política y que se coludieron con el juez Sergio Moro para encarcelar a Lula da Silva y evitar el regreso al poder del PT
La izquierda brasileña está más convencida que nunca de que se utilizó el aparato de justicia para montar un golpe de estado en contra del Partido de los Trabajadores. Un reportaje del portal The Intercept reveló que los procuradores que investigan el caso Lava Jato se coludieron con el juez Sergio Moro para evitar el regreso de Lula Da Silva al poder. El ex presidente, que terminó su mandato con un 87 por ciento de aprobación, encabezaba las encuestas de cara al proceso electoral de 2018. Sin embargo, no pudo competir porque la justicia brasileña lo encontró culpable de un cargo de tráfico de influencias para la asignación de contratos en Petrobras. Hoy, Lula está en prisión y Sergio Moro es el fiscal general del gobierno de Jair Bolsonaro, el beneficiario político directo de que el ex presidente no pudo presentarse como candidato. The Intercept publicó mensajes privados de Telegram de los fiscales brasileños, en los que se discuten estrategias para diluir o frenar una resolución de la Suprema Corte que beneficiaba a Lula. Los mensajes también incluyen la admisión explícita de que la evidencia que prueba la culpabilidad del ex presidente fue insuficiente, así como declaraciones en las que se expresaba el deseo de estos funcionarios de evitar el regreso al poder del Partido de los Trabajadores. De acuerdo a este medio, la conversación entre Deltan Dallagnol, el jefe de fiscales del caso Lava Jato, y Sergio Moro, el entonces juez federal que sentenció a Lula, exhibe una trama de abuso de poder definida por una agenda política que derivó en la elección del ultraderechista Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. El artículo denuncia que la aversión del establishment político-empresarial al regreso de la izquierda implicó cruzar una línea roja: politizar la fiscalía de un sistema de justicia que, hasta entonces, era aclamado mundialmente como un aparato independiente y sin agenda partidista.

¿También en Argentina?

El uso político de la justicia se ha vuelto un rasgo distintivo de los gobiernos de América Latina. En Argentina, los fiscales del gobierno de centro derecha de Mauricio Macri llevan un caso en el que se acusa a la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, de tráfico de influencias para la asignación de contratos de infraestructura. La investigación ocurre en medio de un proceso electoral en el que la mayoría de las encuestas apuntan a que el kirchnersimo regresará al poder. Apenas en mayo, Cristina Fernández anunció su candidatura a la vicepresidencia de Argentina. Su abogado, Gregorio Dalbón, argumenta que se trata de un caso de persecución política. “Las causas han sido armadas por la AFI con testigos que han declarado coacheados”, dijo. “Les han dicho que tenían que involucrar a la ex presidenta: ‘o acusas a Cristina o vas preso’ y muchos arrepentidos lo hicieron. Es una persecución política, mediática y judicial que va a terminar en la nada porque no hay delito”, sentenció.

¿AMLO aprendió la lección?

En “Cómo mueren las democracias”, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt, científicos políticos de la Universidad de Harvard, explican que la transición del populismo al autoritarismo pasa necesariamente por la captura de las instituciones del sistema judicial. No obstante, ¿qué sucede cuando el establishment sigue controlando las cortes y las fiscalías? La alternancia política no siempre implica la reforma o el cambio de liderazgos en el aparato de justicia. Éste fue el caso de las administraciones panistas en México. Tanto Vicente Fox como Felipe Calderón nombraron como titulares de la Procuraduría General de la República a personajes cercanos al régimen priista de finales del siglo XX. El primero designó a Rafael Macedo de la Concha; el segundo, a Eduardo Medina Mora. Ambos son señalados por el empresario Carlos Ahumada como protagonistas del proceso de desafuero que buscó inhabilitar a Andrés Manuel López Obrador como candidato a la presidencia de 2006. Si alguien conoce los riesgos del uso político de la fiscalía es el ahora presidente de México. A pesar de ello, el recambio de liderazgos en la recién creada e independiente Fiscalía General de la República tardó más de lo esperado. La administración de Andrés Manuel López necesitó casi siete meses para sustituir al subprocurador de delitos federales, Felipe de Jesús Muñoz. Esto es fundamental. El fiscal general, Alejandro Gertz Manero, dijo recientemente en una entrevista radiofónica que ocho de cada diez delitos pasan por el despacho del subprocurador de delitos federales. Felipe de Jesús Muñoz, nombrado por el gobierno de Enrique Peña Nieto, fue sustituido por Juan Ramos López, quien trabajó con Gertz Manero en la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración de Vicente Fox. Esta oficina lleva casos de alta relevancia política, como el proceso del ex director de seguridad de Pemex, el General León Trawitz, quien es investigado por presunta asociación ilícita para el robo de combustibles. La presunta influencia de miembros del gobierno de Enrique Peña Nieto en la Fiscalía General también está siendo enfrentada en la corte. En mayo, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, promovió una denuncia penal en contra del ex encargado de despacho de la Procuraduría General de la República, Alberto Elías Beltrán, por obligar a cinco agentes del ministerio público de la causa en contra del ex secretario general del PRI, Alejandro Gutiérrez, involucrado en un presunto desvío de 250 millones de pesos del erario a favor de su partido. “Las dos denuncias tienen que ver con toda esa operación que fraguó la PGR anterior con jueces federales y abogados del ex secretario general adjunto del PRI, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, para ser exonerado en el ámbito federal”, declaró Corral en una conferencia de prensa montada en las instalaciones de la Fiscalía General. Esta acusación penal marca un punto de inflexión en la dinámica de poder al interior de la institución que comanda Alejandro Gertz Manero. Aunque el reto judicial no viene directamente de la administración de Andrés Manuel López Obrador, personas con conocimiento del asunto sugieren que la denuncia de Corral puede ser un catalizador para que la 4T asuma el control de facto de toda la operación de la Fiscalía General. Para López Obrador, que ha sustituido a Lula como el gobernante de izquierda más importante de América Latina, esto implica que se ha mitigado el riesgo de que le suceda lo mismo que al ex presidente de Brasil.