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13 de Marzo del 2019

En México, la Iglesia es juez y parte

Mientras que en Australia la justicia se encarga de castigar con cárcel a los sacerdotes pederastas, en México el tema se mantiene en la oscuridad
En un hecho histórico, el cardenal George Pell fue sentenciado ayer a seis años de prisión luego de ser acusado de abusar sexualmente de dos monaguillos de 13 años en 1996. Un juez de Melbourne describió los actos del antiguo tesorero del Vaticano, de 77 años, como “descarados e intensos” y calificó al religioso de “increíblemente arrogante” porque creyó que sus víctimas nunca se quejarían. Pell es el miembro del Vaticano de más alto rango en ser acusado y encarcelado por abuso sexual infantil. Tendrá que pasar al menos tres años y ocho meses tras las rejas. Entretanto, en México las heridas infligidas por la pederastia sacerdotal siguen abiertas. El caso de Marcial Maciel es quizás el mejor ejemplo. Y es que el líder de los Legionarios de Cristo nunca se enfrentó a la justicia civil por sus crímenes. Luego de décadas de acusaciones, Benedicto XVI lo castigó en 2006 al ordenarle retirarse el resto de su vida “a la penitencia y la oración”. Murió sin pedir perdón dos años más tarde, cuando ya se habían revelado sus degeneradas actividades delictivas y una larga vida de abusos tolerada por el Vaticano. Y aunque públicamente hay una intención por parte de la Iglesia en México de lidiar con el problema del abuso sacerdotal, en su mayoría los casos siguen siendo manejados de forma interna y las medidas aplicadas de manera discrecional.

‘El tamaño de la culpa’

Hace apenas unas semanas, el presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), Rogelio Cabrera López, anunció que, como parte de una investigación interna, en los últimos nueve años 152 sacerdotes habían sido retirados del ministerio en México luego de ser encontrados culpables de abusos sexuales a menores. Sin embargo, detalló que no todos habían sido procesados por la justicia civil. “Algunos, por el tamaño de la culpa, han tenido que ir a la cárcel. Algunos sacerdotes delincuentes están en la cárcel, otros han sido ya suspendidos de su ministerio sacerdotal”, añadió el también Arzobispo de Monterrey. Cabrera López consideró que una de las tareas de la Iglesia en México es levantar la estadística, pues actualmente no hay una cifra exacta de los casos de abusos dado a que actualmente cada obispo es el responsable de recopilar la información de su diócesis. “Espero que muy pronto tengamos el conteo para hacerlo saber también a la sociedad. Es deber nuestro decir cómo están las cosas en México. Esperamos que después de las medidas que la Iglesia ha puesto de mayor exigencia, o como se llama ‘tolerancia cero’, disminuyan los casos, delitos y que también que los obispos se pongan las pilas para poner en orden estas situaciones”, comentó. Activistas en pro de las víctimas no están de acuerdo con la supuestas medidas internas de “cero tolerancia”. “La única forma de intentar arreglar el problema que tiene la Iglesia es publicando los nombres de los sacerdotes y los obispos que han cometido esos crímenes”, señaló en entrevista Rita Milla, vocera de Sobrevivientes de Aquellos Abusados por Sacerdotes (SNAP, en inglés), la organización de abuso sexual sacerdotal más grande del mundo. Estos hombres deben de estar en la cárcel, y mantener sus nombres privados no ayuda a nadie”, agregó. A finales de febrero, el Vaticano organizó una cumbre histórica sobre el abuso sexual dentro de la Iglesia Católica. Al evento asistieron 180 obispos y cardenales de alrededor del mundo, así como activistas y sobrevivientes, quienes contaron sus historias de terror. Pero estos últimos esperaban más del Pontífice. Durante el cierre, el papa Francisco se comprometió a “no escatimar esfuerzos” para llevar a los abusadores frente a la justicia, así como a no encubrir o subestimar el abuso; pero no ofreció dar acceso a los expedientes internos de la Iglesia, una demanda que los sobrevivientes llevan años externando. Mientras tanto, los activistas mostraron su inconformidad y exigieron la toma de medidas adicionales no solo para hacer justicia, sino también para reformar la Iglesia. “Ellos creen que se están protegiendo a ellos mismos y su reputación al no sacar estos nombres a la luz, pero finalmente es para su beneficio, porque cuando la gente sepa quién es quién, entonces los podrán echar y podrán empezar de nuevo”, expuso Milla.