1 de diciembre 2021

22 de noviembre 2021

Internacional

México espera la respuesta legal de las compañías de armas

El gobierno mexicano asegura que su demanda en contra de las once compañías productoras de armas no tiene que ver con la segunda enmienda, sino con las prácticas que facilitan el tráfico de armamento para los cárteles de la droga

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

A partir de este lunes, el gobierno de la 4T aguarda una respuesta a la demanda interpuesta contra 11 fabricantes de armas, bajo la instrucción de convertir el tema en prioridad, mismo que fue puesto sobre la mesa por el canciller Marcelo Ebrard en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

¿Por qué importa?

  • El gobierno federal asegura que su demanda en contra de las compañías productoras de armas no tiene que ver con la segunda enmienda, sino con las prácticas que facilitan el tráfico de armamento para los cárteles de la droga.
  • Según la organización Stop U.S. Arms to Mexico (Alto a las Armas de EU en México), de 2009 a 2019 ingresaron de manera ilegal al país más de 2 millones de armas, de las cuales, el 70 por ciento provenían de la Unión Americana.

El contexto:

Bajo el argumento de que sus prácticas negligentes e ilegales han provocado un incremento en la ola de violencia en México -en agosto pasado-, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador emprendió una demanda civil en contra de 11 fabricantes de armas en los Estados Unidos.

Los detalles:

  • La ofensiva diplomática de México contra los fabricantes de armas está enfocada en las “prácticas comerciales negligentes y falta de responsabilidad corporativa. Se trata de hacer responsables a las empresas”, expresó a El País la cónsul de México en Los Ángeles, Marcela Celorio.
  • Inclusive, la embajadora criticó que las compañías han adaptado sus productos al mercado mexicano, como el caso de Colt -uno de los demandados-, que tiene entre su armamento pistolas calibre .38 denominadas como ‘El Jefe’, ‘El Grito’ o la ‘Emiliano Zapata 1911’, modelos muy codiciados por los narcos mexicanos.
  • Para el especialista en violencia armada del Center for American Progress, Eugenio Weigend, existen tres factores que han disparado el tráfico de armas desde la frontera norte: el incremento sustancial de la producción de armas (desde mediados de la década del 2000); la flexibilización de las leyes estatales para adquirirlas; y la prácticamente nula regulación de éstas en expos y por Internet.
  • “Cuando uno compara las gráficas de venta de armas en Estados Unidos con las de asesinatos en México, la correlación es muy importante, como del 80%”, expresó Weigend en declaraciones recabadas por el diario El País.
  • De hecho, aunque la ofensiva mexicana requiere de un delicado encaje político en un país como Estados Unidos donde la Constitución favorece la portación de armas, en el litigio presentado en agosto se descarta un cuestionamiento frontal.
  • “Esta demanda no cuestiona las leyes, políticas o acciones de Estados Unidos o su Gobierno. El caso no tiene nada que ver con la segunda enmienda… Los cárteles no están protegidos por la segunda enmienda y los demandados no tienen derecho a suministrarles armamento”, se lee en el texto presentado por el canciller Marcelo Ebrard en una corte de Massachusetts, con el objetivo de evitar que el caso caiga en manos de un circuito de jueces conservadores.
  • El abogado Steve Shadowen, encargado de llevar el caso por México, prevé que los demandados pedirán al juez se desestime la acusación por falta de sustento, escudados en una serie de leyes aprobadas por el Congreso en 2005 que “blindan” a compañías de litigios iniciados por terceros en suelo estadounidense.

Esa será nuestra mina de oro, el punto medular del litigio… Un acuerdo fuera de la corte está descartado”

Fuentes al interior de la SRE

De acuerdo con el diario El País
  • “Lo que buscamos con este caso es una orden de la corte que requiera a los fabricantes reformar el sistema de distribución de armas. Eso sería muy importante, que tomen en cuenta esas precauciones”, explicó Shadowen, cuyo bufete radica en Austin, Texas y de acuerdo a Reuters percibirá un millón de dólares al año con tarifas reducidas por parte del Estado mexicano, por una demanda que podría extenderse hasta por dos años.
  • Fuentes al interior de la cancillería confirmaron a El País que no les sorprende la intención de que las empresas demandadas presenten una respuesta en bloque, aunado a una posible campaña de desprestigio en contra del gobierno mexicano.
  • “La demanda no se gana ni se pierde este lunes, pero es importante porque conoceremos cuál será su defensa… Dirán que la culpa es de México porque tiene malas aduanas, una frontera porosa y que es un país corrupto”, indicaron.
  • El 28 de febrero del año próximo es la fecha clave del caso, ya que será el día límite que tendrá la Secretaría de Relaciones Exteriores para responder a los argumentos presentados por las empresas. Si todo avanza conforme a lo esperado, hacia finales de 2022 arrancaría la presentación de pruebas.
  • “Esa será nuestra mina de oro, el punto medular del litigio… Un acuerdo fuera de la corte está descartado”, agregaron las fuentes, quienes ratificaron que el hecho de que la demanda sea presentada por el Estado y no a nombre de las víctimas, evitará que las compañías “busquen dar compensaciones individuales”.
  • De acuerdo con reportes periodísticos en Estados Unidos, ya se presentó una primera de desestimación en el caso, que nombra específicamente al fabricante de armas Ruger, bajo el argumenta de que “las causas de acción del gobierno mexicano contra Ruger son demasiado atenuadas e indirectas para someter a Ruger a su jurisdicción”.
  • Además de Ruger & Co., entre los demandados se encuentran las empresas Smith & Wesson; Barrett; Beretta; Century International Arms; Colt’s Manufacturing Company; Glock; Sturm; Witmer Public Safety Group y las subsidiarias de éstas, entre otras.
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