16 de septiembre 2021

25 de agosto 2021

Internacional

La Suprema Corte de EU avala el “Remain in Mexico”

Un programa que no existía hasta diciembre de 2018, que provocó una crisis humanitaria en la frontera y que representa una excusa para negar el asilo a miles de centroamericanos que escapan de la violencia y la pobreza fue avalado por el máximo tribunal de EU

Por Redacción Magenta

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¿Qué pasó?

La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos (EU) instruyó al gobierno de Joe Biden a reinstaurar el programa ‘Quédate en México’ (“Remain in Mexico”, en inglés), avalando el fallo de un juez federal de Texas. La política fue implementada originalmente por el ex presidente Donald Trump.

¿Por qué importa?

  • ‘Quédate en México’ reivindica el espíritu anti inmigrante de la política de refugiados de EU. La ratificación de la Suprema Corte cierra las alternativas de una nueva vía migratoria para la administración de Joe Biden.
  • Activistas de derechos humanos prevén que, como consecuencia, se multipliquen los abusos en contra de migrantes que esperan normalizar su estatus administrativo en territorio mexicano. La falta de acondicionamiento en estas facilidades del gobierno de México y el deterioro de la seguridad pública en el país advierten la extensión de una crisis de refugiados en la frontera con Estados Unidos.

El precedente de la Suprema Corte:

La decisión del juez Matthew Kacsmaryk desafía el principio de que los jueces deberían ser extraordinariamente reacios a involucrarse con asuntos de política exterior, remodelando el equilibrio de poder entre magistrados y funcionarios electos.

El contexto:

  • Poco después de asumir el cargo, Joe Biden se comprometió a derogar las políticas migratorias implementadas por Trump, comenzando por una revisión del programa ‘Quédate en México’, cuyo verdadero nombre es Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés).
  • Según reportes del Washington Post, a través del programa se envió a más de 60,000 solicitantes de asilo a esperar fuera del territorio estadounidense, mientras sus solicitudes se procesaban en los tribunales de inmigración de EU.

Los detalles:

  • El 1 de junio, mientras el litigio sobre su viabilidad estaba en curso, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, presentó un documento de siete páginas en el que detallaba las deficiencias del MPP y explicaba por qué su departamento rescindía la política adoptada a fines de 2018.
  • Sin embargo, el 13 de agosto, el juez Kacsmaryk anuló la decisión de Mayorkas y emitió una orden judicial permanente a nivel nacional, la cual entrará en vigencia en siete días para que Seguridad Nacional que “haga cumplir e implemente el MPP de buena fe”, pese a que desde marzo de 2020 está suspendido con motivo de la pandemia.
  • Al final, la Suprema Corte consideró que el gobierno de Biden no presentó motivos suficientes para justificar su decisión de cambiar la política migratoria, pese a la objeción de los tres jueces liberales Stephen G. Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan.
  • “La administración no demostró ninguna probabilidad de éxito en el reclamo de que el memorándum que rescindía los Protocolos de Protección al Migrante no era arbitrario ni caprichoso”, expresó el tribunal en un comunicado breve y sin firmar.
  • Lo anterior hace referencia al rechazo del año pasado, en el intento del ex presidente Trump de querer ponerle fin a otro programa migratorio, el de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA por sus siglas en inglés). En ese caso, el Tribunal ratificó que tal decisión sí era “arbitraria y caprichosa”, por lo que violaba la ley.
  • Sin una explicación clara de parte de la Suprema Corte, se infiere que el secretario Mayorkas podría cumplir la orden con un nuevo memorándum que integre una explicación más detallada o restablecer la política de Trump en lo que se resuelve la apelación.
  • Lo que sí es seguro es que el gobierno de Biden tendrá que renegociar el programa ‘Quédate en México’ con su homólogo Andrés Manuel López Obrador, un tema que da por sentado que los jueces designados por los republicanos reclaman el poder de dirigir la política exterior de Estados Unidos.
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