7 de agosto 2022

16 de febrero 2022

Internacional

La guerra del aguacate

Tras meses de enfriamiento en la relación bilateral de seguridad, Washington finalmente decidió regresar al status quo y hacer valer su enorme influencia al sur de la frontera.

Por Bernhard Buntru

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Tres hechos aparentemente independientes, un común denominador:  Estados Unidos. 

La relación entre México y su vecino del norte en materia de seguridad acaba de iniciar un nuevo capítulo. Tras años de enfriamiento en los cuales el gobierno de México ha buscado ganar terreno, Washington finalmente decidió regresar al status quo y hacer valer su enorme influencia al sur de la frontera. 

El timing no puede haber sido una casualidad. En pleno día del Súper Tazón, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural norteamericana anunció que suspendería por completo la importación de aguacates provenientes de México a raíz de la inseguridad en el estado de Michoacán.

Dado que Michoacán es el único estado autorizado para exportar este producto a Estados Unidos, la decisión ejecutiva le ha puesto freno a una agroindustria de importancia estratégica para el país y sobre todo para la entidad mexicana. 

Tampoco es coincidencia que hace apenas unos días, más de 150 efectivos del Ejército mexicano y la Guardia Nacional hayan tomado por asalto la localidad de Aguililla. Esto, luego de casi 10 meses de permanecer bajo la autoridad de facto del Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que, de acuerdo con reportes de inteligencia e información oficial, ha basado sus operaciones en la región fronteriza entre Colima y Michoacán.  

La acción de Sedena, en Michoacán, fue seguida por otro desarrollo en Estados Unidos que -nuevamente- destaca por el momento en el que sucede: se trata del resurgimiento del caso Salvador Cienfuegos. Así es, el ex secretario de la Defensa Nacional, investigado por la DEA y acusado de narcotráfico en la Corte Este de Estados Unidos, pero que fue devuelto a México en un extraño acuerdo diplomático de alto nivel.

Y es que este lunes, en medio de la crisis aguacatera, se dio a conocer una carta fechada el 12 de diciembre de 2021, en la cual los abogados de un criminal mexicano acusado en Estados Unidos denunciaron que las garantías que esa Corte recibió de que Cienfuegos enfrentaría una investigación en México “fueron una farsa y una estafa”.

En este preciso momento, la publicación de dicha carta no puede ser tomada más que como un mensaje de Washington para el gobierno de México.

Orillada por la grave epidemia de drogas sintéticas que aqueja a la población estadounidense, la administración Biden también ha reutilizado la política antidrogas como una herramienta para presionar a un gobierno vecino que -con mayor frecuencia- actúa en contra de sus intereses.

Pese a los altibajos, en el discurso la colaboración en materia de seguridad se ha mantenido más o menos intacta desde 2018, pero los últimos desarrollos perfilan a que esta relación se tornará cada vez más complicada.

El caso Salvador Cienfuegos, el fallido operativo contra Ovidio Guzmán y la promulgación de una ley con especial dedicatoria a la DEA, solo vinieron a formalizar la desconfianza histórica entre el aparato de seguridad norteamericano y la Secretaría de la Defensa Nacional mexicana. En ese tenor, resolver la crisis de seguridad en Michoacán es una verdadera prueba de fuego.

Bastión histórico del narcotráfico, lugar donde hace décadas la DEA instaló una de sus primeras oficinas en México en Uruapan, Michoacán no es cualquier estado presa de criminales. Es el estado de la narcoguerra perpetua. Es la entidad donde en 2006 el presidente Felipe Calderón declaró la ofensiva contra el crimen organizado; un estado que ha dejado de ser un simple centro de producción de drogas, para convertirse en una región donde con frecuencia no quedan claras las fronteras entre la autoridad, las empresas y la delincuencia. Y un lugar donde los grupos criminales pelean por el control total del territorio, con todo tipo de métodos de guerra, tanto armamentísticos como propagandísticos.

En Estados Unidos lo tienen muy claro: como de costumbre, ellos van por la cabeza de la serpiente. Y hasta donde se sabe, la cabeza del nuevo enemigo público de los estadounidenses está en Michoacán.

Mientras tanto, en México y sobre todo en Michoacán, a nadie le queda claro quién es el amigo y quién es el enemigo. 

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