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24 de Julio del 2019

¿La recesión es culpa de AMLO?

Todavía no es oficial, pero la caída del PIB en el segundo trimestre parece inminente, según Bank of America. ¿Cómo llegamos aquí?
¿México está en una recesión? Al margen de que se cumpla el tecnicismo de registrar dos trimestres consecutivos con un crecimiento negativo del producto interno bruto (PIB), la desaceleración de la economía mexicana es una realidad.   En los primeros tres meses del año, la actividad económica del país se contrajo 0.2 por ciento frente al trimestre anterior, según datos del INEGI que fueron ajustados por desestacionalización. Bank of America, cuyo economista en jefe para México es Marco Oviedo, proyecta que el PIB también se contraerá en el segundo trimestre.   Concuerden o no con la etiqueta de que la economía mexicana está en recesión, la más reciente encuesta de analistas realizada por Citibanamex sugiere que el grueso de las proyecciones de crecimiento económico para 2019 están siendo revisadas a la baja.   El martes, el Fondo Monetario Internacional actualizó su reporte sobre Perspectivas Económicas Globales, en el que redujo el pronóstico de expansión del PIB de México para este año desde un 1.6 por ciento a un 0.9 por ciento.   Mientras el debate político y mediático se concentra en establecer si esto es producto del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los economistas apuntan a dos políticas económicas en particular: la fuerte reducción del gasto público y el alto nivel del objetivo de la tasa de interés de referencia del Banco de México.   Se argumenta que, combinadas, la política fiscal y monetaria no exhibían un sesgo tan restrictivo desde la administración de Miguel de la Madrid.   En línea con la tradición de ortodoxia de las últimas dos décadas en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, la política económica de la llamada Cuarta Transformación ha privilegiado el control del déficit fiscal, de la relación deuda pública-PIB y de la inflación por encima del crecimiento económico.   La política de austeridad draconiana implementada en los primeros seis meses del año se traduce en un subejercicio de 120 mil millones de pesos, según el Instituto Mexicano de Contadores Públicos. La magnitud de esa cifra equivale prácticamente al recorte anunciado en 2016 por el entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray. En ese entonces, ese objetivo fue entendido como uno de los mayores esfuerzos de consolidación fiscal en la historia reciente de México.   Este enfoque restrictivo, utilizado como una medida estándar para mitigar crisis financieras e inflacionarias, se conjuga con otra política que mantiene un efecto adverso sobre el crecimiento económico: la tendencia alcista, iniciada en 2015, de la tasa objetivo de interés de referencia, que se encuentra en un nivel de 8.25 por ciento.   Pese a que el elevado costo del dinero permite retener inversión de portafolio en el corto plazo, el consenso de analistas refiere que esto ha desincentivado la inversión privada.   México cuenta con la tasa de interés de referencia más alta para países con su mismo grado de inversión crediticia, de acuerdo a datos proporcionados por el Banco de México. En ese sentido, resulta poco sorprendente que en los primeros cuatro meses del año la caída acumulada de la inversión fija bruta sea de 2.1 por ciento, en relación al mismo periodo del año anterior.   Dentro y fuera del gobierno se comenta que, con esa cifra, será prácticamente imposible de cumplir la promesa del Presidente López Obrador de crecer a tasas de 4 por ciento anual.   A pesar de la coyuntura y del entorno actual, Alejandro Díaz de León, el gobernador de Banco de México, observa un cambio estructural de gran relevancia que incide en gran medida en la política fiscal y monetaria que se ha implementado.   La hipótesis de Díaz de León se ha explorado poco en los círculos de la comentocracia que discute las perspectivas de recesión de la economía mexicana: desde el 2014, se colapsaron las fuentes de financiamiento externas.   En ese año, los flujos financieros externos anuales fueron equivalentes al 4.1 por ciento del PIB. En el 2018, la cifra se desplomó a 0.9 por ciento del PIB, de acuerdo a datos del banco central.   El gobernador del Banco de México argumenta que este shock fue compensado con una menor absorción de recursos de parte del sector público, que pasaron de 4.7 por ciento del PIB en el 2014 a 2.4 por ciento del PIB en el 2018.   En este marco, toma sentido el condicionamiento de los mercados de capitales a que el gobierno mexicano asuma políticas fiscales y monetarias de corte restrictivo.   Una prueba parcial de este colapso está en el marcado declive del índice del tipo de cambio efectivo elaborado por JP Morgan, que muestra una peso 16 por ciento más débil frente al dólar de lo que era en diciembre de 1994, en la antesala del “error de diciembre”.   Esta caída se acentúa después de 2014, año en el que se presentó la mayor caída de los precios del petróleo de una generación. Ese momento marcó un punto de quiebre para México: Díaz de León explica que el fenómeno detrás del colapso de los flujos financieros externos es el cambio estructural de la balanza petrolera. El país pasó del superávit al déficit. México dejó de ser un país petrolero.   En el 2018, la balanza petrolera registró un superávit de 23 mil 160 millones de dólares. El dato clave de este cambio estructural está en la caída de la plataforma de producción petrolera, que pasó de 3.4 millones de barriles diarios en 2004 a 1.7 millones de barriles diarios en 2018.   El deterioro de los indicadores financieros del país sucede al desplome petrolero de 2014. Podría argumentarse que eso cambió la relación de México con los mercados de capitales: el costo de asegurar un bono soberano mexicano a cinco años es igual al de otros activos con niveles de calificación crediticia que están dos escalones por debajo de BBB+, que es el grado de inversión del país. Bajo esta medida, Pemex, el centro neurálgico de riesgo financiero en México, cotiza cien puntos base por encima de Petrobras, la petrolera brasileña que en 2015 estuvo al borde de la quiebra.   Ésa es la herencia económica y financiera que recibió el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. A pesar de ello, el consenso de analistas no lo exime de responsabilidad.   Gabriel Casillas, el economista en jefe de Grupo Financiero Banorte, considera que algunas decisiones arbitrarias están generando incertidumbre, prolongando, de ese modo, las políticas de austeridad y altos niveles en los tipos de interés. Se citan decisiones como la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México, la vaguedad de un Plan de Negocios de Pemex que cierra la puerta a las asociaciones privadas, el juicio de arbitraje promovida por la CFE en relación a la red de gasoductos del país y el congelamiento de los permisos de construcción en la Ciudad de México.   Entonces, ¿López Obrador es responsable de la desaceleración económica de México? Sí, parcialmente, según lo expresado por el consenso de analistas. En el mejor de los casos, sugieren, está acelerando el deterioro de la economía. En el peor de los casos, está llevando al país a su primer recesión formal en una década.