Aquí nos dan el avión

El escándalo del pasado viernes en el gobierno de Donald Trump fue la renuncia de Tom Price, su secretario de
Salud.

Por supuesto que su cese fulminante obedeció a su inhabilidad para concretar un nuevo y convincente plan que reemplazara al debatido Obamacare, pero esa no fue la gota que derramó el vaso.

La abierta indignación de su jefe, el presidente, radicó en el abusivo gasto que el funcionario hizo de aviones privados para utilizarlos en actividades oficiales y personales.

En Estados Unidos los funcionarios de gobierno, salvo de seguridad nacional, están obligados a usar vuelos comerciales para sus actividades oficiales.

Pero sobre todo en intentar burlarse de los ciudadanos intentando tapar el despilfarro de un millón de dólares, pagando solo 52,000 dólares que “cubría” el costo de su asiento. ¡Vaya estupidez!

El de Price no es el único caso de uso abusivo de aviones privados costeados por los contribuyentes norteamericanos.

Ahí esta también la costosa luna de miel del secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, quien cruzó el Atlántico con su nueva esposa, en un avión militar pagado por los contribuyentes norteamericanos.

Y Trump podrá mostrar toda la indignación que quiera.

Después de todo sus rabietas en ciento cuarenta caracteres ya son la costumbre y no la excepción.

En lo que va de su corto gobierno ya renunció con sus desplantes a 14 integrantes de su círculo más cercano, todo un récord histórico.

Que bueno que el sistema político norteamericano se auto regule expulsando a los abusivos. Pero, si medimos con la misma vara la indignación, la ley debía empezar por aplicarse al actual presidente de los Estados Unidos.

Baste saber que en sus primeros diez meses de gobierno el golfista Donald Trump ya se gastó en traslados aéreos lo que Barak Obama facturó de vuelos en sus ocho años de Gobierno.

Ello sin contar con el costosísimo aparato de seguridad ex profeso para mantener a su esposa Melania y a su hijo Barron en Nueva York, sin contar los montajes de cada semana para toda la familia, en su ya habituales escapadas a los mejores campos de golf del país.

Pero al menos en Estados Unidos hay mecanismos de regulación que no sólo permiten conocer a detalle, con
transparencia, los gastos superfluos de sus representantes, lo que da la oportunidad de tomar medidas inmediatas, como allá sucedió con Price.

En México los sexenios pasan y difícilmente podemos conocer cuánto gas-avión se consume en pasear a tantos de nuestros políticos con fines oficiales no urgentes y sobre todo personales.

Las bitácoras de vuelos privados de los gobernadores, directores de para estatales, secretarios de Estado e incluso el Presidente de la República se mantienen en secreto, en la más absoluta opacidad bajo el pretexto de la seguridad personal.

Salvo el escandaloso caso de David Korenfeld, el director de Conagua que fue sorprendido in fragantti trasladando a su familia en un helicóptero oficial como si fuera su Uber celestial, no conocemos que el sistema otro funcionario castigado por ese motivo. Y vaya que abundan.

Si queremos operar un justo sistema de pesos y balanzas, que transparente los abusos, vamos creando algún comité ciudadano que, salvando el caso de “seguridad personal”, audite los vuelos privados de funcionarios públicos. A todos los niveles.

Será la única forma en que podamos exhibir el millonario dispendio de esos gobernadores, funcionarios e integrantes del gabinete que tienen ya su opaca flotilla aérea personal sin rendir cuentas ni a su jefe el presidente.

Verán entonces que con las decenas millones de pesos ahorrados de gas avión podremos aportar mas a la
urgente reconstrucción nacional.