AMLO y Samuel: dos silencios

Si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aspira a que su discurso contra la corrupción sobreviva, tiene que enfrentar el nuevo caso en el que se cuestiona a su hijo José Ramón.

Si el gobernador de Nuevo León aspira a que le crean que no va a hacer negocios familiares en su gobierno, tiene que fijar postura sobre las cuatro empresas que registró a su nombre, al de su esposa, al de sus padres y sus hermanos, apenas días antes de asumir su cargo.

Son dos investigaciones de Latinus y de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que no tienen desperdicio.

En la primera se cuestiona que José Ramón López Beltrán, hijo del inquilino de Palacio Nacional, viva en Houston con un estilo muy alejado de la austeridad que pregona su padre, quien suele pedirle ser frugales a todos los mexicanos.

En lo personal, creo que José Ramón y su esposa, Carolyn Adams, tienen todo el derecho de vivir como los recursos legítimos que logren con su trabajo se los permitan. El hijo del presidente vive en Estados Unidos, es independiente y no trabaja oficialmente en el gobierno de la 4T.

Lo que sí es obligado investigar y responder es si la residencia de un millón de dólares, ubicada en Oaks Estates, en el fraccionamiento Jacobs Reserve, en la que vivieron hasta 2020 en Conroe, Texas, era propiedad de Keith L. Schilling, presidente de la corporación energética Baker Hughes.

El conflicto de interés radicaría en que esa empresa norteamericana tiene contratos con Pemex por 151 millones de dólares, de los que al menos más de la mitad le fueron otorgados ya en el gobierno de la 4T.

Y, sobre todo, dejar en claro que el presupuesto cercano al millón de dólares que invirtieron José Ramón y Carolyn en su nueva casa donde viven ahora, es producto de su trabajo y no de la presunción de tráfico de influencias en el sector energético.

El presidente López Obrador siempre dijo que vigilaría los negocios de su familia. Que él no respondería por los actos ni de sus hijos, ni de sus hermanos o parientes, más allá de los de su esposa y su hijo menor de edad.

“Dejo en claro que si mis seres queridos, mi esposa o mis hijos, cometen un delito, deberán ser juzgados como cualquier otro ciudadano. Solo respondo por mi hijo Jesús por ser menor de edad”, expresó López Obrador el 1 de diciembre de 2018.

Tres días después de las revelaciones de Latinus existe un silencio sepulcral. Nadie sale a explicar o a defender el punto. Hoy, el presidente López Obrador estará obligado a fijar su postura en La Mañanera. Si guarda silencio, será un golpe mortal a la credibilidad de su discurso.

El otro caso es el de Samuel García, Mariana Rodríguez y toda la familia del gobernador de Nuevo León, quienes registraron cuatro nuevas empresas a su nombre, apenas unos días antes de asumir el cargo.

Y lo que es un flagrante ilícito, ninguna de esas empresas aparece en la declaración patrimonial presentada el 29 de noviembre por el gobernador electo.

Se trata de SAMAL-MAR, Saga Bienes Internacional y Saga Comercio, Construcción y Transporte, además de García Sepúlveda Inver.

Es un auténtico incesto político-mercantil, una danza de intereses en los que participan el gobernador, su influencer esposa, el padre y la madre del gobernador, además de todos sus hermanos.

¿Para que necesitarían el gobernador, su esposa y su familia cuatro nuevas empresas registradas como sociedades anónimas, que por sus actividades tienen evidentes fines de lucro?

Si SAMAL-MAR es una empresa dedicada a la construcción y sus socios son el gobernador y su esposa… ¿Cuál fue la urgencia de crear esa empresa? ¿Van a hacer obra bajo esa empresa durante el sexenio?

El gobernador Samuel García parece olvidar el escándalo de la transferencia de 14 millones de pesos que su familia trianguló para financiar su campaña y la de Movimiento Ciudadano. Un caso que, misteriosamente, todavía está sin resolver en el cuestionado INE.

Y al igual que el presidente en el caso de su hijo, ni el gobernador ni su influencer pareja salieron a dar cara para responder a las acusaciones de Latinus.

Samuel García, desde su silla imperial, blindada por la gracia que le otorgan algunos poderosos empresarios del Grupo de los 10, ya decidió no responder preguntas en sus malas copias de La Mañanera. Así que, si decide callar, no hay manera de exigir respuesta.

Habrá que esperar a que Lord Tiktok y Lady Instagram se dignen a romper el pasmoso silencio en sus redes para aclarar si llegaron al Palacio de Cantera a gobernar o a hacer negocios con sus flamantes sociedades anónimas.

Si hoy no existen respuestas, tanto del presidente López Obrador como del gobernador Samuel García se confirmará que cojean de la misma pata: su discurso estará divorciado de los hechos.