AMLO no se va

¿Y si el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no quiere entregar el poder, qué sigue para México?

En el 2006, Andrés Manuel López Obrador estaba convencido de que el gobierno de Vicente Fox estaba preparando una elección de Estado. El tiempo le dio la razón al candidato presidencial del PRD. Aunque nunca pudo comprobar la teoría del fraude electoral, la intervención del gobierno federal, de los gobernadores priistas, de los sindicatos y de la élite empresarial quedó de manifiesto en la operación de tierra del Día D. Felipe Calderón derrotó a López Obrador por 236 mil votos, un margen de 0.56 puntos porcentuales.

En el caso de López Obrador, el proceso de desafuero promovido en su contra significó el canario en la mina que adelantaba la tesis de la elección de Estado.

Ahora, 17 años más tarde, los ataques constantes del presidente López Obrador en contra de Xóchitl Gálvez advierten la actitud de un gobierno que, de acuerdo a la visión del Frente Amplio por México, está dispuesto a utilizar todos los medios legales e ilegales a su alcance para ganar la elección presidencial.

La democracia mexicana está frente a la prueba de estrés más importante desde que López Obrador se declaró presidente legítimo y tomó las calles de Reforma en el 2006. La irrupción de Xóchitl Gálvez en la escena política y la consecuente reacción del gobierno de la Cuarta Transformación han puesto de relieve dos preguntas fundamentales: ¿López Obrador estará dispuesto a conceder la derrota en caso de que Xóchitl Gálvez gane la elección? ¿Y en caso de que el presidente se niegue a ceder el poder, cómo van a actuar las Fuerzas Armadas, el Congreso, el INE y la Suprema Corte de Justicia de la Nación?

Prácticamente, nadie estaba pensando en esto hace dos meses, cuando López Obrador cenó en Porrúa con los cuatro principales aspirantes a la candidatura presidencial de Morena. El presidente tenía el control absoluto de la sucesión. Sin embargo, el tablero político ha cambiado radicalmente. Las llamadas ‘corcholatas’ han desaparecido del primer plano de la agenda pública y se han exhibido las grietas dentro de la coalición de la 4T.

En cambio, el fenómeno Xóchitl ha concentrado el fuerte descontento de casi la mitad del país en contra del gobierno de López Obrador. Esta semana, México Elige publicó los resultados de un sondeo que muestra a un país polarizado: el 51.4 por ciento de los encuestados votaría por Morena y sus aliados si las elecciones se llevaran a cabo hoy, el 40.3 por ciento lo haría por el Frente Amplio Opositor y el 8.3 por ciento permanecería indeciso. Asimismo, un careo entre Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez arroja una preferencia de 45.4 por ciento para la potencial candidata de Morena, de 43.2 por ciento para la potencial candidata del Frente Amplio Opositor y un 10 por ciento de indecisos.

Esto dibuja una elección en disputa, dentro del margen de error, a once meses de la contienda. Este contexto explica en gran medida por qué el presidente ha utilizado todo el poder del aparato de comunicación del Estado, empezando por su conferencia de prensa diaria, para denostar a Xóchitl Gálvez, una aspirante a la candidatura presidencial cuya trayectoria de vida le otorga cierto grado de inmunidad contra la narrativa de la 4T.

La semana pasada, el presidente de México mencionó a Xóchitl Gálvez 25 veces en “la mañanera”. El viernes, López Obrador incurrió en una doble falta: Primero, desacató las medidas cautelares impuestas por el Instituto Nacional Electoral que le impedían hacer referencia a cualquier aspirante a la candidatura presidencial, ya sea del oficialismo o de la oposición. A pesar de que dijo que acataría “bajo protesta” las sanciones de las autoridades electorales, ignoró al INE y siguió atacando a Xóchitl Gálvez.

Segundo, el presidente publicó en su cuenta oficial de Twitter un enlace con información sobre las presuntas transacciones públicas y privadas de una compañía en la que Xóchitl Gálvez aparece como socia.

Esto pone en tela de juicio si el presidente ordenó violar el secreto fiscal y bancario para obtener información de la principal figura de la oposición. Con la publicación, el presidente López Obrador pretendía arrojar luz a los contratos que la firma High Tech Services ha ganado en licitaciones del gobierno.

La senadora panista contestó que la aseveración es falsa, y que constituye un delito. Retó públicamente al presidente a soportar sus dichos con documentos públicos. Además, dejó claro que su empresa paga impuestos, genera empleo y ha ganado licitaciones en condiciones de competencia, incluso con el gobierno de López Obrador.

Los datos publicados por López Obrador no muestran documentos oficiales, sino un resumen de ingresos, gastos, nómina pagada y depósitos en efectivo en hojas de cálculo con errores de sumatoria. En la propia publicación del presidente, el número de contratos con el gobierno alcanza 80 millones de pesos, el 5 por ciento del monto total exhibido.

Ninguno de estos dos rubros representa información pública. Las dependencias con acceso a estos datos son el SAT, que dirige Antonio Martínez Dagnino, funcionario cercano a Andrés Manuel López Beltrán, y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, cuyo titular es Pablo Gómez.

El presidente ni sus aliados han cesado en los ataques contra Gálvez. A pesar de que la publicación de López Obrador fue desmentida, este lunes, el mandatario volvió a hacer alusión a los 1,400 millones de pesos en ingresos que ha recibido High Tech Services, justificando que vienen de contratos de gobierno y de “desarrolladores”.

Esto tiene una doble intención: probar los límites de los contrapesos que pudieran poner orden en el proceso electoral y debilitar a la principal aspirante de la oposición con intervenciones ilegales. López Obrador se acoge a la máxima de que una mentira dicha mil veces se convierte en verdad.

El presidente, quien nunca ha aceptado una derrota electoral en su carrera, tiene otro incentivo para influir en la elección presidencial: Xóchitl Gálvez ha realizado decenas de denuncias en contra de irregularidades del gobierno de López Obrador, incluida una petición a la Securities and Exchange Commission de Estados Unidos para investigar el presunto conflicto de interés del caso Baker Hughes que alcanza a José Ramón López Beltrán.

La campaña de la senadora panista habla de manera cada vez más frecuente sobre los hijos del presidente.

López Obrador tiene todas las excusas para no dejar el poder. Como dice la canción, AMLO no se va.