AMLO-Glas: Asilo inconfesable

¿Por qué México concedió asilo a Jorge Glas, el ex vicepresidente de Ecuador que enfrenta más de 30 cargos de corrupción, que ha sido sentenciado a 14 años de prisión por dos causas de sobornos, una de ellas vinculada a la transferencia de 13.5 millones de dólares de Odebrecht, y que de acuerdo a la fiscalía ecuatoriana protegió a cárteles de la droga desde el gobierno de Rafael Correa?

Una fuente de alto nivel con conocimiento del asunto ofreció una respuesta a Código Magenta: con esta maniobra de protección diplomática, el gobierno mexicano pretendía evitar que Glas se convirtiera en un informante, ya sea en Ecuador o en Estados Unidos, sobre los profundos vínculos de los cárteles mexicanos con las organizaciones criminales ecuatorianas.

Las declaraciones del presidente Daniel Noboa ante la prensa internacional confirman parte de esta tesis.

Noboa sugirió a la cadena australiana SBS que el gobierno de México estaba preparando una extracción ilegal de Jorge Glas y que eso habría representado un golpe fatídico para la credibilidad de su gobierno como una coalición capaz de enfrentar al crimen organizado. En ese sentido, el allanamiento de la embajada de México en Quito, una violación flagrante del derecho internacional fue justificada como un mal necesario: “No me arrepiento de nada… Si Glas hubiera escapado utilizando vehículos de la embajada y aviones del gobierno mexicano, entonces (yo) habría parecido demasiado débil para todos”.

La semana pasada, The Economist hizo énfasis en este punto en un artículo titulado “¿Por qué Ecuador se arriesgó a una condena global con el asalto a la embajada de México?”. El semanario inglés retomó la narrativa del gobierno de Noboa: permitir el escape de Glas habría significado el colapso del gobierno. La crisis de seguridad de Ecuador se exacerbó a partir de la fuga de prisión de los dos principales cabecillas del narcotráfico en el país: Adolfo Macías, alias “Fito”, del grupo criminal de ‘Los Choneros’, que está asociado al Cártel de Sinaloa en la red de suministro global de cocaína y a quien le atribuyen la autoría intelectual del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio; y Fabricio Colón Pico, del grupo criminal de ‘Los Lobos’, una entidad vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación que recientemente lanzó una amenaza de muerte, pública y frontal, contra la fiscal General de Ecuador.

Tal como lo hizo Fernando Villavicencio antes de ser asesinado, Noboa ha resaltado ante medios internacionales el papel que juegan los cárteles mexicanos en Ecuador: “Hay evidencia de cárteles mexicanos operando en Ecuador y Colombia, así como en Venezuela… No tengo conflicto con México. Creo que ellos tienen un conflicto con nuestro sistema judicial”. En el subtexto, las palabras del presidente ecuatoriano también representan una crítica a la tolerancia que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha tenido, en relación a la expansión internacional del Cártel de Sinaloa y del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Para el gobierno de Ecuador, el asilo ofrecido a Jorge Glas en la embajada de México en Quito significa una señal adicional de esta tolerancia criminal. Jorge Glas fue sentenciado, por primera vez, en 2017. Sin embargo, en 2022, el juez Emerson Curipallo le concedió libertad condicional. Meses después, en diciembre de 2023, Diana Salazar, fiscal general de Ecuador, declaró que uno de los principales líderes criminales del país, Leandro Norero, pagó un soborno de 250 mil dólares al juez Curipallo para liberar a Jorge Glas. El testimonio de la fiscalía fue aportado por Marcelo Lasso, compañero de celda de prisión de Leandro Norero, quien aseguró que el líder criminal realizó una videollamada con el ex presidente Rafael Correa para hablar sobre la liberación de Glas. Fue precisamente en este periodo, en medio del escándalo de diciembre de 2023, cuando el gobierno de López Obrador resguardó a Jorge Glas en la embajada de México en Quito.

De acuerdo a Inisght Crime, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación actúan como compradores de cocaína y como contratistas de transporte, seguridad y logística para quienes operan las redes de tráfico de drogas en Ecuador, uno de los hubs más importantes para exportar sustancias controladas a Europa y a Estados Unidos. El año pasado, diversas pandillas formaron un frente común denominado ‘Nueva Generación’ para hacer frente a la hegemonía criminal de ‘Los Choneros. “Esto se cita a veces como prueba de que los grupos mexicanos están librando una guerra de poderes en Ecuador”, se lee en un reporte de Insight Crime.

Los detalles sobre la relación de los cárteles mexicanos con las facciones criminales de Ecuador se han vuelto públicas, en gran medida, gracias a causas judiciales procesadas en Estados Unidos. El ejemplo más notable es el de Emilio Sánchez Farfán, alias “El Gato Farfán”, quien fue detenido en Colombia y extraditado a Estados Unidos en febrero de 2023.

Esta semana, el gobierno de Daniel Noboa obtuvo una victoria rotunda en un referéndum nacional que aprobó la militarización de la seguridad pública sin la necesidad de que se declare un estado de excepción y que autorizó la extradición de criminales ecuatorianos.

El consenso de analistas argumenta que se trata de dos gestos para fortalecer la cooperación de seguridad con el gobierno de Estados Unidos. Quito mantiene dos acuerdos con Washington para realizar operaciones conjuntas con las Fuerzas Armadas norteamericanas en el combate al narcotráfico. Ambos compromisos fueron ratificados por decreto por el presidente Noboa en sus primeros días de gobierno.

En enero, la general Lara Richardson, jefa del Comando Sur del ejército de Estados Unidos, visitó Ecuador para anunciar un paquete de asistencia militar de 93 millones de dólares, similar a lo que fue el Plan Colombia de la década de los noventa. El plan fue diseñado y cabildeado por Chris Dodd, el influyente ex senador demócrata que funge como asesor del presidente Joe Biden para América Latina. Sí, el mismo Chris Dodd que hace algunos meses estuvo en Palacio Nacional de México para discutir asuntos de seguridad binacional con el presidente López Obrador.

Ecuador enfrenta una profunda crisis de seguridad, un conflicto armado interno marcado por asesinatos políticos, un aumento en los índices de extorsiones y un descontrol de los centros penitenciarios. La reacción de Noboa frente a la emergencia encuentra paralelismos con la política Nayib Bukele, en El Salvador: un despliegue indiscriminado de las Fuerzas Armadas, detenciones masivas que han sido cuestionadas como violatorias de derechos humanos y un apoyo basado en la cooperación con Washington.

“Estamos ante un tipo que no tiene límites ni escrúpulos que se quiere parecer a Calígula, el emperador romano extremadamente joven que perdió la cabeza porque no supo manejar el poder”, publicó en sus redes sociales el ex presidente Rafael Correa, principal figura de oposición en Ecuador y una figura alineada ideológicamente con el presidente López Obrador.

A pesar de la crítica, apenas 24 horas después del referéndum nacional, la administración de Noboa obtuvo su primer gran victoria en el conflicto armado interno: logró la recaptura del criminal Fabricio Colón Pico.

En términos de la política de seguridad nacional y de la relación con Washington en la materia, el contraste es evidente. El gobierno mexicano podría ser presionado a explicar la verdadera razón por la cual ofreció asilo al ex vicepresidente Jorge Glas.

¿Será que, por eso, los mandos militares mexicanos discuten la posibilidad de capturar a uno de los grandes capos del narcotráfico como acto final del sexenio?