AMLO y Calderón: Los Generales

Hace poco menos de 15 años, con un potente discurso, Felipe Calderón le declaró la guerra a la delincuencia organizada. Hoy, por medio de un decreto presidencial, Andrés Manuel López Obrador reafirma la declaratoria de guerra y la convierte en ley.

De acuerdo con un decreto publicado este lunes 11 de mayo en el Diario Oficial de la Federación (DOF), las Fuerzas Armadas podrán llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria durante los próximos cinco años.

Esta reforma, impulsada desde el gobierno federal pero aprobada hace seis meses por el Congreso, normaliza el estado de excepción iniciado durante el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Las condiciones en las que se dieron la declaratoria y la reafirmación obedecen a motivos diferentes, en coyunturas diametralmente distintas. Pero los resultados, según los expertos, se perfilan a ser los mismos.

Luego de la contienda presidencial más cerrada en la historia de México, Calderón se instalaba en Palacio Nacional “haga sido como haiga sido” y refrendaba su compromiso para combatir al crimen organizado. Era el año 2006 y el PAN comenzaba su segundo sexenio en Los Pinos.

“Ténganlo por seguro, esta es una batalla en la que yo estaré al frente, es una batalla que tenemos que librar y que unidos los mexicanos vamos a ganar a la delincuencia”, aseguró el mandatario ese 1 de diciembre. Pero la promesa probaría difícil de cumplir.

El quiebre sistémico que representó el final de un reinado ininterrumpido de siete décadas del PRI también significó un quiebre dentro de la red de complicidades que existía entre las autoridades del viejo régimen y los grupos del crimen organizado que operaban en el país. Los incendios en varias regiones del país ya amenazaban con salirse de control.

Para finales del sexenio de Vicente Fox, la hoy extinta Policía Federal ya intentaba pacificar ciudades como Nuevo Laredo y Ciudad Juárez, donde grupos criminales se disputaban abiertamente el control territorial con una brutalidad nunca antes vista en el México moderno. La intervención fracasó rotundamente y la narcoviolencia empezó a dominar la agenda pública.

Y así, días después de tomar posesión, el presidente Calderón ordenó el despliegue del Ejército en la Tierra Cliente michoacana, azotada en ese entonces por el sanguinario cártel de la Familia Michoacana. La declaratoria ya se había efectuado. Ese fue el grito de guerra.

Enrique Toussaint, politólogo de la Universidad de Guadalajara, sostiene que Calderón le apostó a la guerra en búsqueda de la legitimidad que tanto necesitaba al inicio de su mandato.

“Desde que eligió esa política, guerra y legitimidad se convirtieron en un binomio para Felipe Calderón. De esa guerra dependía la certeza de su legitimidad y con el tiempo, de la legitimidad dependió la guerra”, expone el académico. Hoy en día, la tesis es compartida por un sinfín de analistas políticos.

Por esa razón, el expanista recurrió a la Fuerzas Armadas. Y es que, a diferencia de los cuestionados cuerpos de seguridad en el país, los militares de México eran de las pocas instituciones que gozaban de confianza entre la población.

Sin embargo, con o sin legitimidad, y con el apoyo del Ejército y la Marina, el resultado de la política de seguridad calderonista lo conocemos todos. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) y el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), durante su mandato Calderón sumó un total de 120 mil 935 homicidios dolosos.

Hoy, si le sumamos los más de 120 mil muertos de Enrique Peña Nieto, quien mantuvo la estrategia militarista de Calderón, los muertos de la Guerra contra el Narco sobrepasan ya los 250 mil. Esas son las cifras oficiales. Pero en realidad nadie sabe a ciencia cierta cuántos son.

La guerra de AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que, en su caso, es diferente. Y pese a que durante los sexenios de Calderón y Peña Nieto fue uno de los opositores más vocales a la política de militarización, una vez en el poder también le apuesta la seguridad del país a las Fuerzas Armadas.

De alguna manera, lo que sostiene López Obrador es cierto. Su militarización sí es diferente. Con el amplio apoyo popular que disfruta, la decisión del mandatario no obedece a una necesitad de legitimación. Lo que sí es similar es que el presidente considere que la única manera de resolver el problema de la violencia en el país es con al apoyo del Ejército y de la Marina.

“Se estaba desaprovechando la utilización de estas instituciones para atender el principal problema que heredamos: el de la inseguridad y el de la violencia”, explicó López Obrador el 14 de mayo. Del rol de las policías municipales y estatales, ni una mención.

Así que, por los próximos cinco años, “en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria”, indica el decreto.

Y aunque defensores de derechos humanos y expertos en política de seguridad cuestionen la convencionalidad -e inconstitucionalidad- del acuerdo presidencial, lo hecho está hecho. Tenemos Estado de Guerra para rato. No importa que el Ejército no esté entrenado para llevar a cabo labores de seguridad pública. No importa que su labor en los últimos 12 años no se haya traducido en una reducción de la violencia. No importa que se siente un peligroso precedente el cual fortalece a los verdes. No importa que, por más de una década, los expertos señalen que una de las vías para salir de este atolladero de inseguridad es construyendo policías confiables y eficaces. Quizá López Obrador sienta que no hay tiempo suficiente para eso.

«Calderón declaró la guerra, le pegó un avispero a lo tonto cuando declara la guerra a la delincuencia organizada” dijo el presidente en agosto de 2019. “Va a Michoacán y va vestido de militar. Se pone un chaleco. Le quedaba grande”.

Esperemos que a López Obrador tampoco le quede grande.