Alonso Ancira: una negociación opaca

¿Qué pasó?

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que su gobierno no tiene nada que ocultar ni se guardará información, la Fiscalía General de la República reservó por cinco años el acuerdo alcanzado entre Pemex y el ex dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), Alonso Ancira, liberado en abril pasado.

¿Por qué importa?

El empresario se comprometió a pagar 216.6 millones de dólares como reparación del daño por la compra-venta de la planta “chatarra” Agronitrogenados, la cual compró Pemex en un sobre precio de 275 millones de dólares, cuando Emilio Lozoya fungía como su director general.

El contexto:

El llamado ‘Rey del Acero’ arribó a México a principios de febrero y se le imputó prisión preventiva acusado de lavado de dinero, cohecho y defraudación fiscal. La fiscalía lo acusó de haber triangulado 3.5 millones de dólares a través de empresas fantasma vinculadas a Emilio Lozoya. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo, fue puesto en libertad tras pasar unos días en el Reclusorio Norte.

Los detalles:

• De acuerdo con una solicitud de transparencia, formulada por Quinto Elemento Lab, la Fiscalía General de la República se negó a proporcionar las obligaciones pactadas y términos acordados en el acuerdo.

• “La información es clasificada como reservada, dado que su publicidad representa un posible riesgo para las estrategias de investigación, la persecución del delito, la seguridad de las víctimas y la procuración de justicia”, expuso la dependencia a cargo de Alejandro Gertz Manero.

• Entre otras cosas, la solicitud de información realizada vía Ley de Transparencia trataba de indagar los pormenores de la negociación entre Ancira Elizondo y Pemex, como la modalidad de los pagos, garantías, penalidades en caso de incumplimiento y el nombre y número de cuenta del banco. La respuesta fue no.

• En ese sentido, el director de Transparencia Mexicana, Eduardo Bohórquez, afirmó que por tratarse de un caso vinculado a actos de corrupción, la FGR debería dar a conocer públicamente dicho acuerdo reparatorio, “cuando menos una versión testada o pública”.

• “Dado que se trata de una operación que involucra daño patrimonial al Estado, su contenido es relevante no sólo para el gobierno o la fiscalía, sino para 122 millones de mexicanos. El daño no es sólo para Pemex sino para el contribuyente”, afirmó Bohórquez en declaraciones para El Universal.

• Además de la Fiscalía, la defensa legal de Alonso Ancira declinó entregar una copia del acuerdo negociado, bajo el argumento de “secrecía profesional”, así como de parte de AHMSA y Pemex, quienes tampoco ofrecieron detalles del mismo.

• De igual manera, en el juzgado donde se desahoga el proceso penal en contra del empresario aseveró no tener copia de dicho documento, mientras que el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte confirmó que no puede entregar el texto íntegro del convenio, debido a que no está dentro del expediente de la causa penal 211/2019, a pesar de que el acuerdo fue aprobado por el juez de Control.

• “Si la fiscalía consideró satisfecho el interés de la sociedad a través de ese acuerdo reparatorio, es fundamental que la sociedad conozca en qué términos fue satisfecho nuestro derecho”, expresó a El Universal, Gema Ayecac, especialista en temas de transparencia de la UNAM.