Alerta sísmica desde la Corte

La alerta sísmica sonó ayer al mediodía en la Ciudad de México. Por fortuna fue en falso. Un error humano, dijeron.

Pero donde sí se sintieron fuertes sacudimientos fue en Palacio Nacional, con trepidaciones secundarias en la Casona de Bucareli, sede de la Secretaría de Gobernación.

El epicentro del sismo político se dio en la sede de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en donde se votó y se rechazó el llamado Plan B contra el INE, instrumentado por Adán Augusto López y con el presidente Andrés Manuel López Obrador como su autor intelectual.

Fuerte debió ser el berrinche presidencial y sus consecuencias que hicieron temblar a la Tierra, al darse a conocer que sólo sus dos ministras incondicionales, las mismas de ayer -Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel- votaron en favor de sostener la irregular e inconstitucional votación que el Congreso hizo al vapor de las modificaciones a la operación y presupuestos del Instituto Nacional Electoral. Incluso, Arturo Zaldívar se suscribió al fallo.

La consigna callejera llevó todas las de ganar: El INE -por ahora- no se tocó. Ya se prepara el Plan C y nos resta mucho abecedario.

El movimiento telúrico fue de 9 en la escala del voto judicial. Con el ministro Alberto Pérez Dayán como el ponente que descalificaba la legalidad del Plan B, se sumaron Margarita Ríos Farjat, Juan Luis González Alcántara y Luis María Aguilar, como también Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez y, por supuesto, la ministra presidenta Norma Piña. Nueve en total contra dos.

Este es el cuarto revés que la Suprema Corte le aplica a iniciativas presidenciales que van desde la Reforma Eléctrica, el nuevo INE, el rechazo a que la Guardia Nacional esté bajo el manto de la Secretaría de la Defensa y ahora el Plan B, segundo intento para someter al INE. Los cuatro rechazos a la voluntad presidencial en un año.

Eso sin contar con la negativa de la mayoría de los ministros para que el relevo del anterior presidente, Arturo Zaldívar, fuese una ministra incondicional del inquilino de Palacio  Nacional, como lo son Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, quienes siempre votan a favor del viento de Palacio Nacional. Con todo el rechazo, sumado al desprecio presidencial, la ministra Norma Piña fue electa presidenta del máximo organismo del Poder Judicial en México. Y a partir de ahí cambió la historia.

El presidente López Obrador, con su mayoría morenista en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, siempre estuvo confiado en poder sacar adelante todas sus propuestas legislativas. Máxime cuando sentía que contaba con Arturo Zaldívar al frente de la Corte.

Pero hoy, ese tribunal judicial, ratificado con su decisión de ayer lunes, se confirmó como el último reducto del equilibrio de los poderes en México. Ahí se frenan los ilegales caprichos presidenciales.

Y, sin duda, ahí se toparán muchas de las 21 iniciativas aprobadas en fast track, sin la lectura ni el debate exigido, para votar la desaparición del Insabi, del Conacyt, de la Financiera Rural y una enorme caja de regalos presupuestales para el Ejército, poderoso y opaco, entre otras cosas. Bajo los mismos argumentos con los que se rechazó el Plan B.

Con la decisión de ayer, la Suprema Corte de Justicia se muestra como el rostro digno para contener la autocracia desbordada, que se pretende forjar atropellando a la Constitución, aplastando al Estado de Derecho.

Sobre todo, en un sistema judicial en donde el Fiscal General de la Nación opera como simple instrumento, nada independiente, siempre al servicio del inquilino de Palacio Nacional.

Qué distinta la declaración del viernes pasado, en la que el Fiscal de Colombia, Francisco Barbosa, se vio obligado a ponerle un alto al presidente Gustavo Petro, quien al más puro estilo lopezobradorista pretendía darle instrucciones sobre cómo debía actuar el Poder Judicial.

La denuncia del fiscal colombiano sacudió a ese país, sobre todo, cuando el jefe del Poder Judicial acusó al presidente de dictador.

Sin duda, en México estamos lejos de un ejemplo similar de independencia con Alejandro Gertz Manero. Por ahora, baste saber que los mexicanos tenemos, en la Suprema Corte de Justicia, un dique de contención a cualquier ambición desmedida que brote de Palacio Nacional o del Congreso.

Alerta sísmica: ¿Caerá el presidente López Obrador en la tentación de disolver a la Suprema Corte “rebelde”, para quitarse de en medio lo que cree es el único obstáculo que frena su proyecto, más allá de 2024?

La justificación: “Si ya lo hizo en su tiempo el presidente priista, Ernesto Zedillo, ¿por qué yo no?”.