Alejandro Arcos fue asesinado después de una reunión con ‘Los Ardillos’

Alejandro Arcos fue asesinado brutalmente después de acudir a una reunión en la comunidad rural de Petaquillas, área de influencia de ‘Los Ardillos’, la facción criminal que disputa el negocio de extorsión y narcotráfico en Chilpancingo.

La información fue filtrada por el gobierno federal a medios de comunicación horas antes de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, se pronunciaran sobre el homicidio.

En la conferencia matutina del martes, García Harfuch confirmó que Arcos no salió vivo de esa reunión. Fue decapitado y su cabeza fue colocada en el cofre de un automóvil.

La brutalidad del crimen es parte de un mensaje que ‘Los Ardillos’ han utilizado en ocasiones anteriores para intimidar a funcionarios públicos. Fue el caso de Norma Otilia Hernández, la alcaldesa morenista de Chilpancingo que precedió a Arcos en el cargo y que fue captada en un desayuno con Celso Ortega, líder de esta organización criminal. El cártel colocó cabezas decapitadas sobre el cofre de un vehículo para reclamar a Hernández que jamás se llevó a cabo una segunda reunión para dar seguimiento a los acuerdos del primer desayuno.

Lejos de criminalizar a Arcos, la reunión que habría llevado a cabo con miembros del crimen organizado subraya una realidad que aún no es aceptada públicamente por el gobierno federal: en Guerrero, el poder de facto son los cárteles. La crisis refuerza la tesis del ex comandante en jefe del Comando Norte del Ejército de Estados Unidos, Glen Van Herck, quien argumenta que el 35 por ciento del territorio mexicano está bajo control de los cárteles.

La indiferencia del gobierno federal

¿En qué condiciones se llevó a cabo el encuentro de Arcos en Petaquillas? Sheinbaum ni García Harfuch aclararon las circunstancias. El secretario de Seguridad Ciudadana se limitó a decir que el alcalde perredista se adentró en una zona de peligro sin la compañía de sus escoltas. Además, negó que Arcos haya solicitado protección federal, pese a que el viernes, el alcalde le había dicho a Radio Fórmula que requería del apoyo del gobierno de Claudia Sheinbaum. “Los necesitamos para salir adelante”, declaró.

El asesinato de Arcos representa una grave falla de inteligencia del gobierno federal. Días antes del homicidio, también habían sido asesinados el secretario del Ayuntamiento y el futuro secretario de Seguridad Pública. A pesar de ello, la presidenta Sheinbaum dijo en la conferencia matutina del lunes que “Chilpancingo no aparece como uno de los municipios con el mayor número de homicidios”.

Si un alcalde en Guerrero no puede escapar de una reunión con un grupo criminal, eso implica que no hay condiciones gobernabilidad. A pesar de esta realidad, el gobierno de Sheinbaum se ha mantenido al margen de la situación: la Fiscalía General de la República todavía no atrae el caso del asesinato de Arcos y la presidenta ha ratificado la política de respaldo absoluto a la gobernadora Evelyn Salgado y a su padre, el senador Félix Salgado Macedonio.

Durante la debacle de seguridad del verano de 2023 que paralizó a Guerrero, Andrés Manuel López Obrador nunca consideró como potencial solución la salida de los Salgado del poder. El estado estaba consumido en llamas por el enfrentamiento entre ‘Los Tlacos’ y ‘Los Ardillos’, presumiblemente por el apoyo asimétrico de la familia en poder. Norma Otilia Hernández pagó el costo político. La alcaldesa fue expulsada de Morena por haberse reunido con Celso Ortega.

Acto seguido, en el proceso electoral de 2024, Hernández apoyó públicamente la campaña de Arcos y operó sus estructuras a favor del candidato de la oposición. Aunque la ex alcaldesa presumía cercanía con Arcos, en el funeral del alcalde quedó de relieve que la opinión pública culpa a Hernández del asesinato. Los asistentes le gritaron “asesina” y la obligaron a retirarse del sepelio.

En Guerrero se entrelazan la criminalidad y la política. Hasta ahora, el gobierno de Sheinbaum no ha mostrado voluntad para sacudir estas estructuras de interdependencia entre el poder legítimo y el poder de facto en el estado. Paradójicamente, García Harfuch es uno de los actores mejor posicionados para entender el mapa criminal de Guerrero: fue el jefe de la Policía Federal en la entidad y, durante los años de auge del Cártel de los Beltrán Leyva, mantuvo la propiedad de un popular centro nocturno en Acapulco.